Lo que se usa ahora es ser estratégico
El error, probablemente, haya sido esperar que el acceso de la población a las vacunas contra el coronavirus estuviera organizado como si fuésemos un tipo de sociedad que no somos. Porque si por un instante hubiésemos recordado los vicios, tramoyas y trampas que imperan en nuestra convivencia diaria, habríamos asumido desde el vamos que las inmunizaciones también iban a ser un escenario de ventajismos y acomodos similares a los que vemos cotidianamente en todos los terrenos.
A favor de aquella ingenuidad vale anotar la sensibilidad del tema, que es una cuestión de vida o muerte para miles de personas. Al fin de cuentas, que alguien se “adelante en la fila” -tal la metáfora utilizada por el presidente de la Nación en el caso del vacunatorio VIP del Ministerio de Salud de la Nación- puede tener como consecuencia que la vacuna llegue tarde -o nunca llegue- para aquel que podría haber sido inyectado antes si otro no se hubiese puesto indebidamente por delante.
En los días que pasaron, en el Chaco fuimos enterándonos de que diversas personalidades y diferentes sectores accedían a las vacunas sin necesidad de ser médicos ni policías ni docentes ni adultos mayores de 60 años, los grupos que habían sido definidos desde un principio como los que con más urgencia había que proteger.
Primero fue la utilización de aparentes “dosis sobrantes” en el Hospital Perrando para algunos convidados especiales -familiares, amigos, un cura, algún comunicador social- y luego llegaron los packs “institucionales”. Con la excusa de sus roles “estratégicos”, se pusieron por delante de médicos, docentes y ancianos, integrantes de la Justicia provincial y de la federal, del Instituto de Seguridad Social (Insssep), de Pami y de otras entidades que posiblemente lo hayan hecho con más discreción o que todavía no concretaron su propia movida inmunizante.
ESTRATÉGICAMENTE ESTRATÉGICO
El sello de lo “estratégico” está bien pensado. Al ser una calificación tan subjetiva, cualquiera puede ser parte de un servicio estratégico. Lo es el médico que cura, pero también la señora que nos atiende en el supermercado, el técnico que restablece la señal de Internet, el recolector de residuos, y el señor que estratégicamente lava los parabrisas debajo del semáforo y así ayuda a reducir la siniestralidad vial. Pero, claro, a la hora de los bifes (y de las jeringas) lo que define todo es la capacidad de lobby de cada actor.
En el caso del Insssep, la vacunación interna se supo por una filtración. La idea, claramente, era que el asunto no se conociera públicamente. Cuando el secreto se quebró, las autoridades del organismo salieron a dar las explicaciones con una forzada naturalidad. Antonio Morante, presidente del Instituto, dijo que el operativo se enmarcaba en lo dispuesto por el decreto 1891/20, dictado en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo para delimitar las prioridades en materia de inmunización contra Covid-19. ¿Por qué no hubo difusión de la medida, entonces, si todo era correcto?
En ese decreto, sin embargo, aunque se habla vagamante de la posibilidad de incluir a “poblaciones estratégicas definidas según disponibilidad de dosis”, los cuadros que lo componen son muy precisos en cuanto a cuáles eran los grupos prioritarios para las dosis que fueran llegando a la provincia: adultos mayores, personal sanitario, fuerzas de seguridad, docentes y personas de 18 a 59 años de edad con enfermedades crónicas que pueden potenciar la capacidad de daño del coronavirus (diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, etcétera).
El miércoles pasado llegó el turno de la Justicia federal, con una vacunación delivery que habría incluido a todo el personal -excepto a aquellos agentes que no deseaban ser inoculados- de los tribunales locales de ese fuero, no solo a magistrados y funcionarios.
Sobre el final de la semana surgió el aviso de otro operativo selectivo, esta vez para la Justicia provincial. En su favor se puede decir que fue el único que se difundió anticipadamente, mediante un comunicado del Superior Tribunal. Se concretará a partir de mañana y alcanzará a magistrados, funcionarios y empleados de más de 60 años de edad o que padezcan comorbilidades.
