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Phishing o suplantación de identidad

La última estafa al cliente bancario

En el Chac o comienzan los fallos a favor de los usuarios de entidades bancarias.

Carlos Alberto Díaz

La utilización de técnicas destinadas a engañar a la víctima, obteniendo su confianza para manipularla e inducirla a concretar acciones de transferencia o créditos no solicitados a través de entidades bancarias, se ha convertido últimamente en una práctica delictiva que está costando millones de pesos a los usuarios bancarios que no saben qué hacer frente a estas prácticas delictivas. 
En un reciente caso llegado a la Justicia chaqueña y el cual se caracteriza por ser uno de los primeros en la provincia, el demandante había solicitado a su hijo que realice una publicación en la red social Facebook con el objeto de vender un casco de bicicleta por la suma de $4.000. A raíz de la publicación realizada, se contactó con él una persona que le manifestó que tenía intenciones de adquirir el producto, brindando su número de teléfono y manifestando que, dado que residía en la localidad de Sáenz Peña, la única manera de pagar era por transferencia bancaria. Atento ello, ese mismo día y desde un número de teléfono distinto al informado originalmente, se comunicó supuestamente la misma persona nuevamente, informándole que, para llevar a cabo la transferencia correspondiente, era necesario contar con los datos de la cuenta bancaria, por lo que procedió a brindar el número de CBU de su cuenta bancaria y la clave de homebanking
Al poco tiempo, luego de chequear el estado de su cuenta bancaria, detectó que se había solicitado, sin su expresa autorización, un préstamo personal preaprobado por 250.000 pesos, cuyas cuotas fueran transferidas a dos personas que desconocía y la transferencia de más de $40.000 que se encontraban depositados en la cuenta. Así y en contra de su voluntad, el usuario se convirtió en deudor de la entidad bancaria, perdiendo todos sus ahorros que tenía depositados, los cuales estaban destinados a afrontar los gastos de compra de medicamentos necesarios para el cuidado de su salud. 
Ante esta situación, se envió carta documento a la institución financiera con el objeto de informarle lo que había ocurrido y peticionando el cese inmediato de todo descuento o débito de las cuotas que componen el préstamo personal indebidamente solicitado. Sin embargo, y pese a las innumerables gestiones personales realizadas, no se obtuvo una respuesta satisfactoria que permitiera resolver la grave situación suscitada, limitándose la entidad bancaria a decir simplemente que recaía sobre el usuario el deber de mantener en secreto su usuario y clave y que todas las actividades realizadas con posterioridad, aun sin su consentimiento, eran responsabilidad de él y no de la institución.
Frente a tal situación, el usuario bancario tuvo que recurrir a los estrados judiciales mediante una medida cautelar innovativa de carácter urgente para garantizar la protección de sus derechos. Haciendo uso de la Justicia que representa, la doctora Lidia Márquez, jueza de 1° Instancia del Juzgado Civil y Comercial 7 de Resistencia, dictó una sentencia ejemplar ordenando a la entidad bancaria demandada que: 
1) se abstenga de efectuar descuentos y/o débitos mensuales en la cuenta bancaria del usuario en concepto de cuotas que componen el préstamo personal obtenido sin su expresa autorización, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los autos principales;
2) se proceda a restituir a su cuenta bancaria las sumas que fueron indebidamente debitadas de su caja de ahorro y las correspondientes a las ya debitadas por el préstamo personal en pugna; y 
3) se prive al banco local de realizar gestiones extrajudiciales o judiciales para el cobro del crédito mencionado y/o de efectuar comunicaciones de calificación crediticia desfavorable al BCRA o a entidades privadas de bases de datos comerciales, bajo apercibimiento de aplicarle multas diarias y acumulativas. 
A través de sus considerandos, quedó de manifiesto también la obligación primordial y presupuesto básico de “seguridad” que recae sobre la entidad bancaria sobre los servicios que se ofrecen, independientemente de las medidas que se hayan tomado preventivamente para llevar adelante el uso de los mismos, tanto cuando se realicen en forma personal o presencial como, en el caso de que estén habilitados, en forma digital o electrónica.
Es en atención a este “deber de seguridad” que el Banco Central de la República Argentina ha dispuesto reiteradamente en su normativa la obligación que poseen las entidades bancarias de contar con “mecanismos de seguridad informática”, garantizando la confiabilidad de las operatorias en todas sus instancias y en todo momento.
A modo de conclusión y tal como fue visto en el fallo señalado, se debe ser sumamente exigente con las entidades bancarias al momento de analizar el cumplimiento del deber antes mencionado, dado que este, necesariamente tiene que revestir el carácter de eficiente y conseguir indefectiblemente el efecto específico que la normativa de consumo le ha dado para que la institución pueda eximirse de la responsabilidad que le compete como prestadora de servicios financieros. 

(El autor es especialista en Daños y Derecho al Consumo, presidente de la Fundación Consumidores Unidos del Chaco).