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El obsoleto principio del no intervencionismo

¿Es más importante el principio de la no intervención que el compromiso internacional con el derecho a la democracia y el respeto por los derechos humanos?

Rubén Perina
Por: Rubén Perina

 De ninguna manera. El principio de la no intervención se instaló en las Américas con las Doctrinas de Calvo y Drago (siglo XIX) para proteger jurídicamente (en vano) a las nacientes naciones del retorno del colonialismo/imperialismo europeo y el intervencionismo norteamericano. Últimamente, su validez, sin embargo, se ha disipado debido a los desarrollos del mundo contemporáneo.

El principio es obsoleto, inservible, en el sistema internacional actual, cada vez más poroso, interdependiente y globalizado, con actores estatales y no estatales, hasta ocultos en el ciberespacio. La soberanía absoluta no existe. La interconexión e interdependencia entre naciones es tal que no hay eventos de relevancia mundial que se limitan a las fronteras de cada país.

Todos tienen causas internas y consecuencias externas inevitables y estas a su vez se convierten en causas externas con impactos domésticos en un proceso de retroalimentación continua.

Tales fenómenos transnacionales o intermésticos (parte domésticos y parte internacionales) abundan: el terrorismo, la proliferación nuclear, el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, los ataques a la democracia, la violación de los derechos humanos, las tiranías con sus crímenes de lesa humanidad, crisis humanitarias, exiliados y refugiados, guerrilleros “proxies”, desastres naturales y cambio climático, las pandemias, las crisis financieras, las guerras comerciales y cibernéticas, entre otros. O sea, lo que ocurre en un país, particularmente si de crisis se trata, inevitablemente afecta la seguridad, la estabilidad y el bienestar de otros países.

Estos desafíos inter-mésticos no se resuelven invocando el principio de no-intervención, ni unilateralmente o aisladamente, por más poderoso que sea un país; requieren un tratamiento colaborativo y colectivo. La destrucción de la democracia y la violación de los derechos humanos en un país concierne a todos los estados-naciones democráticos.

Las autocracias y/o tiranías del mundo no solo transgreden el propio principio de no intervención que dicen defender, sino que amenazan la estabilidad, la paz y el bienestar de las democracias del mundo liberal.

En los últimos años, el principio de la no intervención ha sido utilizado por dictadores para ocultar su tiranía y abusos de poder, su fraude electoral, sus atrocidades humanitarias y sus violaciones a los derechos humanos y políticos de sus oponentes, incluyendo sus crímenes de lesa humanidad. Así lo ha hecho el régimen chavista por más de 20 años y el régimen castrista por más de 60 años.

El principio de la no intervención, por lo menos en las Américas (y en la Unión Europea), ha sido superado por el compromiso de todos los estados del hemisferio (excepto Cuba) de promover y defender la democracia representativa, así como por el derecho de los pueblos a la democracia y por la obligación de sus gobiernos a promoverla y defenderla –conceptos establecidos en la Carta de la OEA (1985), en su Carta Democrática Interamericana (2001) y en el Protocolo de Ushuaia (1998) del Tratado del Mercosur.

La evolución de estos compromisos y derechos en el sistema interamericano, sintetizados en el principio de la “promoción y defensa de la democracia,” se examinan en los trabajos de Mauricio Alice, Michel Arrighi, Tom Farer, Heraldo Muñoz, Fernando Tesón, el Comité Jurídico Interamericano, y en mi libro “The Organization of American States as the Advocate and Guardian of Democracy”.

La promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos ha sido una histórica aspiración de los demócratas del hemisferio, no una imposición de Estados Unidos, como algunos propagan.

Su cristalización en instrumentos inter-americanos ha sido un logro continental y se ha convertido en una obligación y compromiso colectivo, así como en el valor supremo del hemisferio. Cualquier amenaza contra ellos es una amenaza contra todas las democracias.

Por otra parte, lo que es “intervención” para unos es salvación para otros. En el caso de la dictadura chavista/madurista, sus aliados internacionales han invocado el principio de no intervención para protegerla.

Pero para los estudiantes, periodistas, políticos y ciudadanos venezolanos que denuncian la tiranía, la “intervención” de la comunidad internacional representa la protección de sus derechos y libertades, y por eso claman su presencia y la activación de la Carta Democrática.

Para ellos el verdadero “intervencionismo” proviene de los servicios de inteligencia castristas que protegen a Maduro, así como de las autocracias china y rusa que sostienen al régimen, amenazando además la región.

La imposición norteamericana de sanciones diplomáticas, comerciales y financieras para restaurar la democracia en Venezuela no es injerencia en sus asuntos internos; coincide con pronunciamientos de condena contra el régimen de la mayoría de los Estados miembros de la OEA, del TIAR y del Grupo de Lima, que lo considera además una amenaza para la paz y seguridad de la región.

El Mercosur suspendió a Maduro en 2017 y Cumbre de las Américas lo excluyó en 2018. En la década de 1970, el “intervencionismo” de la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos de la OEA en Argentina salvó la vida de numerosos opositores al régimen militar y expuso al mundo su terrorismo de estado.

Hoy día “intervenir” a favor de la democracia para defenderla y restaurarla es un valor supremo y no constituye injerencia indebida en los asuntos internos de un estado, particularmente si es un Estado-parte de los instrumentos y compromisos interamericanos.

De hecho, estos se han utilizado varias veces desde 1991 para prevenir la ruptura del orden democrático o contribuir a restaurarlo en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.

La vigencia de la democracia y el respeto por los derechos humanos, además, son garantía de solidaridad, cooperación y paz en la región; las democracias genuinas no guerrean entre sí, mientras que las dictaduras son un peligro para la estabilidad y seguridad de la región.

Estos son los principios prioritarios en las Américas, no el obsoleto principio de la no intervención.

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