Casi 1500 prófugos en casos de violencia de género y 13.000 por otros delitos en el Chaco

Con 24,64 por ciento, lo que representa 2166 denuncias, encabeza la última estadística, que está lejos de mejorar. Por este delito son alrededor de 1500 los prófugos en la primera circunscripción, los que se suponen deben ser buscados por la Policía o el Servicio Penitenciario Provincial si es que hubo juicio y condena.

El Chaco fue seleccionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para trabajar en conjunto en el abordaje de las violencias por razones de géneros. La elección de nuestra provincia se debe, según se indicó desde el gobierno, "al compromiso en la transversalización de la perspectiva de género y la implementación de políticas públicas para la igualdad".

O sea, el plan de la ONU pretende definir una ampliación y profundización de las políticas en la materia. Lo que se difundió días atrás desde las esferas oficiales como un gran logro para la agenda pública no condice con la estadística que reduce a números los vaivenes en la prevención y erradicación de la violencia de género, que se pregona desde el Estado, en razón de la falta de recursos humanos y materiales que se evidencia en las Fiscalías de Violencia de Género 4, 5, 9 y 11, mismas que se ven abarrotadas por el cúmulo de denuncias.

Pero la fragilidad del sistema empeora cuando sabemos que 13.000 personas en conflicto con la ley circulan libremente pese a tener cuentas pendientes.

Aquí nos abocamos únicamente a la situación que atraviesan las fiscalías en temática de género a cargo de Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez, Daniela Meiriño y Noelia Encina respectivamente, con sede en la capital chaqueña.

Al momento de esta columna, entre las cuatro fiscalías se tramitaban en seis meses de 2022, 1600 expedientes.

"Hemos identificado que el Chaco cuenta con condiciones que la hacen un territorio apto para el desarrollo de los estudios previstos dado su compromiso con la autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género. No solo cuenta con un presupuesto con perspectiva de género, sino que existe la Dirección Provincial de Economía, Igualdad y Género, lo cual es un gran avance institucional", afirmó la directora Regional Adjunta y Representante de Argentina, Cecilia Alemany, cuando con bombos y platillos se anunciaba la decisión de ONU de elegir el Chaco para trabajar en políticas contra la violencia de género.

Lo que se sanciona no entra en vigencia

Debe decirse que la Cámara de Diputados aprobó a finales del año pasado una ley de creación del Observatorio Provincial contra las Violencias en razón de Género, para recopilar, analizar y comunicar información sobre violencias de género y femicidios y en este marco los asumirá "como procesos complejos y multicausales que requieren de un abordaje integral e interdisciplinario, contemplando tanto factores individuales, familiares, sociales, políticos y culturales".

La ley número 3496 H establece que la autoridad de aplicación será designada por el Ejecutivo, quien a su vez convocará a representantes de los poderes Legislativo y Judicial y/u organismos o personas especializadas en la temática. Pasados varios meses, sobre esta legislación que obliga al gobierno disponer de un presupuesto y gente idónea para el montaje del Observatorio sigue durmiendo el sueño de los justos.

Fiscalías sobrepasadas

Aquí, los fiscales más arriba mencionados, como sucede con los de investigaciones por otras modalidades, como así los que tramitan causas que luego son elevadas a juicio por jurados, afrontan situaciones adversas.

Si bien los Equipos Fiscales en Violencia de Género, luego de una larga espera, pudieron completar hace un par de meses sus plantillas con siete empleados en cada unidad, para las cien audiencias por mes que atienden Cáceres Olivera, Meiriño, Encina y Velázquez, esa cantidad de personal resultan insuficientes para lograr mantener la investigación al día.

El cuadro se pone más gris aún, cuando se repasa el total de los fugitivos que han sido denunciados por violencia de género. Desde 2016 a la fecha, hay exactamente 1433 prófugos únicamente contando los que pertenecen a los estrados de la primera circunscripción, lo que hace suponer que en la provincia la cifra se proyectaría a unos 2000 prófugos.

¿Cuántos son los buscados por homicidios, robos, abuso sexual, estafas, etcétera? Un total de 13.000.

"No sé qué hace la Policía para buscarlos y detenerlos, nosotros enviamos el oficio a Antecedentes Personales, pero por lo general caen en un control vehicular, o cuando van a ver un partido de fútbol de importancia como Chaco For Ever o Sarmiento, y en otros casos porque cometen un hurto o robo", se limitó a decir a NORTE una fuente consultada.

