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Concluyó el juicio por la verdad sobre Napalpí

Tras un mes exacto, terminó el pasado 19 de mayo el histórico Juicio por la Verdad sobre la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924 en la reducción indígena de Napalpí, hoy Colonia Aborigen, uno de los sitios creados por el Estado durante la gobernación de Centeno para concentrar a las poblaciones indígenas y explotarlas como mano de obra barata.  

El fallo declara que la masacre constituye un crimen de lesa humanidad, cometido en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas, sentenciando al Estado como responsable de la "planificación, ejecución y encubrimiento" del homicidio "agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal" contra las comunidades originarias.

La lectura del fallo, en la última audiencia del juicio que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Resistencia, estuvo a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger, acompañada por Néstor Díaz y Victorio Ramírez, dos intérpretes indígenas que tradujeron sus palabras en simultáneo a las lenguas qom y moqoit.

Tras la lectura, no hubo algarabía; la emoción y el silencio coparon el auditorio colmado de referentes de todos los sectores, investigadores, familiares, testigos, periodistas, funcionarios del Estado provincial, estudiantes y docentes, y el equipo de la Fundación, que soñó y puso manos a la obra para dar continuidad a la investigación a la que Juan Chico había dedicado gran parte de su vida. Lo mismo ocurrió en el exterior, donde una multitud acompañaba la histórica audiencia.

El Juicio por la Verdad comenzó el 19 de abril, y con el propósito de maximizar el involucramiento de la comunidad, las audiencias se realizaron en el auditorio de la Casa de las Culturas de Resistencia, en Machagai y en Buenos Aires. Los querellantes fueron la Secretaría de DDHH y Géneros y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). Durante el debate, se escucharon las voces de 46 testigos, entre sobrevivientes, sus descendientes y especialistas que realizaron investigaciones sobre la masacre.

Sobre los juicios por la verdad

"Los juicios por la verdad buscan ofrecer a las víctimas la posibilidad de que tengan espacio para que su verdad sea visibilizada, oída públicamente, y por ende tengan gran repercusión", expresó la jueza Niremperger el día después de concluido el juicio. 

Los Juicios por la Verdad no tienen como finalidad la sanción penal, dado que las personas involucradas directamente ya no existen físicamente, por lo que es difícil establecer responsabilidades concretas individualizadas que den lugar al castigo penal. Por ello, se busca ofrecer una mirada sobre las víctimas, con el objeto de que sean escuchadas, que se conozcan su historia, sus sentimientos, las consecuencias de los hechos, la posibilidad -como dicen los tratados internacionales- de un juicio justo. Desarrollar el debido proceso que les permita contar su historia, determinar a los responsables y esclarecer de qué modo los hechos sucedieron, una forma de reivindicación. La sentencia es una parte de la reparación y la otra es el proceso en sí, donde las comunidades pueden ser vistas por el resto de los indígenas y escuchadas en su sentir, en cada audiencia.

La jueza destacó que durante la investigación se sorprendió por lo que consignaban los archivos históricos, dado que reflejaban el accionar del Estado de manera contextualizada y durante mucho tiempo. "Esto implica pensar que aquí no hay un solo responsable y un solo perjudicado, ya que esto afecta a toda la Humanidad en su más íntima expresión y no podemos permitir que vuelva a ocurrir".

"Todos tenemos algo para aportar y en la medida que lo podemos entender todo será más maravilloso. Este juicio nos da mucha esperanza, porque uno puede multiplicar ideas para conformar una verdadera historia, eso es muy positivo y valioso", expresó Niremperger.

El proceso de Memoria Verdad y Justicia 

El Fiscal Diego Vigay expresó que "lo ocurrido con este proceso judicial ha ampliado los contornos de lo que es el proceso de Memoria Verdad y Justicia en la Argentina, ya que hasta el momento sólo se habían juzgado crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. En este caso se está ampliando a lo que fue el genocidio indígena, con una masacre emblemática en el Chaco". 

"Hoy, a raíz de todas las investigaciones y el valioso aporte del relato las víctimas y de las declaraciones de los familiares, que contenían información muy valiosa producto de la narración oral de los ancianos, sumado a las investigaciones de los académicos, se han podido reconstruir todas las piezas que permitieron demostrar cómo sucedieron los hechos y aseverar fehacientemente que esa masacre constituye un crimen de lesa humanidad, por lo cual deberán llevarse adelante, a partir del fallo, medidas reparatorias en los marcos de lo que es un proceso de estas características, que al no tener imputados vivos, implica la responsabilidad del Estado nacional de reconstruir la memoria histórica de nuestro país y nuestra provincia, que también hace a una redignificación de las víctimas de los pueblos indígenas que siempre han sido estigmatizadas y excluidas. Este juicio ha demostrado que la barbarie estuvo del lado del Estado argentino, lamentablemente".

