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La pandemia golpeó con dureza a América Latina

En América Latina la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron niveles que no registran precedentes en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.

También se observa que, pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para atenuar el impacto del Covid-19, hubo un empeoramiento de los índices de desigualdad y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia.

Así lo advierte un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estima que el total de personas pobres en la región trepó a 209 millones a finales de 2020. Esto quiere decir que hay 22 millones de latinoamericanos pobres más que el año anterior.

América Latina no es la región más pobre del planeta, es cierto. Pero desde hace mucho tiempo es la más desigual. Y la llegada de la pandemia empeoró la vida de millones de personas en toda la región. El nuevo informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala además que la pandemia irrumpió en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales.

La crisis sanitaria, además, puso en evidencia las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.

Según la Cepal, en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó 33,7% de la población de América Latina y el Caribe. El documento, que lleva por nombre “Panorama Social de América Latina 2020”, revela, por otra parte, que persisten las brechas entre grupos de población.

En efecto, se constató que la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos. De acuerdo con este informe, el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor si los gobiernos de la región no aplicaban medidas para transferir ingresos de emergencia a los hogares.

En ese sentido, el documento señala que los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas. Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado 15,8% y la pobreza 37,2% de la población.

La titular de la Cepal, Alicia Bárcena, advirtió que la pandemia dejó en evidencia y exacerbó las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. En la parte del informe dedicada a la Argentina, el informe del organismo que depende de la ONU señala que la pobreza en nuestro país trepó a 38,8% y el desempleo superó 20% por la pandemia.

Pero reconoce, por un lado, que el país ya estaba “en una situación económica particularmente vulnerable” antes de la crisis sanitaria y, por otro, que la asistencia conocida como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aplicada por el gobierno nacional para amortiguar el impacto de Covid-19 evitó que los indicadores fueran aún más preocupantes.
Volviendo al panorama regional, la Cepal considera que es fundamental garantizar la protección social universal como medida central de una agenda que permita avanzar hacia Estado de bienestar en los países de América Latina.

Sostiene que es necesario, en el corto plazo, implementar o continuar las transferencias de emergencia propuestas por la Comisión: ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; mientras que en el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central de un nuevo Estado de bienestar.

El desafío para dejar atrás la pobreza y erradicar la desigualdad es enorme para los países de la región. Por eso es necesario superar los enfrentamientos internos y promover la solidaridad para comenzar la construcción de sociedades más justas.