La marcha contra la Corte es un ataque a la democracia
El 1° de febrero está convocada una marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo objetivo declarado es "exigir" la renuncia de los jueces del tribunal, lo que se desprende de las manifestaciones realizadas por el dirigente kirchnerista Luis D’Elía, "echarlos a patadas para que se vayan y no vuelvan nunca más" porque están "al servicio de Macri, Magnetto y la Embajada de los Estados Unidos".
Es sabido, que de acuerdo a la Constitución Nacional, los jueces de la Corte solo pueden ser removidos de sus cargos mediante el proceso de juicio político, en el cual la Cámara de Diputados cumple la función de acusar y el Senado la de juzgar, y en el cual tanto la acusación como una eventual resolución de remoción demandan una mayoría agravada de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara.
Para este proceso, la Constitución exige la existencia de una causa concreta, que puede consistir en mal desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones o un crimen común. Pero, nunca lo puede ser el hecho del desacuerdo con los fallos de la Corte o con el criterio de sus jueces expresados en las sentencias.
Los jueces, al igual que el presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo y los legisladores, tienen la potestad de renunciar a sus cargos, pero está claro que para ser válida la renuncia debe ser un acto libre y voluntario, es decir todo lo contrario a una determinación tomada por presiones externas.
La marcha convocada por el kirchnerismo, tiene el claro propósito de presionar a los jueces de la Corte para desgastarlos, someterlos a la presión pública, hacerlos ver como pretendidos enemigos del pueblo, cultores del lawfare o perpetradores de acciones políticas, obligarlos a renunciar y asi lograr desplazarlos de sus cargos.
Se pretenderá disfrazarla como una movilización convocada y protagonizada por la sociedad civil en uso del derecho de expresarse y peticionar ante las autoridades. Pero eso es una falacia, ya que esta marcha ha sido gestada, avalada y promovida por altísimos funcionarios del gobierno, como el viceministro de Justicia y el propio Presidente de la Nación, quienes se han expresado públicamente a favor de la misma, violando con ello, el principio constitucional de división de poderes.-
Concretamente, lo que se pretende es remover a los cuatros jueces que son la cabeza de uno de los poderes del Estado presionando con todo el aparato estatal y sindical para forzar sus renuncias.
Es por ello, que los diputados nacionales del bloque de la Coalición Cívica Ari han denunciado ante la OEA, la existencia de " actos que constituyen violaciones a los elementos esenciales de la democracia representativa" contenida en la la cláusula de defensa del orden constitucional que incorporó como artículo 36 la reforma de 1994 con la memoria fresca de la sucesión de interrupciones democráticas habidas desde 1930 en la historia de nuestro país.
El Partido Coalicion Civica Ari Chaco ratifica que la marcha convocada por el oficialismo, contra la Corte Suprema, es un ataque a la Democracia y a una de las instituciones de la Republica, violando la independencia del Poder Judicial.
(*) La autora es presidente de la Coalición Cívica Ari Chaco y exdiputada nacional.
