La Gran Muralla
Cuando uno se pregunta de dónde vendrá esta capacidad nacional y provincial para el desencuentro, este talento para la división que no es pluralismo sino una superpoblación de confrontaciones que imposibilita cualquier éxito colectivo, es difícil hallar una respuesta.
Lamentablemente, América Latina viene siendo un terreno fértil para la expansión de esta cultura política que lamenta en los discursos la fisura social pero que en los hechos la considera una herramienta muy eficaz para alinear a las propias tropas y lanzar anzuelos sobre los ríos de las opiniones, que en esos contextos jamás dejan de estar revueltos.
En el caso de la Argentina y del Chaco, seguramente un obstáculo importante para una convivencia madura, racional y democrática está en los traumas de nuestra historia, repleta de enfrentamientos que desembocaron en violencia, y en la notable ausencia de sentido autocrítico de nuestros dirigentes y nuestras fuerzas políticas. Nadie se hace cargo de su parte en este gran fracaso colectivo.
Mea culpa cero
Cuando la última dictadura militar concluía, en el debate público –recuperado por la sociedad civil- asomó y se instaló la idea de una necesidad: la de una autocrítica de las Fuerzas Armadas. Los militares se iban en 1983 dejando una economía mucho más arruinada que la que habían encontrado al asaltar el poder en 1976, el saldo hasta allí imponderable de la represión ilegal y la Nación sometida a una dolorosa derrota en Malvinas ante el poderío inglés.
Por supuesto que ese mea culpa nunca llegó. Por el contrario, el último presidente de facto, Reynaldo Bignone, se despidió con un indulto generalizado a todos los involucrados en los crímenes del “Proceso de Reorganización Nacional” y las mentiras habituales sobre las desapariciones forzadas de personas.
La autocrítica militar llegaría con los años de un modo nada institucional, sino más bien a través de algunas figuras referenciales que se atrevieron a reconocer errores y hechos aberrantes, como el general Martín Balza, jefe del Ejército en los años de Carlos Menem como presidente.
Algo similar sucedió con la Iglesia Católica, a la que diversos sectores –partidos, organizaciones de derechos humanos, medios de prensa- también le reclamaron un autoexamen sobre su rol en los años demenciales. Hubo análisis y pedidos de perdón por parte de sacerdotes que, probablemente, eran los que más dignamente habían actuado en aquellos tiempos.
Pero los partidos no se sumaron a la corriente. Ni aquellas agrupaciones de izquierda que habían recibido casi con alegría la llegada de Jorge Rafael Videla al poder, porque en teoría iba a servir para avivar las condiciones favorables a una revolución, ni los que tuvieron responsabilidades mucho mayores en el desastre de los ’70.
El peronismo, cuando la restauración democrática del ’83 ya estaba a la vista, se posicionó rápidamente como la gran víctima de la dictadura, y omitió por completo la locura con la que inundó el país para que la ultraderecha y la ultraizquierda del PJ dirimieran quién se apropiaba del pequeño resto de vida que le quedaba a Juan Domingo Perón tras su regreso a la Argentina y el triunfo electoral que le abrió las puertas a un tercer mandato presidencial.
Montoneros y otras expresiones militarizadas decían batallar para ayudar a la victoria de un líder que, sin embargo, los había despreciado clara y públicamente en plena Plaza de Mayo, como para que a nadie dejase de quedarle claro que quería que abandonasen las armas y permitieran descomprimir el clima político y social. Del otro lado, José López Rega y la derecha oficial decididos a que no quedaran ni los rastros de los enemigos internos. Ya entonces comenzaron los crímenes de lesa humanidad, antes del golpe, con gobiernos constitucionales en la Nación y en las provincias.
Las “Causas Caballero” lo acreditan en el Chaco. En la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco se torturaba y vejaba a diario a presos políticos. A metros de la Casa de Gobierno y del despacho del entonces gobernador Deolindo Bittel. Se llegó al punto de que una comisión de diputados provinciales visitó a los detenidos en ese centro de tormentos y no pudieron hacer nada para detener la maquinaria del martirio sistematizado.
Ninguno de quienes alimentaron la violencia política hasta convertirla en la excusa perfecta –junto con la crisis económica- para un nuevo golpe militar pidió disculpas hasta hoy. Por el contrario, la mayoría de los voceros actuales de aquellos sectores reivindican lo realizado. Ponen ideales plausibles y compañeros caídos por delante, pero el dolor no es un argumento. El dolor debe inspirar respeto, pero no da la razón.
Por otro lado, pedir disculpas no significa decir que se buscó hacer daño. Significa reconocer que lo que uno creía el camino adecuado terminó siendo la fuente de dolores mayores a otros, a los sujetos pasivos de las decisiones adoptadas por uno mismo o su sector. Es un gesto que no repara, pero que con su nobleza alivia. Pero no, no hemos tenido tampoco algo de eso.
El radicalismo, a su vez, no tuvo el coraje cívico necesario para defender la pérdida del rumbo democrático en los momentos clave de nuestra historia, pese que fue Hipólito Yrigoyen –en 1930- la víctima del primer golpe militar posterior a la aplicación de la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, que terminó con los fraudes electorales.
Aunque los dos primeros mandatos de Perón como presidente estuvieron muy marcados por la intolerancia hacia la oposición, el líder justicialista destituido en 1955 había llegado al cargo por el voto popular. La “Revolución Libertadora” no tenía ninguna autoridad legítima para decidir lo que el espectro político del país aceptó a partir de allí: la proscripción del peronismo, inaugurada con fusilamientos infames.
La prohibición de la participación política y electoral del justicialismo contaminó el origen de los gobiernos elegidos luego, y los impregnó de una debilidad insalvable. Por eso figuras notables como Arturo Frondizi y Arturo Illia, que en otro contexto hubiesen podido llevar a cabo excelentes gestiones, fueron estrellas fugaces de la institucionalidad, expulsadas de manera humillante por el poder militar, ya constituido en tutor forzoso de la vida civil.
En el Chaco
Si miramos lo ocurrido en nuestra provincia, también hay responsabilidades compartidas. El PJ y la UCR gobernaron el Chaco durante 34 de los 38 años transcurridos desde el retorno del Estado de Derecho (22 años el peronismo, 12 años el radicalismo, 4 años Acción Chaqueña). Es suficiente como para decir que ambos tienen mucho que ver con lo bueno y lo malo de esta jurisdicción.
Probablemente el principal retroceso de la provincia sea la pérdida de la pujanza que la caracterizó en buena parte del siglo pasado. El empuje privado dejó paso a un centralismo estatal agobiante, porque la dimensión astronómica del sector público local lo influye todo. Y las condiciones económicas nacionales, que vuelven una aventura incierta cualquier tipo de inversión de riesgo, completan el escenario.
¿Es mejor la salud pública que hace cincuenta años?¿Es mejor la educación?¿Son mejores las condiciones de seguridad?¿Es más fácil acceder a un trabajo y un techo dignos? Son las preguntas que definen todo a la hora de saber si estamos mejor o si estamos peor.
Como si fuesen un símil de la Gran Muralla China, la ausencia de autocrítica, la humildad raquítica que impide tender la mano pensando en los que más necesitan que la realidad sea moldeada de otra manera, se erigen en medio de nosotros con dimensiones inabordables. Tan altas que desde allí se corre el riesgo de no ver casi nada de lo que sucede abajo.
