Créditos caros para familias y empresas
Una gran cantidad de impuestos o tributos, de distintas jurisdicciones -nacional, provinciales y municipales-, eleva el costo financiero total de los créditos que se toman en la Argentina. Dicho de otra manera, persiste una fuerte carga impositiva que encarece el financiamiento de las familias y empresas argentinas. Así lo advierte un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) elaborado por pedido de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba)y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).
Ambas entidades pusieron la lupa sobre el fuerte impacto que tienen los impuestos sobre el costo de financiamiento, un problema que cada tanto vuelve a generar interrogantes y a instalar el debate en la agenda pública, pero que aún no ha encontrado una solución razonable. En ese sentido, el comunicado difundido por las asociaciones de bancos remarca que el país necesita mostrar un aumento sostenido en los volúmenes de inversión y financiación para alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenido, generando empleo de calidad. Para ello, observan las entidades, es fundamental contar con un sistema que facilite el acceso al financiamiento y que por otro lado no se carguen mochilas o contrapesos que muchos desconocen. En ese sentido, el comunicado difundido por los bancos ofrece una explicación sencilla: en la Argentina, advierten, la decisión de financiarse con créditos está “castigada” por una alta carga impositiva. A modo de ejemplo citan el caso de una empresa que decide tomar un crédito con una tasa de interés de 40% anual. En esa situación, la empresa terminará pagando un costo financiero total de 52%, es decir 12 puntos porcentuales de impuestos. “La situación es aún peor para los créditos al consumo, donde si no se descarga el IVA el costo financiero total es de 57% o con 17 puntos porcentuales de impuestos. Lo peor es que, según las entidades, esta fuerte carga adicional se presenta tanto en créditos de corto plazo como en los préstamos personales y también en los de mayor plazo como hipotecarios, impactando en forma negativa en los proyectos de miles de familias y cientos de empresas de todo el país.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, de acuerdo con el informe citado, Argentina tiene el menor grado de bancarización de la región medido como porcentaje de los préstamos bancarios sobre el PBI. “En nuestro país está en torno a 10%. Son múltiples las causas que explican esta situación, una de ellas es la alta carga impositiva que debe soportar quien toma un crédito”, señala el estudio realizado por el Ieral de la Fundación Mediterránea que fue encomendado por las asociaciones de entidades bancarias con el fin de contribuir al “debate público de temas relevantes que permitan encontrar las mejores opciones para el impulso de la economía y la generación de empleo privado”.
Se debe reconocer que en el país existe una tendencia a generar nuevos impuestos. Según un relevamiento realizado el año pasado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), de los 163 impuestos que se cobraron en 2019 en los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, se pasó a 165 tributos en 2020. El gran problema es que solo once de esos impuestos explican casi el 90 por ciento de la recaudación, de manera que no es descabellado pedir un razonable proceso de simplificación tributaria, acompañado de otras políticas públicas que estén orientadas a facilitar el acceso al financiamiento, más allá de los años electorales.
En la medida en que se facilite el acceso al crédito a tasas razonables, como sucede en la mayoría de los países desarrollados, habrá mayores posibilidades de impulsar la recuperación económica. Retomando el informe del Iaraf sobre la necesidad de avanzar con una simplificación de impuestos, se observa en ese trabajo que si efectivamente eso ocurre, para las provincias por ejemplo, significa una reducción de 80% del total de instrumentos actualmente existentes, mientras que para municipios habría 70% menos tributos. Se aclara que se trata en ambos casos de tributos que, en rigor, aportan niveles muy bajos de ingresos a cada jurisdicción; es decir que la eliminación de ese excedente, por llamarlo de alguna manera, no implicaría una baja significativa a las recaudaciones.
Se presentan aquí nuevos datos para el debate que ponen de relieve algunos de los obstáculos que tiene la economía nacional. Urge contar con un sistema impositivo que, sin resignar niveles de recaudación, sea más ágil, tenga una fiscalización más sencilla y, fundamentalmente, no cargue una pesada mochila sobre familias y empresas.