Debe saberse que el último informe elaborado por la Oficina de Política Criminal arroja 2166 expedientes por violencia de género (24,64%), convirtiéndose en la "modalidad" de mayor índice en el mapa situacional que anualmente confecciona el Ministerio Público Fiscal.

En 2021 se cometieron en el Chaco doce femicidios, y cuatro este año. Pero desde el 2013, son 118 crímenes de mujeres. ¿De los 1433 prófugos cuantos pueden convertirse en femicidas?

La Policía del Chaco está superada y con faltantes también en sus filas. No hay una unidad abocada específicamente a la captura de los violentos y los 13.000 por otros delitos, porque no se destina inversión desde el Estado para suplir esa falencia a fin de evitar un femicidio y garantizar la seguridad pública que la ciudadanía requiere.

El debate que se viene: ¿es oportuna una reforma judicial?

Mientras se impulsa una reforma del Código Procesal Penal del Chaco, con una comisión que está en plena consulta con operadores de la justicia y académicos, resuena la pregunta de si es momento para un cambio en el sistema, donde se modificará, entre otras cuestiones, la facultad de los fiscales en el dictado de la prisión preventiva para dársela a los jueces de Garantías, cuando el andamiaje judicial todavía no dispone del presupuesto del Ejecutivo Provincial para poner en marcha lo que ya se ha creado: Fiscalías de Investigaciones Rurales (una con asiento en Machagai y otra en General San Martín).

El Chaco también cuenta con juicios por jurados desde 2019. Mendoza, Córdoba, Neuquén, por citar algunas de las diez provincias que usan el modelo, triplicaron el número de fiscales de Cámaras e instrumentaron el Colegio de Jueces, sumando a jueces de Garantías y Correccionales para ser parte del proceso que establece la participación de doce civiles (seis hombres y seis mujeres) en un jurado popular.

En la capital chaqueña, únicamente hay tres magistrados disponibles para juicios por jurados cuando son más de 140 causas esperando llegar a debate, donde se teme que algunas queden en el camino por el paso del tiempo y la indefectible prescripción de las mismas.

Quiere decir que la evolución constante de delitos deriva en más encausados, pero con la falta de jueces y fiscales, es sombrío el escenario ya que por mes se hacen solamente dos juicios por jurados en Resistencia.

Mayor será el problema cuando en agosto se habilite en Sáenz Peña, Villa Ángela y Castelli, donde en el interior el déficit es doblemente exponencial.

Memorial por Amanda Encaje y Néstor Vivo

El 8 de abril de este año se inauguró en Resistencia un memorial que recuerda a Amanda Encaje y Néstor Vivo, víctimas de un doble homicidio que conmovió a todo el Chaco exactamente tres décadas antes, en la misma fecha de 1992.

El ingeniero de la empresa Supercemento y una de las secretarias de la misma compañía fueron asesinados a golpes en la vivienda situada en avenida Paraguay 787, donde se realizaban refacciones para que allí funcionaran oficinas de la firma constructora.

Encaje y Vivo, aproximadamente a la una de la tarde de aquel día, acudieron a ese lugar para observar la marcha de los trabajos. En algún momento fueron sorprendidos por sus asesinos, que los redujeron y mataron.

La justicia del Chaco nunca esclareció el caso ni mostró voluntad de hacerlo. Por eso motivo, luego de que el expediente penal fuera archivado por prescripción, los hijos de Amanda denunciaron la denegación de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos que dictaminó que, efectivamente, el Poder Judicial de la provincia no había investigado adecuadamente el crimen.

Eso obligó al Estado provincial a un acuerdo con los familiares de Encaje, que desistieron de reclamar una reparación económica y, en cambio, sí exigieron medidas que reduzcan las posibilidades de situaciones de impunidad como la sufrida por ellos.

Entre los compromisos asumidos por la provincia está la creación de una defensoría para las víctimas o sus familias y protocolos adecuados para la investigación de crímenes como el del ’92.

Además, se acordó la construcción de un memorial que recuerde a las víctimas. Ese espacio fue inaugurado en abril pasado y está ubicado en el parterre de la avenida Paraguay, frente a la vivienda en la que se cometió el doble homicidio.