Una realidad que preocupa
"Las organizaciones que operan al margen de la ley, en no pocas oportunidades ostentan mejor logística y mayor poder económico que las propias organizaciones de seguridad del Estado Argentino", dijo hace pocos días en un foro sobre narcotráfico que se realizó en Rosario, el juez federal Miguel Ángel Guerrero, de Eldorado, Misiones.
En ese ámbito, el magistrado instó a adoptar medidas para evitar que en diez años la Argentina "tenga un problema muchísimo más grave" que los que actualmente generan las bandas narcocriminales en Rosario. El juez Guerrero fue uno de los expositores en el encuentro nacional de jueces federales que se llevó a cabo en la segunda semana de este mes en la ciudad de Rosario con la presencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se abordó la situación actual de la investigación y el juzgamiento de los delitos por narcotráfico.
Su testimonio, aunque breve, fue el que reflejó con mayor realismo un flagelo que se extiende como una mancha de aceite por toda la región: se refirió, concretamente, al avance en la zona de la Triple Frontera de grupos delictivos trasnacionales vinculados al lavado de activos, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de drogas.
Apenas unos días antes del encuentro de magistrados en Rosario, el fiscal antidrogas de Paraguay, Marcelo Pecci, había sido asesinado en Colombia, país que todavía sigue siendo uno de los mayores proveedores de cocaína a escala global.
Guerrero, en su mensaje ante jueces federales de todo el país, dedicó unas palabras de homenaje al funcionario paraguayo fallecido y recordó que el mes pasado se había reunido con él por la causa que involucra al clan Barakat, una organización que fue acusada de lavado de dinero y financiación de la organización Hezbollah.
El juez de Eldorado reveló que Pecci había aportado información valiosa para ese expediente que se tramita en su juzgado, que tiene competencia sobre la zona de la Triple Frontera, hasta tanto se habilite el Juzgado Federal de Puerto Iguazú.
Según Guerrero, la oficina a su cargo tiene 27.000 causas en la Secretaría de Ejecuciones Fiscales, 13.000 en la Secretaría Penal y 10.000 en la Secretaría Civil, pero el personal que debe lidiar con toda esa carga se limita a 22 personas. Pero eso no es todo: se trata de un juzgado federal multifuero pensado para el año 1985 y habilitado en 1988. En su primer año de funcionamiento tramitó en las dos secretarías que por entonces tenía 300 expedientes.
Actualmente solo en la Secretaría Penal de ese tribunal ingresan 1300 expedientes por año, de acuerdo a lo que explicó el juez misionero que, junto a sus colaboradores, tienen en sus manos causas muy complejas, como la ya señalada que involucra al Clan Barakat y el lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar de la Triple Frontera. Los datos que reveló el magistrado deben ser un llamado de atención para las autoridades de todo el NEA.
Solo en los tres primeros meses de este año se secuestraron en la jurisdicción a su cargo más de 45 toneladas de marihuana, 10 mil pastillas de la droga de diseño conocida como MDMA, 180 kilogramos de cocaína, y más 335 millones de pesos en mercadería en infracción al Código Aduanero.
"Todo ese caudal de causas es gestionada por una estructura judicial que se diseñó y se planificó para una realidad del año 1985", observó Guerrero para advertir que "la abrupta irrupción de organizaciones violentas con trágicas historias en los Estados vecinos, asociadas a grupos locales vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos con fines de financiamiento del terrorismo, el contrabando, el tráfico y trata de personas" conforman una nueva realidad de ese juzgado.
Otro dato, proporcionado por el mismo juez, confirma el avance de peligrosas organizaciones criminales en la región: nueve personas detenidas en los últimos 45 días corresponden a expedientes de extradiciones internacionales. Se trata de personas que registran alertas rojas, con capturas ordenadas por jueces federales y locales de Brasil vinculados a la delincuencia organizada trasnacional.
Todas las alertas rojas vinculan a esos nueve detenidos con organizaciones delictivas que operan en Brasil, como el Primer Comando de la Frontera, el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho y Bala na Cara. El mensaje del juez misionero no debe caer en saco roto. Es necesario que el problema del avance de organizaciones criminales en la región ocupe un lugar central en la agenda de políticas públicas.
