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Ratifican la ilegalidad de Uber en Resistencia

A choferes que operaban mediante la aplicación les secuestraron l os vehículos. Los tres  casos fueron hace un puñado de meses.

El Municipio de Resistencia recordó que en la capital chaqueña no se encuentra habilitado el servicio de traslado mediante la aplicación Uber, en razón de que difundió el fallo de la jueza Silvana Morante, que rechazó la apelación que realizaran los propietarios de tres vehículos secuestrados cuando actuaban con esta plataforma a una sentencia en contrario de la magistrada de Faltas Matilde Campias.

La Municipalidad de Resistencia rastreó, detectó y procedió a la formal incautación de varios vehículos que actuaban ilegítimamente bajo esta plataforma.

En síntesis, se confirmó el procedimiento municipal como agente de control en el ámbito de la ciudad en lo referido al tránsito y al transporte. Desde la Comuna indicaron que el subsecretario de Transporte, Luis Cabrera, había avisado que Uber "no se hace cargo de las multas de aquellos que se habilitan en la aplicación", y agregó que "todos aquellos que se den de alta corren el riesgo inminente de sufrir multas y el secuestro de la unidad".

Asimismo, la Municipalidad de Resistencia rastreó, detectó y procedió a la formal incautación de varios vehículos que actuaban ilegítimamente bajo esta plataforma, por lo que varios choferes presentaron recursos de apelación.

Los apelantes pretendían que el Municipio indemnizara por el secuestro argumentando que a la gestión comunal no le correspondía dicho accionar, ya que no había legislación ni prohibición al respecto.

Sobre el fallo, Cabrera sostuvo que "esto confirma todo lo que se viene haciendo en materia de Uber", y finalizó diciendo que "en el ámbito de la ciudad es la Municipalidad de Resistencia quien tiene competencia".

Las incautaciones de estos coches por el uso de esta herramienta digital cuestionada en varias partes del mundo se habían dado hace al menos unos tres meses y por ello los dueños de los vehículos debieron abonar tanto los honorarios judiciales como las multas y un monto en dinero para poder recuperar el vehículo que estaba alojado en el corralón municipal.