Colombia: el gobierno niega abusos represivos mientras la CIDH investiga 

   Con la investigación de la represión bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la capital colombiana se desarrollaba anoche la movilización central, “la toma de Bogotá”, convocada por el CNP, que reúne a 22 organizaciones y sindicatos.

   Decenas de miles de personas llegaron a la sede de los tres poderes para mostrar el descontento reinante, en su mayoría jóvenes, marcharon pacíficamente con pancartas y banderas nacionales hasta un hotel de Bogotá donde líderes de del CNP se reunieron con integrantes de la misión de la CIDH.

   El vocero del CNP y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, dijo que presentaron un informe que da cuenta de más de 70 muertes, cerca de 100 desaparecidos y más de 3.000 casos de abuso policial, incluyendo abusos sexuales en comisarías desde el estallido de la crisis social y política el 28 de abril pasado.

   También se entregó el preacuerdo que hicieron con el gobierno el pasado 24 de mayo, que Duque aún no firma. El CNP buscó dejar constancia de lo que consideran “falta de voluntad política por parte del Gobierno para garantizar los derechos humanos, y particularmente en el ejercicio de la protesta”, explicó Maltés.

   Durante las primeras horas de la jornada las fuerzas de seguridad y miembros del temido Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la policía militarizada, reprimieron con saña a indígenas de la etnia misak que intentaron derribar la estatua de Cristóbal Colón en la calle 26, según denunció Humans Right Watch.

   “El Esmad no cumple los protocolos de actuación, dispara al cuerpo de la gente. Alcaldesa Claudia López, ¿qué vale más? ¿la vida o una estatua? Exigimos garantías para el pueblo misak y que la fuerza pública actúe como corresponde”, tuiteó la ONG.

   La organización también difundió un video en el que se ve cómo policías disparan a la cabeza de los indígenas e incumplen con los protocolos del manual para el servicio de la Policía, en el que se explica que deben ser tiros parabólicos porque “la alta velocidad y temperatura de los proyectiles pueden ocasionar serias lesiones”.

   Por su parte, la concejala Heidy Sánchez informó que algunos manifestantes del lugar resultaron heridas en el rostro y la cabeza. En paralelo, los bloqueos y manifestaciones se realizaban en Cali, en la vía de Villagorgona que conecta esta ciudad con Candelaria, mientras que en Barranquilla se convocó una marcha desde el Monumento del Estudiante; otras ciudades que se adhirieron a las medidas fueron Cúcuta, Bucamaranga y Medellín.

   En la mañana, en un duro informe, la organización Human Rights Watch (HRW) reclamó al Gobierno de Duque “medidas urgentes” para proteger los derechos humanos, que la policía no reprima reuniones pacíficas y que se enjuicie a los responsables de los abusos.

   Las marchas son las primeras desde el arribo al país de una misión de la CIDH, principal organismo de protección de las garantías fundamentales de América, para evaluar la convulsa situación. La ONU, la OEA y la Unión Europea ya denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza pública contra las protestas, que han dejado más de 50 muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos.

   La misión de la CIDH, que llegó el lunes a Colombia y estará hasta este miércoles, analizará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, la mayoría a manos de la fuerza pública, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. “Las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios”, de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali, informó Camargo.

   Sin embargo, para el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, “la violencia contra policías y los bloqueos son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”. En su informe, HRW dijo que recibió “denuncias creíbles” de 68 muertes desde el inicio de las manifestaciones, incluyendo las de dos policías.

   La CIDH, que ayer se reunió con Duque y algunos de sus ministros, dijo que escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares. La crisis comenzó el 28 de abril por una suba de impuestos al salario y al consumo promovida por el Gobierno.

   Lejos de remitir, luego de que el proyecto fuera desechado ante la presión de las calles, las protestas se profundizaron con reclamos generales contra las políticas del gobierno, como más trabajo y un mejor acceso a la salud. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras, luego de que el CNP interrumpiera días atrás negociaciones que llevaba adelante con el gobierno “por falta de voluntad política”.