Economía verde y transición energética
Ante la necesidad de reducir el consumo desmesurado de recursos naturales y evitar el agravamiento de la contaminación y los daños provocados al ambiente, los países se enfrentan al desafío de avanzar hacia un nuevo paradigma de producción y consumo sostenible. En medio de noticias generadas en el marco de la pandemia que no dejan de preocupar, el informe anual de transición energética elaborado por el Foro Económico Mundial arroja datos alentadores respecto a la Argentina.
En efecto, según el índice de transición energética (ETI, por sus siglas en inglés) que desde 2011 realiza el Foro Económico Mundial de Davos y que establece una puntuación a 155 países de acuerdo al grado de avance que muestran hacia modelos de energías limpias, la Argentina escaló nueve lugares, pasando del puesto 56 al 47 en 2021. De esta manera se consolida una política de Estado que se sostuvo a través de distintas administraciones y que, de alguna manera, mejora la posición del país en la transición hacia fuentes de energías renovables y seguras.
En la última década, el mundo ha venido prestando más atención al fenómeno del cambio climático y sus efectos negativos en distintas regiones del planeta. Y es por ello que la comunidad internacional tomó conciencia de la necesidad de adoptar medidas para frenar el creciente calentamiento global producido por las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y los residuos contaminantes desechados en los océanos, la deforestación de selvas y bosques y las actividades ilegales realizadas por ciertas empresas en pos de obtener mayores ganancias.
Un reciente estudio publicado por la Organización Meteorológica Mundial que contó con la participación de investigadores de diferentes países, alertó que si no se revierte la situación para 2025 hay mayores probabilidades (40 por ciento, para ser más exactos) de que al menos un año sea 1,5 °C más caliente que el nivel de temperaturas anterior a la era industrial. El dato es preocupante, ya que ese es el menor de los dos límites de temperatura establecidos por el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Cabe recordar que ese acuerdo fue firmado en 2015 por naciones que accedieron a unirse a una lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero y que acordaron como objetivo mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados centígrados y reducir en un 55 por ciento las emisiones de gases contaminantes entre 1990 y 2030. Pero, según los expertos, todavía se está muy lejos de alcanzar esa meta. De ahí la importancia de acelerar el proceso de transición hacia energías más limpias que no dañen el ambiente.
Días atrás, desde la Cámara Argentina de Energías Renovables se afirmó que el país se encuentra en la dirección correcta con respecto a la diversificación de la matriz energética. Esto quiere decir, entonces, que no es descabellado pensar en términos de una economía verde, que es aquella que -según la definición que ofrece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, y a la vez reducir en forma significativa los riesgos ambientales. Según este programa de la ONU, en su forma más básica, una economía verde sería aquella que logra bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente.
En un trabajo académico publicado por las especialistas Adriana Porcelli y Norma Martínez, titulado “Un cambio de paradigma económico global: hacia la economía verde con especial referencia a la generación de energías renovables en forma distribuida y sus avances legislativos a nivel nacional y provincial”, se observa que, en rigor, el concepto de “economía verde” no sustituye al de “desarrollo sostenible”, pero hay un creciente reconocimiento de que el logro de la sostenibilidad requiere casi indispensablemente de una economía adecuada y correcta. “Durante décadas para crear riqueza se ha seguido un modelo de economía que no abordaba de manera sustancial problemas tales como la marginación social o el agotamiento de los recursos. Para realizar la transición a una economía verde se requiere una serie de circunstancias favorables específicas, que consisten en normativas, políticas, subsidios e incentivos nacionales, mercado internacional, infraestructura jurídica y protocolos comerciales y de ayuda”, agrega el documento.
Es de esperar que, más allá de los gobiernos de turno, se mantengan las políticas públicas que permitan avanzar en la transición hacia fuentes de energías renovables.