Todo indica que las inmunizaciones a pedido no terminarán aquí. El problema es que, simplemente, no están bien. Sería diferente si todas las vacunas necesarias estuviesen ya disponibles en el Chaco para proteger a todas aquellas personas que corren el riesgo de morir en caso de contraer coronavirus. Si fuese así, las vacunaciones sectoriales agregarían, como mucho, una mayor comodidad para acceder a las dosis, sin largas filas bajo el sol ni esperas extensas. Pero estarían disponibles para todos al mismo tiempo.
En vez de eso, lo que hay de momento es una llegada por goteo de las vacunas. Todavía son pocas las dosis que pudieron aplicarse (en relación con la población total por atender), y aun así el Estado se da el lujo de no utilizarlas a todas únicamente para las personas más expuestas a un trance grave -potencialmente letal- por la pandemia en desarrollo. Una parte de lo poco que llega se destina a gente que está en mejores condiciones de superar un contagio. Y se posterga a hombres y mujeres que cruzan los dedos para llegar a la inmunización antes de que el Covid los alcance a ellos.
Según la página web del gobierno nacional que permite un monitoreo del avance del plan de vacunación en todo el país, hasta ayer en el Chaco se habían aplicado en total 38.310 dosis. No equivalen a igual cantidad de personas porque 8.291 aplicaciones corresponden a segundas dosis inyectadas a sujetos que ya habían recibido una primera antes.
Es decir que hasta aquí fueron vacunadas en nuestra provincia -redondeando cifras- unas 30.000 personas, muchas de las cuales todavía necesitan completar su protección con una segunda dosis. En el decreto 1891/20 la población prioritaria que se define abarca a un universo de 330.000 habitantes (también utilizando números redondos). Y estamos hablando solamente de los prioritarios: mayores de 60, personal de salud, maestros, policías, penitenciarios y portadores de comorbilidades. La población total del Chaco hoy ronda las 1.200.000 personas.
Pasándolo en limpio: hasta ahora se ha podido vacunar (y en muchos casos solo parcialmente) a una décima parte de nuestra población más necesitada de inmunización. Todavía no está completamente cubierta la planta de médicos, enfermeros y auxiliares de los sistemas público y privado de salud (a una proporción de ellos les resta recibir la segunda inyección). No se ha concluido la vacunación a mayores de 80 años (pero sí hay que destacar la organización, el orden y la amabilidad volcados hasta ahora en esos operativos). Hay 55.000 docentes en el sistema educativo, y las dosis destinadas al sector cubren por ahora apenas el 5% de ese conjunto. Según la dirigencia gremial del sector, ningún maestro con labor en aulas recibió todavía su dosis.
La inequidad y el carácter selectivo de los operativos mencionados antes en ciertos organismos o poderes del Estado quedan claros con los mayores de 60 años: no se realizaron todavía operativos específicos para ellos (son en total 152.087 personas, incluyendo a los mayores de 80). Pero sí para aquellos de esa franja etaria que tienen la suerte de pertenecer a alguna de las instituciones que obtuvieron fila propia.
En el caso de la Justicia provincial, la jueza Isabel Grillo, integrante del Superior Tribunal, tomó la decisión personal de no vacunarse en el operativo interno del Poder Judicial. Lo hará, dijo, cuando la vacuna esté disponible para todos los ciudadanos que superen -como ella- la línea de los 60 años. Es probable que esa elección le acarree, allá en las alturas del poder público, más recriminaciones y malos momentos que si hubiese optado por inmunizarse antes que el resto. Desde hace mucho en nuestro país no se paga un precio por hacer las cosas del modo indebido. Se paga por hacerlas bien. Una complicada enfermedad social contra la cual, de momento, no hay vacuna a la vista.
