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Una década de creación del área de investigación especializada

Fiscalías Rurales: por cuestiones operativas, se demora otro año más su implementación

SÁENZ PEÑA (Agencia) – Las productores agropecuarios de la provincia tendrán que esperar otro año el accionar de las fiscalías rurales, creadas hace diez años y que aún no se hacen efectivas, aunque desde el Ejecutivo provincial se había anunciado su inminente puesta en marcha.

"Las fiscalías rurales son un hecho, pero hay cuestiones operativas en el medio que impiden su inmediata activación", reconoció Gerardo Stancheff, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco. Sin perder el optimismo, el funcionario consideró que "seguramente en el inicio del 2022 estaremos próximos a inaugurarlas".

Las demoras “operativas” están relacionadas con “los concursos para designar los funcionarios judiciales y el presupuesto”.

En la crónica de la década de espera, es de mencionar que en los finales del mes de agosto de este año, el gobernador Jorge Capitanich había comunicado la puesta en funcionamiento de dos fiscalías rurales y ambientales: una Machagai y otra en General San Martín, a fin de "cuidar el esfuerzo de la familia productora ganadera". En esa oportunidad también se informó la instalación de 20 cámaras – campo en los caminos rurales de las zonas donde se detectó mayor incidencia delictiva, lo que implicaría una inversión de 22 millones de pesos por parte del Estado, con la adquisición además de cien equipos de GPS en móviles policiales rurales.

LENTITUD OPERATIVA

Lo cierto es que, desde la cartera de Seguridad, indicaron que se han dado instrucciones para que Economía transfiera la partida presupuestaria correspondiente al Superior Tribunal de Justicia, "lo cual es una cuestión operativa que deben superarla entre el STJ y el Ministerio Público Fiscal para que se concreten las fiscalías y se concursen los cargos". "Las gestiones siguen firmes y queremos llevar la tranquilidad a los productores de que no fue un simple anuncio, sino que serán una concreción", afirmó Stancheff.

La larga espera de los chacareros, especialmente el sector ganadero, tenía el anhelo de que finalizara antes del período del mes de fiestas, un período en el que el delito rural tiende a incrementarse. "Claramente nosotros, desde el Ministerio de Seguridad, queríamos lo mismo pero hay cuestiones operativas, que van más allá de la buena voluntad de los poderes Ejecutivo y Judicial que no permiten inmediatamente las fiscalías", justificó el subsecretario de Relaciones Institucionales.

Las demoras "operativas" están relacionadas con "los concursos para designar los funcionarios judiciales y el presupuesto" destinado a la puesta en marcha de las dependencias de investigación de delitos rurales y ambientales.

FISCALES ESPECIALIZADOS

En referencia a la designación de los responsables de los cargos, vale indicar que "se nombrarán por concurso para que ocupen definitivamente el lugar, pero habría que esperar lo que determina el Ministerio Público Fiscal para saber si podría darse un inicio con fiscales subrogantes".

El lunes, en General San Martin, se hizo una reunión por la futura puesta en funcionamiento de la fiscalía rural, con presencia de productores , autoridades de los Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y policía rural

"El compromiso que se asumió, y el objetivo que buscamos realmente, es el de tener fiscales y ayudantes de fiscal especializados en delitos rurales y ambientales,  porque si esto no ocurre tampoco tendrán efecto positivo las fiscalías", explicó Stancheff. En este contexto añadió que "se deben realizar los concursos para designar gente idónea en los cargos, para que el accionar de las dependencias judiciales tengan resultado positivo y se logre así disminuir el delito rural".

FRACASADA EXPERIENCIA

En la experiencia de la eterna previa de las fiscalías, en el período de la gobernación de Domingo Peppo, se habían designado ayudantes rurales del fiscal ordinario, lo que hasta el momento no resultó fructífero.

"Se piensa que la materia rural y ambiental no es tan difícil, pero hay cuestiones técnicas y específicas que requieren de capacitación, compromiso y vocación, que es lo que se está buscando para combatir el delito rural que registra un crecimiento en todo el país", acotó Gerardo Stancheff. "El objetivo de las fiscalías temáticas es que se logre celeridad en el trámite y un seguimiento del expediente", sintetizó finalmente

CAMARAS CAMPO

SÁENZ PEÑA (Agencia) – El otro anuncio para aportar a disminuir los delitos rurales, fue el de la instalación de cámaras de vigilancia en ingresos a campos o caminos vecinales de las zonas con mayores índices de inseguridad. Los dispositivos son alimentados con energía solar, "pero se demoró su adquisición".

"Las cámaras – campo tuvimos un problema con la licitación, pero en los últimos días de diciembre se debería efectivizar el llamado para poder comprar esas herramientas tecnológicas anunciadas y que, en principio, están destinas a los sectores más acechados por los delincuentes", refirió Gerardo Stancheff, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

El funcionario, que es el que mantiene contacto directo con el sector de la producción primaria chaqueña, adelantó que "de cara al 2022 para la Policía se tiene previsto un fortalecimiento del área rural, con la dotación de equipos especializados, como los drones, para realizar un trabajo específico en el sector, todo lo que ya está presupuestado".

MES ANIVERSARIO

SÁENZ PEÑA (Agencia) - El 26 de diciembre se cumplirán diez años de la publicación en el Boletín Oficial de la modificación del artículo cinco de la ley 4.396, mediante el cual se creó la figura de la fiscalía rural y ambiental.

Los cambios en la Ley Orgánica de Ministerio Público (4.396) fueron aprobados en la Cámara de Diputados de la provincia el 21 de noviembre de 2012 con el número 7.145 y publicada en el mes siguiente. En esa oportunidad, los legisladores sancionaron "con fuerza de ley" la modificación del artículo cinco de la normativa vigente "y sus modificatorias".

El ítem reformado quedaba, en consecuencia, redactado de la siguiente manera: "Artículo 5°: Integración. El Ministerio Público estará integrado por el Procurador General, el Procurador General Adjunto, la Oficina de Política Criminal, los Fiscales Penales de Cámara, el Fiscal de Cámara Contencioso Administrativo, los Fiscales Penales de Investigación, el Fiscal de Derechos Humanos, los Fiscales de Investigación Rural y Ambiental, los Agentes Fiscales en lo Civil, Comercial, Laboral, los Defensores de Pobres, Incapaces y Ausentes, los Asesores de Menores de Edad, los Defensores Barriales en el número que determine la ley".