Frenar el avance del narcotráfico
La venta y el consumo de estupefacientes que provocaron la muerte de al menos 20 personas y dejaron un saldo de 74 internados en grave estado en la provincia de Buenos Aires se suman al brutal crimen de una beba de un año y de sus padres procesados en causas por narcotráfico ocurrido a la salida de una boda celebrada cerca de Rosario.
En uno y otro caso, los hechos revelan que la lucha del Estado contra las organizaciones narcocriminales está muy lejos de arrojar los resultados que la ciudadanía espera, más allá del secuestro esporádico de sustancias.
"Es necesario contener el fenómeno. La meta de una sociedad libre de drogas es irrealizable y peligrosa. La contención no es sinónimo de derrota sino señal de realismo. Se trata de reducir el avance y atenuar el impacto del narcotráfico", observa Juan Gabriel Tokatlian, autor del libro "Qué hacer con las drogas. Una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados".
Oportunismo político es, justamente, lo que no faltó en las últimas horas con las declaraciones realizadas por figuras rutilantes de la oposición al gobierno nacional que, hablando para la tribuna, afirmaron que las muertes por cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires son la consecuencia de políticas públicas débiles contra el narcotráfico.
En rigor, no es que estén equivocados. Lo que pasa es que no opinaron lo mismo cuando en abril de 2016 cinco jóvenes murieron por consumir drogas en una fiesta electrónica que se realizó en el predio porteño de Costa Salguero. En su libro, publicado en 2017, Tokatlian cita al criminólogo estadounidense Peter Reuter cuando observa que modificar una política antidrogas vigente no es para nada algo sencillo, "pues se combinan temor ciudadano, inercia burocrática y susto político: dicho con otras palabras, el recelo de la sociedad al cambio; la rutina del funcionario que no procura innovar; y el pánico de los políticos a perder adeptos refuerzan la continuidad de visiones y prácticas punitivas". Frente a esa realidad, propone que el objetivo esencial de una mirada y una praxis alternativas sea "avanzar mediante reformas incrementales, razonables y sostenibles".
"Para esto resultan indispensables dos tareas. Por un lado, acordar un conjunto básico de principios, entre ellos fortalecer el Estado e incrementar y mejorar sus capacidades civiles. A menor Estado, más criminalidad organizada o desorganizada. Un Estado debilitado se convierte, en el mediano plazo, en un Estado cautivo del poder narco. En cambio, un Estado dotado y apto desarrolla políticas públicas sólidas y sostenibles, en especial hacia la delincuencia, esté o no ligada al negocio de las drogas", plantea Tokatlian.
Propone, además, dejar de formular declaraciones grandilocuentes que solo buscan generar titulares, con promesas de mano dura que apuntan a tranquilizar a los que creen que los problemas extremadamente complejos de la sociedad se solucionan con frases impactantes, prohibiciones y estructuras represivas.
Aconseja que, en lugar de aplicar esa vieja receta que responde más a la necesidad de "hacer algo" pero que no resuelve la inseguridad ciudadana, es necesario actuar con realismo y centrar los esfuerzos en fortalecer las herramientas del Estado para sacar la problemática del ámbito penal y colocarlo bajo las órbitas de las áreas de salud y educación, sin descuidar el control del lavado de activos, además de monitorear toda la cadena productiva, desde la demanda hasta la oferta a fin de cortar las principales vías a través de las cuales se nutre el crimen organizado.
Tokatlian sostiene que es un error abordar el fenómeno del narcotráfico solo como una guerra, con todo lo que ello implica, incluso con la definición de un enemigo.
Es que esa estrategia, recuerda, ha dejado en los países en los que se ha aplicado un importante número de muertos y consecuencias nefastas para la población civil, sin resolver el problema de fondo. Por otra parte, señala que avanzar con reformas graduales, contención o la formulación de regulaciones especiales no debe ser interpretado como una derrota del Estado frente a las organizaciones criminales, sino como un signo de realismo.
Es necesario desarticular las organizaciones narcocriminales con medidas que no busquen solo la foto para los medios, sino que se apoyen en un diagnóstico más realista que describa lo que rodea a este verdadero flagelo para la sociedad.
