Brasil: multitudinarias protestas contra Bolsonaro; Corte ordena investigar escándalo de compra de vacunas

   El mandatario está acusado de haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no haberlo denunciado a las autoridades. Es la tercera jornada de manifestaciones en tres semanas contra el Gobierno, que viene enfrentando una presión creciente por una investigación parlamentaria sobre negligencia en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 520.000 muertos en Brasil.

   Para la médica Patricia de Lima Mendes, de 47 años, que participaba de un acto en el centro de Rio de Janeiro, el Ejecutivo es el principal responsable por el alto número de muertes.

   “Son más de 500.000 vidas asesinadas por este gobierno, por decisiones espurias, “fake news”, mentiras, y ahora ese escándalo absurdo de corrupción en relación a las vacunas”, dijo. Otras capitales estatales como Belem (Pará, norte), Recife (Pernambuco, noreste) y Maceió (Alagoas) también registraron manifestaciones con pancartas que rezaban “Bolsonaro genocida”, “Impeachment ya” y “Sí a las vacunas”.

   En los dos primeros meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado se centró sobre todo en la demora para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras Bolsonaro impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra la Covid-19 -como la hidroxicloroquina- y criticaba las medidas de distanciamiento social.

   Pero desde la semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una “presión atípica” para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.

   El funcionario Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda, afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que luego no hizo. Esto motivó la apertura una investigación de la Fiscalía General contra el presidente, que averiguará si Bolsonaro cometió o no el delito de prevaricato, al no denunciar las sospechas de irregularidades.

   El Supremo Tribunal Federal avaló la decisión que ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente por ese contrato que fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo y tres meses después de la reunión en Casa de Gobierno en la que Miranda le comentó a Bolsonaro sobre las irregularidades.

   Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.

   La apertura de la investigación se suma al “superpedido” de impeachement por 123 violaciones a la Constitución que presentaron la oposición, de derecha e izquierda, ante el Congreso.

   La jueza de la Tribunal Superior, Rosa Weber, autorizó el viernes por la noche  una investigación al presidente Bolsonaro por parte de la  fiscalía superior por incumplimiento del deber en el proceso de  adquisición de una vacuna india para la Covid-19, según una copia de la decisión vista por Reuters.

    Una de las pruebas fue un inmueble en el número 60 de Sloane Avenue, en el barrio de Chelsea, de Londres, adquirido con fondos reservados mientras Becciu se desempeñó como “número 3” de la Santa Sede y que provocó pérdidas millonarias al fondo de caridad que gestiona el Papa.

   Según la Justicia vaticana, Mincione usó el dinero del Vaticano para llevar a cabo operaciones imprudentes e intentar la adquisición de instituciones bancarias en crisis. Los magistrados vaticanos indicaron que la Autoridad de Información Financiera (AIF) habría “descuidado las anomalías de la operación de Londres, de las que había sido inmediatamente informada, sobre todo teniendo en cuenta la abundante información que, como resultado de las actividades de inteligencia, había adquirido”.

   Según consta en el acta judicial de 487 páginas obtenida por Télam, el Papa dio la aprobación para el envío a juicio de los diez imputados el pasado 19 de junio. Tras más de dos años de investigación a funcionarios laicos y religiosos por supuesta malversación de fondos en la compra y venta de propiedades, incluido el edificio en Londres, el Vaticano dispuso el comienzo de las audiencias que, por primera vez, sentarán a un purpurado en el estrado.

    “También surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de poder también en concurso, así como soborno”, precisó el comunicado vaticano.

   El equipo legal de Becciu distribuyó otro texto en el que el cardenal se considera “víctima” y que “se inventó de todo” contra su persona. “Finalmente está llegando el momento de que se aclare todo”, manifestó el purpurado.

   Becciu fue removido por Francisco de su cargo de prefecto de la Curia Romana en septiembre del año pasado y despojado del derecho de participar de un cónclave en medio de la investigación por supuestos desmanejos y desvíos de fondos de la Santa Sede que derivó en el juicio.

   Además, el exsustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, estuvo desde el primer momento involucrado con el escándalo de inversiones inmobiliarias en Londres por cerca de 200 millones de euros financiadas con dinero de la colecta de caridad del Papa, a partir de una investigación impulsada por Jorge Bergoglio.

   Tras esa denuncia de las autoridades del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el “Banco del Vaticano”, habían sido allanadas oficinas de la secretaría de Estado por primera vez en la historia, donde la Justicia vaticana secuestró documentos.

   Luego fueron suspendidos cinco funcionarios en un episodio que derivó en la dimisión del hasta entonces jefe de seguridad del Papa, Domenico Giani. Entre las nueve personas que irán a juicio con Becciu están el extitular de la agencia de información financiera del Vaticano, René Brülhart, acusado de “abuso de poder”, y el exfuncionario de la secretaría de Estado Mauro Carlino, con los cargos de “extorsión y abuso de poder” y el broker inmobiliario italiano Gianluigi Torzi, por “extorsión, peculado, fraude, apropiación indebida y lavado de dinero”.

   Las actividades preliminares, también realizadas con comisiones rogatoriales en muchos otros países extranjeros (Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza) permitieron sacar a la luz “una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”, argumentó el comunicado vaticano.

   La italiana Cecilia Marogna será otra de las personas que se sentarán en el banquillo, acusada de “peculado” tras haber sido investigada por la supuesta malversación de 500.000 euros que Becciu le habría otorgado para formar una red de diplomacia paralela en la Santa Sede. Marogna fue primero arrestada y luego puesta en libertad tras ser denunciada a Interpol por la justicia vaticana.

   Con Becciu y los otros imputados, el Vaticano dispuso el envío a juicio de cuatro firmas: HP Finance LLC; Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., Prestige Family Office SA, y Sogenel Capital Investment, por delitos de fraude y peculado.

  Tras el comunicado, fuentes de la secretaría de Estado informaron que el organismo se presentará como parte civil en el proceso, con representación legal de la abogada y exministra de Justicia italiana Paola Severino. Los hechos investigados en la causa se remontan a junio de 2013, cuando inició una inversión de la Secretaría de Estado en el Fondo Athena Capital Global Opportunities de Raffaele Mincione, por la que el ente vaticano se endeudó con el banco Credit Suisse por 200 millones de dólares.

   Mincione es otro de los imputados que irá a juicio acusado de malversación, lavado, fraude, apropiación indebida y abuso de poder. La inversión, catalogada por el Vaticano como “altamente especulativa” en el proceso de investigación, conllevó pérdidas para la Santa Sede calculadas en al menos 18 millones de euros en comparación con el valor de la inversión inicial.