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Nunca más: ayer, hoy y siempre

El 20 de septiembre de 1984, el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín recibía de manos del escritor Ernesto Sábato el voluminoso informe titulado “Nunca Más”.

En ese informe, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) presentó el resultado de sus investigaciones sobre lo sucedido en los casi siete trágicos años de la dictadura cívico-miltar. Este hecho histórico mundial, trascendental para otras democracias del planeta que siguieron el ejemplo, consta de varias carpetas y precisa la existencia de 8.961 desapariciones y de nada menos que 380 centros clandestinos de detención.

A esas casi nueve mil desapariciones documentadas corresponde agregar muchísimas más, que por entonces no estaban rigurosamente establecidas.Otra buena cantidad fue constatada a partir del restablecimiento del sistema constitucional. Así se llegó a la popularización de la cifra de 30.000 desaparecidos, fruto de posteriores investigaciones reales y legítimas de prestigiosos organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales.

La denominación de “Nunca Más” del informe surgió de una propuesta del rabino estadounidense Marshall Theodore Meyer, también integrante de la Conadep, quién se basó en la consigna que utilizaban los sobrevivientes del genocidio nazi en el Gueto de Varsovia. El informe fue de gran utilidad cuando el presidente Alfonsín impulsó el “Juicio a las Juntas” para probar el plan sistemático de secuestros y asesinatos del proceso dictatorial encabezado por el teniente general Jorge Rafael Videla y sus seguidores. Un juicio del que en la actualidad toman distancia algunos dirigentes de la propia Unión Cívica Radical. Ni la fórmula Luder-Bittel, ni gran parte de la oposición, apoyaron esta acción en favor de la justicia para todos los argentinos.

La Conadep fue fundada el 15 de diciembre de 1983 y funcionó en el Centro Cultural General San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se la declaró disuelta el mismo 20 de septiembre de 1984, tras la entrega del informe, luego editado como libro. Creada por el propio Alfonsín, funcionó como Comisión Asesora del Poder Ejecutivo Nacional y fueron su presidente Ernesto Sábato, su secretario general Agustín Altamiranda, y sus secretarios de áreas la activista Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide; Daniel Marcelo Salvador (hasta hace poco vicegobernador macrista bonaerense); Raúl Aragón, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires; el exjuez Alberto Mansur; y el doctor Leopoldo Silgueira.

Sus vocales fueron el militante Raúl Penelón; el exrector de la Universidad de Buenos Aires y exjuez Ricardo Colombres; el exdestacado médico René Gerónimo Favaloro (quien se retiró cuando la Conadep no fue autorizada a investigar los crímenes de la Triple A); el ingeniero Hilario Fernández Long, también exrector de la UBA; el obispo metodista Carlos Tomás Gattinoni; el epistemólogo Gregorio Klimovsky; el mencionado Marshall Meyer, fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos; el obispo emérito Jaime Francisco de Nevares; la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú; Eduardo Antonio Rabossi (a partir de ese 20 de septiembre secretario de Derechos Humanos de la Nación); y los tres diputados radicales representantes del Congreso Nacional: Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Duarte.

La investigación

Durante los 280 días transcurridos desde su creación hasta la entrega del informe y su disolución, los miembros de la Conadep recorrieron todo el país recogiendo testimonios de sobrevivientes, familiares, represores y testigos, y visitaron los centros de detención clandestinos. Así se llegó al inventario de lo sucedido durante esos siete años de terrorismo de Estado. En 2014, al cumplirse treinta años de haber cumplido la misión que le fuera encomendada, se reconoció a la Conadep mediante la “Declaración de Interés Nacional” por la Cámara de Diputados de la Nación. En 2020, hace un año, el Senado de la Nación estableció el 20 de septiembre como “Día de Entrega del Nunca Más”.

Al entregar el documento, en nombre de la Conadep, Ernesto Sábato expresó: “Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces institucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la Justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo, para alcanzar la tenebrosa de categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos”.

Y agregó: “(…) Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado la enseñanza de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”.

En nuestra provincia

En el mismo año, se creó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco, que tuvo a su cargo la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia durante la última dictadura cívico – militar. Como resultado de su trabajo se elaboró el “Informe final” (el “Nunca Más chaqueño”) que sirvió de base para el inicio de los juicios contra represores en el Chaco, aprobado el 2 de octubre de 1985 por el Parlamento chaqueño.

Esa primera comisión tuvo como presidente a Felipe Germán Bittel y como vice a Juan Manuel Rey. Los otros integrantes fueron Susana Ayala, Ovidio Filipa y Carlos Tenev (ambos ya fallecidos) y Miguel Ángel Galissier. En 1985 siguió presidida por Bittel y Rey e integrada por Ovidio Filipa y Alvaro Palavecino. Los secretarios de comisión fueron José María Romero y los auxiliares Carlos Reinoso y José Westtein. Este informe pormenorizado, un trabajo realizado con mucho esfuerzo y en contra (muchas veces) de las autoridades políticas y gubernamentales de turno, tuvo un “parate” al sancionarse las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas a fines de los 80 y principios de los 90.

Fue recién en marzo de 2003, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que se reabrieron los procesos de juzgamiento a los militares y policías que participaron del Terrorismo de Estado y cuando los testimonios de exdetenidos y exdetenidas y la documentación incluida en el Informe Final de aquella comisión encabezada por Germán Bittel se convirtió en una herramienta fundamental para avanzar con las políticas revindicatorias que se terminaron de consolidar durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los casos más destacados investigados por dicha comisión y hasta hoy por la Justicia federal, se encuentra la llamada “Masacre de Margarita Belén”, por la que fueron imputados, procesados y condenados numerosos militares, policías y civiles desde su inicio, continuando hasta hoy en una tarea sin claudicaciones por numerosos grupos, referentes y organizaciones de derechos humanos que buscan, simplemente, nada más y nada menos, “Memoria, Verdad y Justicia”

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