Abogados respaldan a fiscales que investigaron la Causa Fappo y recibieron "aprietes"

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia dio a conocer una declaración de apoyo al fiscal Lucio Otero, quien reveló que él y el resto del equipo que investigó los desvíos de fondos en el Caso Fappo recibieron presiones y amenazas que pretendían frenarlos en su labor.

"Recibimos amenazas, denuncias de jury, aprietes hasta de nuestra gente", expresó Otero en sus redes sociales, señalando que en esas condiciones tuvieron que desentrañar las irregularidades cometidas por un grupo de funcionarios y allegados de la gobernación de Domingo Peppo con fondos millonarios que se desviaban a través del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo).

El escándalo llegó a juicio gracias al trabajo de los fiscales Otero, Graciela Griffith Barreto y Nélida Villalba, y la semana pasada el proceso concluyó con dos condenas, una a siete años de prisión para el exsecretario general de la gobernación Horacio Rey, y otra a cinco años para Gustavo Katavich, considerado parte de la asociación ilícita que malversaba el dinero.

Solidaridad institucional     

En un comunicado enviado a NORTE, el Consejo de Abogados expresa "su solidaridad institucional con el señor fiscal (Otero), destacando la necesidad fundamental de preservar y garantizar, por todos los medios a nuestro alcance, la imprescindible garantía de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que acompaña al primero en su labor de impartir justicia".

"Resaltamos y reconocemos la labor de los agentes fiscales, que han instruido y siguen haciéndolo, las causas vinculadas con el mal que aqueja al sistema democrático que es la corrupción pública, comprendiéndose allí todos los delitos que detraen fondos públicos que deben destinarse a satisfacer las infinitas necesidades que giran en torno al bien común, incluyendo los derechos de los más vulnerables y necesitados, para aplicarlos al interés individual e ilícito", marca la entidad profesional.

Luego recuerda que "esos esquemas de corrupción pública extendidos por todo el mundo, incluyen como mecanismos para su instalación y reproducción la constante amenaza contra la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público, mediante formas similares a las que han sido denunciadas por el doctor Otero en las manifestaciones que provocan nuestra solidaridad".

Los abogados ponen en foco que el hecho de que las presiones hayan en algunos casos provenido de la propia estructura  judicial constituye "un grave hecho de afectación a su independencia como magistrado", por lo que insta a Otero a "dar a conocer los nombres de quienes hubieran incurrido en esa repudiable conducta, reiterando nuestro apoyo para perseguir y castigar a los responsables bajo el imperio del Estado democrático de Derecho".

"Como parte de esa corrupción pública, por lo menos en el grado de la complicidad o el encubrimiento, lo saludable es que esas maniobras se denuncien, persigan y sancionen, pues debe ser compromiso de todos la lucha implacable contra lo que la propia Constitución Nacional en su artículo 36 califica como un atentado contra el sistema democrático",  concluye el Consejo de Abogados.