Ante la pregunta de algunos acerca de por qué este juicio se realizó ahora, Vigay expresó que "La Argentina está llevando adelante un proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, reconocido a nivel mundial, y ese avance de la Justicia Federal, que es la que lleva este tipo de procesos, es lo que permite que hoy se realice un juicio de esas características".

La sentencia

Tal como lo expresó Alejandro Jasinski, "En la sentencia, la jueza captó bien la demanda específica de la fiscalía y las querellas. Reconoció el carácter reparatorio de varias medidas tomadas por el Estado chaqueño desde 2008 y ordenó algunas en el mismo sentido, como la de publicar y difundir el juicio a nivel nacional e internacional, incorporar el tema en la currícula en las escuelas, terciarios y universidades, realizar desde el Estado nacional un acto público de reconocimiento de responsabilidades, y capacitar a las fuerzas federales y provinciales en temática de derechos humanos de los pueblos indígenas".

Asimismo, se exhortó al Estado nacional a implementar un "plan de políticas públicas de reparación histórica" y a "fortalecer las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia", lo que implicaría en primer lugar reimpulsar el plan nacional contra la discriminación de los primeros tiempos del kirchnerismo. Por otro lado, exhortó también a crear espacios de investigación para que docentes e investigadores indígenas puedan desarrollar estudios y elaborar materiales de difusión sobre sus historias.

Reconocimiento a la Fundación Napalpí

Los representantes de la Fundación Napalpí celebraron este logro colectivo destacando el compromiso de todo el equipo que viene trabajando desde hace años y pudo concretar lo que se les ha sido confiado. Al respecto, David García señaló: "Todos  los integrantes de la Fundación colaboraron en este camino, que fue visibilizar lo ocurrido y devolverles la voz a los pueblos qom y moqoit, silenciados por casi 100 años. Juan Chico nos confió algo inmenso y el grupo puedo sostenerlo, levantarlo en alto para llegar juntos a este resultado que ha sido confirmación por parte de la Justicia Federal de que la Masacre de Napalpí fue un crimen de lesa humanidad en el contexto de genocidio de los pueblos indígenas".

Analía Noriega y Gabriela Morínigo, incansables y comprometidas compañeras de camino de Juan y Sergio López, actual presidente de la Fundación, estuvieron en el desarrollo de toda la investigación y la preparación del juicio. Ellas puntualizaron que "todo el equipo de la Fundación ha dejado horas de sueño en este tiempo para acompañar las innumerables tareas referidas al Juicio por la Verdad, sin descuidar cada uno de los compromisos que esta Fundación tiene junto al sistema educativo de visibilizar la cultura y construir Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía en la sociedad chaqueña".

"Es todo un equipo que está respaldando el trabajo de Juan, son muchos los que continúan su legado con el mismo compromiso en la lucha iniciada. Que hoy ya nos compromete a mirar para adelante, para trabajar en la concreción de cada punto establecido en la sentencia. Queremos reconocer a este equipo que se jugó por completo por la causa", concluyeron tras la sentencia.

Vientos de esperanza 

La secretaria de DDHH del Chaco, Silvana Pérez, destacó que "Cuando nos conocimos con Juan Chico hablamos largamente sobre el Juicio de Napalpí, trabajamos mucho juntos en el proyecto de la Secretaría, en la necesidad de ampliar el concepto de DDHH a mujeres, diversidades, a pueblos indígenas, y decidimos embarcarnos en la preparación de este Juicio".

La funcionaria aseveró que "Además de la emoción, sentí en el cuerpo todo lo que significaba que DDHH aloje, reconozca y tome como principio la Masacre, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio indígena, para empezar a hablar de un montón de vulneraciones de DDHH existentes incluso hoy. Sentí una enorme responsabilidad, y hoy siento una sensación del deber cumplido, por haber dado todo haciendo en relación con lo que creo y lo que colectivamente creen muchos compañeros y compañeras, y sobre todo en función de lo que necesita la comunidad indígena". 

Pérez comentó que "en la primera audiencia  sentí muy fuerte la ausencia de Juan, y aunque la sigo sintiendo creo que a lo largo de cada audiencia esto tomó un sentido propio, y siento que es un compromiso de todos y de todas poder continuarlo. Aquí hoy se sienten vientos de esperanza".

