Bernardo Voloj y Hugo Maldonado estarán al frente de la Defensoría del Pueblo

Luego de innumerables idas y venidas durante todo 2020 que incluyó la renuncia de candidatos en procura de que se alcances los acuerdos, la Legislatura avanzó en la demorada normalización de la Defensoría del Pueblo para designar a Bernardo Voloj como titular y a Hugo Maldonado como adjunto, ambos obtuvieron 25 votos cuando se precisaban 22.

Entre las abstenciones para votar se cita a Aurelio Díaz, que esgrimió razones que estas autoridades deben designarse por el voto popular de lo contrario quienes luego tienen el acompañamiento lo logran por alguna pertenencia partidaria.

El exfuncionario tuvo el acompañamiento de gran parte de la bancada oficialista y un sector de la UCR y fue propuesto por el presidente del bloque Juan Manuel Pedrini, que destacó la trayectoria del elegido en su rol de paso por la función pública y como docente.

“Es un abogado de 38 años con la solvencia y experiencia suficiente”, describió Pedrini por quien fuera secretario de Ambiente del Municipio capitalino, actualmente profesor universitario y también formado en lo que hace a ambiente y normativas sobre defensa del consumidor.

Teresa Cubells, del Frente Grande pero también parte de la alianza oficialista, propuso a Silvina Canteros tanto por para la titularidad como para que sea adjunta en línea con el proyecto de ley que presentó y se sancionó en pleno proceso de selección de que el instituto constitucional tenga paridad de género.

En tanto, el radicalismo con Carim Peche como presidente de bloque condicionó el acompañamiento a Voloj si el oficialismo acompañaba un proyecto de ley autoría del bloque opositor en el cual se modificaban y ampliaban las funciones del defensor Adjunto, al señalar que actualmente ostenta un rol casi testimonial y la intención es equiparlo con el titular.

Recordaron que durante la gestión anterior, en varias oportunidades en las que Maldonado intentó intervenir por demandas ciudadanas se dieron contrapuntos con el entonces ombudsman Gustavo Corregido, que reprobaba administrativamente las acciones del adjunto. “No podía presentar un escrito en un juzgado porque decían que no tenía autorización”, recordó el diputado Livio Gutiérrez.