Pueblos originarios hacen historia en Chile
Chile es uno de los pocos países de América Latina que no reconoce explícitamente a sus pueblos originarios en su Carta Magna, ni tampoco a sus lenguas o culturas. Pero esa injusticia comienza a quedar en el pasado: Elisa Loncón, representante del pueblo mapuche, fue elegida para presidir el órgano que tiene la misión de redactar la nueva Constitución del país trasandino que debe reemplazar a la heredada de la dictadura de Pinochet.
Pese a que más del 12 por ciento de la población chilena pertenece a pueblos indígenas, es la primera vez que las diez comunidades originarias reconocidas oficialmente tienen asegurada una representación en la Convención Constituyente.
La elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención tuvo repercusión en la comunidad internacional que, hasta hace poco, veía al modelo económico chileno como ejemplo de desarrollo en América Latina. Pero lo que parecía un modelo exitoso estalló por los aires en octubre de 2019 cuando millones de chilenos protagonizaron multitudinarias protestas para denunciar la desigualdad que sufrían las mayorías en el país trasandino y cuyas voces fueron sistemáticamente ignoradas por los que tomaban decisiones en el sistema político económico chileno, apoyado en un modelo de desarrollo que se puso en marcha durante la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet y que tuvo como resultado una notable estabilidad macroeconómica pero, al parecer, a costa de una enorme desigualdad social.
El 4 de julio pasado sesionaron por primera vez los miembros de la Convención Constituyente, cuya conformación muestra una diversidad social y cultural muy diferente a la identidad nacional homogeneizante pretendida por los seguidores del régimen de Pinochet, cuya visión quedó reflejada en la Constitución chilena de 1980 que todavía está vigente, pero que quedó en la mira tras el fuerte estallido social de 2019. De hecho, la necesidad de cambiar la Carta Magna surgió como una salida institucional al creciente malestar social que, a su vez, se vio reflejado en los comicios para elegir constituyentes donde los grandes triunfadores fueron los representantes de los partidos independientes, que obtuvieron casi un tercio de los escaños. Ese resultado fue leído como un verdadero castigo a los partidos tradicionales que gobernaron los últimos 50 años y, especialmente, a la derecha que gobierna actualmente, que ni siquiera logró cosechar los votos suficientes para alcanzar un tercio de la asamblea que son necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna. El propio presidente, Sebastián Piñera, reconoció públicamente el fracaso: “No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía”, dijo al conocerse los resultados de las elecciones para convencionales constituyentes.
De la mano de Elisa Loncón, las comunidades indígenas comienzan a escribir un nuevo capítulo en la historia chilena. “Este sueño es el sueño de nuestros antepasados. Es posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile”, dijo la lideresa mapuche tras consagrarse como primera mujer indígena en presidir una Convención Constituyente en un país que comienzan a redactar las nuevas reglas de juego que regirán para una sociedad que, a pesar de gozar una estabilidad macroeconómica, tiene los niveles de desigualdad más altos del mundo, con serios retrocesos en materia de derechos sociales para la mayoría de la población que no se vio beneficiada con las privatizaciones de los servicios que deberían ser públicos.
La Convención Constituyente, con el protagonismo de mujeres y pueblos indígenas, tiene un plazo que va entre nueve y doce meses para redactar una nueva Carta Magna. Pero después de eso, en los próximos años, los legisladores tendrán la tarea de adaptar las leyes al espíritu de la nueva Constitución. No será, seguramente, un camino fácil a recorrer ya que los intereses creados por la dictadura de Pinochet gozan de buena salud y todavía manejan los resortes de los poderes fácticos en Chile.