"A pesar de que es una historia triste, se hizo justicia"

Con profunda emoción, la lideresa indígena Elizabeth Gonzalez, quien acompañó todo el proceso manifestó: "Hoy con mucho dolor pero también con un poco de satisfacción poder estar cumpliendo, quizás no solo el sueño de aquel joven que en espíritu nos acompaña y es nuestro hermano Juan Chico, sino de un pueblo. Poder decir que nuestros pueblos indígenas han sufrido esta masacre, y que trabajamos para que pueda cesar todo tipo de injusticia que hoy día sufrimos. Esta es una luz de esperanza que tenemos para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan contar y decir que a pesar de que es una historia triste, se hizo justicia".  

Carta de la Red de Comunicadores Indígenas

Los integrantes de la Red en todo el país se expresaron tras el fallo, recordando a Juan Chico:

"La magnitud histórica del proceso judicial llegó a ser noticia en diferentes partes del mundo, algo que constantemente transmitías porque estabas seguro y sabías que la matanza de los qom y los moqoit en 1924 fue un crimen de lesa humanidad".

"Recorrimos el monte y las ciudades donde nos acompañaste, sentimos tu energía en cada momento, fue una tarea que había que hacer y lo logramos gracias al encuentro con compañeras y compañeros a los cuales también les marcaste el rumbo a seguir y lo hicieron convencidas y convencidos, tanto como nosotros".

"Juan, hermano, amigo, compañero, compinche... ¡Juan! Escuchamos tu voz, vimos tu rostro, te vimos en el rostro de tus hijas, en sus ojos. Les contamos todo lo que hiciste por la comunicación indígena, creímos que debían saberlo y así fue".

"No mentiremos al decir que el día de la lectura de la sentencia sentimos mucha alegría, por el logro y la verdad de lo que sucedió el 19 de julio de 1924. También sentimos tu ausencia, la que faltó quizás para que la victoria sea completa, aunque te pensamos apretando fuertemente el puño y sabemos que también celebraste, jefe".

"Terminó una etapa y se abre otra. Ahora debemos lograr que la reparación histórica sea un hecho, hay mucho trabajo por hacer y mucho por mostrar. Estamos satisfechos por haber cumplido con el mayor de tus objetivos, aunque sabemos, quedan muchas batallas por dar".

"Como alguna vez dijiste, preferimos reivindicarte en cada acto realizado y en cada desafío que juntos nos propusimos, esos que todavía debemos concretar".

"𝙃𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙞𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚, 𝙅𝙪𝙖𝙣! ¡𝙨𝙚 𝙝𝙞𝙯𝙤 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙞𝙖!"

El premio "Mario Bosch" en DDHH

El miércoles 1° de junio el Legislativo provincial, en el marco de la conmemoración del Día Nacional y Provincial de la Lucha Contra la Violencia Institucional (Ley 2131-E) reconoció como merecedoras de la edición 2022 del premio en DDHH  "Mario Bosch", de manera post mortem, a las víctimas de la Masacre de Napalpí, y en doble premiación, también se reconoció a Analía Ojeda, madre de Diego Emmanuel Barreto, joven de 25 años muerto en custodia de la policía de la Provincia del Chaco.

La postulación de las víctimas de la masacre de fue propuesta por la Fundación Napalpí, considerando que "las distintas voces de sobrevivientes, investigadores y familiares de Napalpí que fueron parte del Juicio por la Verdad demostraron lo que se confirmó en el fallo: "Que la Masacre constituye un crimen de lesa humanidad, cometido en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas, sentenciando al Estado como responsable de la planificación, ejecución y encubrimiento del homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal en 1924 contra comunidades originarias de la provincia".

Simbólicamente, recibió el premio Sabino Irigoyen, hijo de Melitona Enrique, la sobreviviente que en 2008 recibió el pedido de perdón por parte del Estado provincial por lo ocurrido en Napalpí, y cuyo testimonio fue de suma relevancia en el Juicio por la Verdad.

Durante el acto, Sabino manifestó "Que este premio es muy importante y lo recibo con mucha emoción. Hoy para nosotros esto tiene mucho significado, ya que es una verdad demostrada la Masacre de Napalpí, tal como lo contaba mi madre y esto reivindica lo ocurrido allí".

Por su parte, David García, en representación de la Fundación Napalpí, expresó que "este premio es un eslabón más de una larga lucha que nos permite honrar a nuestros hermanos, así como también constituirse en una herramienta más que suma a la difusión y visibilización de los pueblos indígenas y su causa".