Defensor del Pueblo: una designación muy cuestionada

Después de casi de un año de negociaciones, propuestas y contrapropuestas, la Cámara de Diputados de la provincia consiguió consensuar los nombres para conducir la Defensoría del Pueblo, un instituto con rango constitucional que había quedado virtualmente acéfalo tras el vencimiento de los mandatos de Gustavo Corregido y Hugo Maldonado.

En rigor, el acuerdo se logró entre los legisladores de los bloques parlamentarios mayoritarios del Frente de Todos y la UCR, y si bien hubo disidencias aún al interior de esos espacios; el proceso en general y las designaciones, en particular, generaron fuertes cuestionamiento no sólo entre quienes conformaron la lista creen no haber tenido chances por no tener ‘respaldo político‘, sino por referentes de las fuerzas vivas como el titular de Ciudad Limpia, Carlos Alabe, quien no dudó en asegurar que ‘estos serán los defensores del Gobierno y no del pueblo‘.

Los elegidos en cuestión fueron, como defensor del Pueblo Bernardo Voloj, quien entre otros cargos detenta haber sido subsecretario de Ambiente de Resistencia durante la gestión del hoy gobernador, Jorge Capitanich; mientras que como defensor Adjunto.

En tanto, la oposición ubicó a Hugo Maldonado, de dilatada trayectoria en cargos electivos y ejecutivos quien, en rigor continuará en ese puesto un mandato más puesto a que ya había acompañado al saliente Corregido.

DEFENSORÍA REAL

‘El defensor del Pueblo parece más defensor de los Gobiernos‘, sentenció Alabe en diálogo con NORTE, y consideró que hace tiempo ‘vienen como disociados: las necesidades de la gente son unas y las agendas del Gobierno, otras‘.

En esa línea, marcó que ‘como defensor del Pueblo debería surgir alguien que esté en el equipo del pueblo, porque si no termina siendo producto de un acuerdo que tejen y manejan los bloques mayoritarios‘.

Alabe puntualizó que si bien los diputados son representantes del pueblo elegidos por éste, ‘nosotros no nos sentimos representados porque estas cuestiones terminan resolviéndose por acuerdos de los cuales no participa el pueblo‘.

‘Escuché a Voloj y Maldonado que, además, admite que el Adjunto hoy por hoy es una figura decorativa: de ser así, quienes ocuparon ese cargo deberían devolver los sueldos‘, señaló.

El titular de Ciudad Limpia consideró que ‘hay un error en algún lugar de la Constitución o en la ley porque necesitamos un defensor del Pueblo y no de los partidos políticos‘.

‘Lo que siente la ciudadanía, es que no hay un espacio o lugar por donde canalizar reclamos o impulsar proyectos, y eso da la pauta de que el defensor termina siendo de los partidos políticos: si continuamos así, lo más lógico sería cambiarle el nombre al instituto‘, cuestionó.

Martínez: “Se repite la conducta de la corporación política”

El ex legislador provincial e integrante de la lista de 41 aspirantes que compulsaron por el cargo de Defensor del Pueblo, Carlos Martínez, expresó tras la decisión de la Cámara de Diputados que “se repite la misma conducta de la corporación política de los últimos años”.

En ese sentido, remarcó que el Poder Ejecutivo “coloca” en ese lugar a un ex funcionario (por Voloj) y la primera minoría coloca, por tercera vez consecutiva a alguien “de su palo” (por Hugo Maldonado).

El referente de Libres del Sur consideró en consecuencia que esto es “negativo para la gente”, debido a que “un funcionario que es Defensor del Pueblo que responde al Poder Ejecutivo, lo más probable es que se maneje como sus antecesores, esto es, mirando para otro lado cuando hay cuestiones que afectan a la comunidad, en tanto y en cuanto comprometan al Poder Ejecutivo”, resumió.

En cuanto al defensor Adjunto, entendió que es un cargo “que no sirve para nada”, y consideró que debe existir una modificación en sus funciones.

“Es una burla para los ciudadanos”

La abogada Cecilia Rivero, una de las impulsoras de luchas como la de los vecinos de Resistencia contra el “impuestazo”, también formó parte de la lista de candidatos; y tras la elección expresó su decepción por el resultado final. “Creo que las designaciones son una burla a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros”, sentenció.

En esa línea, remarcó que “somos muchos los que buscamos una oportunidad para trabajar atendiendo las necesidades de la comunidad, porque conocemos el territorio y sabemos del estado de indefensión de muchos ciudadanos”.

Rivero apuntó que “más allá de los títulos que tenga una persona, debe contar con empatía con el pueblo, y estar convencido de defensor sus derechos de los excesos que puedan cometerse desde el Estado mismo”.

“Se nota que acá es al revés: en lugar de los intereses ciudadanos estos señores van a defender a Gobiernos”, analizó y entendió que el voto popular podría ser la alternativa para la selección más profunda y transparente”.