Una demora que no se justifica
La Defensoría del Pueblo de la Nación , además de ser la única institución de Derechos Humanos de alcance nacional reconocida por la Organización de Naciones Unidas en la Argentina, desempeña un papel fundamental en el control de los actos de gobierno y en la protección de la ciudadanía.
A pesar de su importancia institucional, el máximo cargo en este órgano independiente está vacante desde el año 2009. Por esa razón, organizaciones de la sociedad civil reclaman la designación de un defensor o defensora por parte del Congreso de la Nación.
Cabe aclarar que solo el Parlamento tiene facultad para designar o remover a la persona elegida para estar al frente de la Defensoría del Pueblo —cuyo mandato se extiende por cinco años—, y para cada una de esas acciones se debe reunir el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras.
Son seis las organizaciones no gubernamentales que se unieron para exigir que se cubra el cargo que se encuentra vacante: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); la Fundación Poder Ciudadano; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Sur Argentina.
En un escrito que presentaron esta semana ante la Justicia federal, estas organizaciones reclaman que el Poder Legislativo de la Nación ponga en marcha el proceso y los mecanismos necesarios para que se cumpla con lo que establece el marco normativo y se designe a una persona idónea en el cargo que sigue vacante.
Es que, como se dijo, este reclamo tiene lugar a casi 12 años de producida la vacancia, ya que el último defensor del Pueblo designado por el Congreso, en acuerdo con lo que establecen las leyes vigentes, fue Eduardo Mondino, cuyo mandato de cinco años finalizó en 2009. Desde entonces, y hasta la fecha, no hubo voluntad política para elegir a la persona que suceda en el cargo a Mondino.
Pero, además, ya pasaron cinco años desde que la Justicia federal ordenó al Congreso que cumpla con el mandato constitucional de designar al titular de un organismo fundamental en la tarea de velar por los derechos de la ciudadanía, y que tiene que representar a esta en asuntos relacionados con los servicios públicos que brindan tanto el Estado como grupos privados.
En el escrito que presentaron ante la Justicia las seis organizaciones de la sociedad civil mencionadas, se advierte que, debido a que hace doce años que esta Defensoría no cuenta con una máxima autoridad, esta anormalidad “afecta directamente el cumplimiento de sus funciones”.
Por ese motivo, reclaman “la designación urgente de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos”. “Para lograr este fin, se debe efectuar un procedimiento abierto y participativo que garantice los principios de publicidad, apertura y participación ciudadana”, agrega la nota de las entidades civiles, en la que se explica, por otra parte, que la designación del defensor necesita de mayorías especiales y un complejo proceso de acuerdos políticos.
“Sin embargo, estos inconvenientes no pueden ser utilizados como justificativo para no iniciar el proceso. Los últimos pedidos de acceso a la información pública efectuados al Congreso en marzo del 2021 evidencian que la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo todavía no se encuentra integrada y que tampoco se han recibido propuestas de designación de los bloques políticos correspondientes necesarias para la integración de la misma”, dice el escrito presentado ante las autoridades judiciales.
Lo que llama poderosamente la atención es que este cargo vacante y la necesidad de cubrirlo con una persona idónea no figura en la agenda de campaña de las principales fuerzas políticas que competirán en los próximos comicios, como tampoco figuran otros temas no menos importantes que fueron reemplazados por discusiones menores que poco y nada aportan a resolver los verdaderos problemas de la ciudadanía.
Preocupa que hayan pasado doce años sin que se cumpla con lo que establece la Constitución respecto de la designación de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo de la Nación y, lo que es peor, que tampoco se conozcan propuestas de los distintos bloques parlamentarios para resolver esta injustificable demora.
