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Educación financiera, una asignatura pendiente

La pandemia obligó a reducir la circulación de personas y eso aceleró el uso de pagos electrónicos a través de operatorias realizables desde una computadora o un celular. Pero el alto grado de informalidad de la economía demostró que un sector importante de la población, el segmento de menores ingresos, no puede acceder a beneficios como pagos, transferencias y seguros, ni construir un historial de crédito en el sistema bancario que lo salve de caer en la trampa de préstamos con intereses usurarios que existen al margen de la economía formal.

Si bien es cierto que primero el país necesita tener una macroeconomía relativamente estable a largo plazo que brinde previsibilidad a todos los actores económicos, no es menos importante que mientras se busca ese objetivo se promuevan medidas para reducir el número de personas y emprendimientos que, por distintas razones, no logran salir de la informalidad.

Inclusión y educación financiera van de la mano. La primera genera las condiciones para que las personas puedan acceder a productos y servicios financieros; y la segunda aporta los conocimientos para poder utilizar esos productos y servicios. En las economías más estables una y otra aportan a los ciudadanos una serie de beneficios que van más allá de lo estrictamente económico.

Los altos índices que informalidad que tiene la economía de nuestro país hace que personas mayores de 30 años, por ejemplo, nunca hayan tenido tarjetas de débito. Y muchos menos una de crédito. Por lo tanto, desconocen el funcionamiento básico de esos instrumentos.

La Organización de Naciones Unidas sostiene que tanto la inclusión como la educación financiera facilitan el camino hacia la economía formal a un mayor número de ciudadanos, y por eso insta a sus estados miembro que impulsen políticas públicas para incluir y educar a la población en estos temas. En nuestro país, los investigadores del Conicet y especialistas en este tema, Martín Grandes e Ignacio Carballo, entienden que es imperativo que se oriente la política de inclusión financiera no sólo a la bancarización o para facilitar el uso de la tecnología en la operatoria financiera de los más vulnerables, sino también para eliminar las barreras al financiamiento local y fondeo de las instituciones microfinancieras. Proponen también sumar esfuerzos en la coordinación de los diversos agentes y organismos financieros del sector público, y dirigir un esfuerzo considerable en las microfinanzas hacia fines habitacionales.

Destacan además la necesidad de abordar la inclusión financiera desde una dimensión crítica de la pobreza estructural: el déficit habitacional. En ese sentido, observan que cuando se piensa a las microfinanzas como un antídoto contra la pobreza, se deben incluir indefectiblemente las múltiples facetas que aquella representa, y recuerdan que en Argentina hay millones de hogares que padecen de algún déficit habitacional, y la mayoría de ellos padecen problemas cualitativos en sus viviendas, tales como hacinamiento, falta de cloacas, entre otros dramas que no hacen más que acentuar las vulnerabilidades de los más sectores más desposeídos.

Otro de los temas a resolver es que en términos de bancarización el país se asemeja a algunas naciones subdesarrolladas. Se estima que presenta niveles tanto por debajo del promedio mundial (52%) como del de América Latina (51%), aunque esto no implica que no se hayan logrado avances, ya que al año pasado por la pandemia fueron bancarizados muchos ciudadanos de bajos ingresos para poder acceder con mayor facilidad al cobro de ayudas que brindó el Estado durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.

Hay otro aspecto a tener en cuenta. Según Grandes y Carballo, la inclusión financiera es una variable más amplia que la simple bancarización o el otorgamiento de microcréditos productivos a las personas de bajos recursos. Por eso deben abordarse otras cuestiones como los desafíos que presentan las nuevas tecnologías y, por supuesto, la propia educación financiera, que son dos factores que no deben estar ausentes a la hora de diseñar políticas públicas y pensar en un antídoto eficaz contra la pobreza y la desigualdad, es decir, un desarrollo económico sostenible con mayor igualdad de oportunidades para quienes hasta ahora no participan en los mercados financieros formales.