Colombia: las madres toman la primera línea en defensa de los manifestantes

   El país sudamericano completa casi un mes de marchas y bloqueos a nivel nacional, en protesta por las políticas antisociales del Gobierno del presidente Iván Duque. Tras ocho días de conversaciones, el lunes en la noche representantes del Gobierno y líderes de las protestas llegaron  a unos preacuerdos con los que esperan acercarse a las negociaciones para poner fin a las manifestaciones.

   A sus 39 años, Vanesa pasó de ser bailarina de tango –un trabajo que perdió a causa de la pandemia-, a vender café en la  calle y más recientemente a liderar el grupo de 10 mujeres  “Mamás en Primera Línea”, que salen a las marchas para proteger a los jóvenes de la violencia policial.

   “Somos un grupo de mujeres cabeza de familia, en este momento intentando pelear por los derechos vulnerados de nuestros jóvenes en el país”, dijo la delgada mujer de 1,59 m de estatura y madre tres hijos.

   El colectivo ha llamado la atención por su aparición en videos en las redes sociales, como uno en donde explota frente a ellas una bomba de aturdimiento arrojada por la policía durante una protesta en el sur de Bogotá.

   “Si nuestros hijos van a la lucha, si nuestros hijos van a marchar, nosotras, madres, los apoyamos y junto a ellos vamos a luchar”, cantaban las mujeres durante otra manifestación. 

   El grupo surgió tras un ataque con gases lacrimógenos del temido Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) un par de semanas atrás, mientras Vanesa marchaba con otras mamás y niños. “Había una mamita ese día que el hijo le decía por favor mamá levántate, levántate. Estábamos encerrados y nos gaseaban de todos lados y la señora no era capaz de pararse ni moverse, ese fue el boom para decir ‘vamos a hacer algo distinto‘”, recordó  Vanesa, quien se abstuvo de revelar su apellido por temor a represalias policiales.

   Si bien, las autoridades han criticado el “uso excesivo” de la fuerza por parte el ESMAD, el Gobierno ha justificado las intervenciones con el argumento de “evitar saqueos y actos de vandalismo”.

    Según la Fiscalía General de la Nación, de 43 reportes de fallecidos en las manifestaciones, se identificó que solo 17 tienen relación directa con las protestas, en tanto que sigue la búsqueda de 129 personas desaparecidas.

   A las más recientes manifestaciones se han sumado familias completas afligidas por una rampante pobreza, que en 2020 se disparó hasta el 42,5% de los 50 millones de habitantes y una  indigencia que saltó al 15,1%.

“Nos cansamos”

    A la pandemia, que llevó el desempleo a máximos récord de 25% en lo más fuerte de las cuarentenas, se sumaron el intento del gobierno de aumentar los impuestos al consumo y a los salarios, y un histórico descontento social acumulado por décadas.

   “Nos cansamos de esto, nos cansamos de no tener trabajo, de que no haya salud, de vulnerar nuestros derechos hasta para la protesta”, explicó Vanesa desde un improvisado campamento en el  que cientos de personas hacían fila para recibir un plato de comida, vigilados de cerca por una docena de agentes del ESMAD.

   Otros grupos de madres han decidido unirse desde otras regiones, como en la ciudad de Pasto, cerca de la frontera con Ecuador. Vanesa anunció que seguirán acompañando a sus hijos a las  manifestaciones en busca de un cambio.

   “Que no dejen que nos sigan vulnerando, porque es más el  pueblo que el Gobierno”, dijo, mientras que hizo un llamado a los policías para que las respeten en las protestas. “Igual ellos también tienen mamá”.

Crecen denuncias por desapariciones

   Más organizaciones denunciaron desapariciones, torturas y la existencia de fosas comunes las últimas horas en el marco de las protestas antigubernamentales en Colombia, mientras la Fiscalía informó que son 290 las personas halladas que habían sido reportadas como “no localizadas‘ y subrayó que aún buscan a otras 129.

   El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), publicaron un informe donde revelan denuncias de sitios utilizados por paramilitares y policía para detención, tortura y hasta desapariciones de manifestantes en Cali, una de las ciudades más reprimidas desde que estallaron las protestas del 28 de abril.

   Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos aseveran que desde el 2 de mayo, cuando el zgobierno de Iván Duque ordenó la militarización de las ciudades más activas en las protestas, se tienen denuncias de que el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali es utilizado como centro encubierto de operaciones por parte de la fuerza pública. Según el informe, “algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos (de la CAM) y horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas” que “hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad”.

   En alguno de estos vehículos “se habrían llevado jóvenes en horas de la noche a la localidad de Mulaló”, cerca de Cali. “Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos”, alerta el texto.

   Otros testimonios indican que algunos de los jóvenes detenidos “reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, habrían sido “ajusticiados” en Guacarí o en Buga”, también cerca de Cali. 

   Por su parte, el sábado pasado, la concejala de Cali, Ana Erazo, publicó en su cuenta de Twitter que le habían llegado videos de cuerpos hallados en el río Cauca y apuntó: “Lo que temíamos empieza a suceder”. Erazo le pidió al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que conforme una “comisión de verificación sobre denuncias en Mulaló y posibles fosas”.

   La semana pasada ya hubo denuncias sobre la supuesta existencia de un centro de tortura de la Policía en predios de un almacén de cadena en la capital del Valle del Cauca, informó el diario El Tiempo.

   Según un listado realizado por la Universidad del Valle, hay 120 personas dadas por desparecidas, en tanto que la Mesa de Trabajo por la Desaparición Forzada respalda la cifra de 471.

   “Los relatos brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional, dada la forma como han operado desde el 28 de abril hasta hoy”, indica un documento de la CIJP .También EEUU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamaron al gobierno de Colombia que localice cuanto antes a las decenas de personas desaparecidas, después de que Bogotá denegara la entrada al país de funcionarios de organismos internacionales que desean verificar la situación humanitaria.

   Las protestas comenzaron el 28 de abril en contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno, que fue rápidamente retirada del Congreso. La respuesta del Estado fue reprimir con la fuerza púbica, lo que dejó más de 50 muertos, centenares de heridos y al menos 21 víctimas de violencia sexual, según cifras de la ONG Temblores, aunque oficialmente, la Defensoría del Pueblo da 42 fallecidos.

   Asimismo, distintas ONGs denunciaron el accionar de grupos paramilitares contra la movilización social. El hecho más conocido fue el ataque a la minga indígena por parte de individuos armados en Cali, pero estas prácticas se registraron en distintos puntos del país.

      En tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrenta un debate de moción de censura citado en la plenaria del Senado, que busca la salida del funcionario de esa cartera por su presunta responsabilidad en los casos de violencia policial y excesos de la fuerza pública durante el paro nacional.