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En la causa que investiga torturas a soldados en Malvinas

Jueza federal volvió a suspender indagatoria de exmilitares

La jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, postergó otra vez las indagatorias de cinco exmilitares que debían comenzar ese miércoles en la causa que investiga torturas a soldados durante la guerra de 1982.

La jueza Borruto suspendió nuevamente las indagatorias en una causa que ya lleva 14 años de trámite.

   Borruto hizo lugar a un pedido de la defensa de los imputados, que quieren que el defensor público viaje a la ciudad de Buenos Aires y esté perssonalmente junto a ellos durante las declaraciones, que se realizarán a través de videoconferencia con la provincia de Tierra del Fuego.  

   La decisión produjo malestar tanto en la Fiscalía, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport, como en la parte querellante, representada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim). En la investigación de la causa y el la presentación de pruebas y testigos fue crucial el aporte de excombatientes chaqueños y correntinos representados por la Fundación Soberanía y Memoria.

   “No hay palabras para tantas postergaciones. Pareciera que existe complicidad judicial. Son hechos sucedidos hace 39 años, la causa lleva 14 años de tramitaciones y no se pueden completar ni siquiera las indagatorias”, señalaron.

   Las declaraciones que volvieron a ser reprogramadas fueron ordenadas por primera vez en diciembre de 2018, es decir hace 28 meses, pero sufrieron distintas dilaciones por problemas logísticos del juzgado, en primer término, y después por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

   En esta oportunidad, el defensor público de Río Grande, Guillermo Garone, presentó un escrito donde manifestó que “se encuentra en trámite una autorización de la Defensoría General de la Nación para poder viajar a Buenos Aires y asistir personalmente a mis defendidos”.

   Garone tiene a su cargo las defensas de los exmilitares Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Guillermo Díaz, Emilio Samyn Duco, Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz. La jueza Borruto entendió que el pedido de postergación “luce razonable” y decidió reprogramar las indagatorias.

   Según el nuevo cronograma, Cadelago declarará el 8 de junio, Samyn Duco el 9, Vlcek el 10 y Masiriz el 11. En relación a Díaz, la magistrada entendió que, debido a los problemas de salud documentados por el militar, será indagado en su propio domicilio el 12 de junio.

   En tanto, el exgeneral de brigada Omar Edgardo Parada, quien debía declarar el lunes, tampoco pudo hacerlo porque manifestó una “descomposición de salud” cuando era trasladado al edificio del Departamento Central de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, y quedó internado en el Hospital Militar Central.

   La investigación de las torturas a soldados durante la guerra de Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, que recolectó los primeros 25 casos de presuntas torturas a soldados incluyendo estaqueamientos y enterramientos por pedir o procurarse alimentos.

   Los primeros cuatro procesamientos fueron dictados en febrero de 2020 por la jueza Borruto, mientras que, la semana pasada, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesos y dictó la falta de mérito de uno de los acusados.

Declaración de Soberanía y Memoria

El abogado Miguel Ángel Ávila y el profesor Héctor Ortega, de la Fundación Soberanía y Memoria, representante legal e investigador de la querella respectivamente (Foto: Jorge “Punky” Flores).

 “Desde julio de 2020 la jueza federal de Primera Instancia de Río Grande hizo el segundo llamado a indagatorias, pero las suspendió con fecha incierta, a pesar de que estaba aprobado el uso de plataformas digitales para videoconferencias, ya utilizadas en juicios de lesa humanidad”.

   “Ya en 2021, y con la proximidad de una fecha muy significativa al “sentimiento Malvinas” (Vigilia del 1 de abril, y acto del 2 de abril), la jueza Borruto sacó un conejo de la galera y le puso fecha a las indagatorias con inicio el martes 13 de abril, llamando en primer lugar el general de  brigada (R) Omar Parada”.

   “En las semanas previas al 2 de abril se nos estremeció el alma con la muerte de Rubén Asencio, exsoldado combatiente originario del Chaco que estuvo en Malvinas con el RI4 de Monte Caseros. El 2 de abril Carlos Enriori, de la Agrupación Avó Ñaró del RI4, denunció valientemente las condiciones de vida que le impusieron algunos jefes a sus propios soldados, siendo más enemigos que el enemigo inglés (y Rubén Asencio supo de esa situación)”.

   “El 6 de abril la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ratificó por unanimidad los procesamientos de tres de los cuatro militares involucrados en las indagatorias de 2019, y al restante lo dejó a la espera de la presentación de pruebas complementarias”.

   “El martes 13 de abril por la mañana, el abogado defensor del general Parada informa que su cliente sufrió una “descompensación”, por la que fue derivado a un nosocomio. Y el mismo martes por la tarde se anuncia la postergación de las indagatorias restantes para junio, porque no estaban dadas las condiciones”.

   “Qué pudo haber sucedido entre la mañana y la tarde del 13 de abril? La decisión de la jueza Borruto es una burla a las víctimas de torturas en Malvinas. Dio un paso adelante y ahora da dos atrás. De este modo queda claro que en 14 años que lleva la causa ese Tribunal no tiene la intención de honrar la memoria ni la verdad, ni la necesidad de brindar justicia a las víctimas cuyo único pecado fue procurarse alimentos para poder estar en condiciones para defender a la Patria”.

   “Esta Justicia lenta, es injusta, las víctimas son doblemente victimizadas. En el siglo XXI no debería haber espacio para jugar con los tiempos legales”.

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