El proyecto para el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública será tratado en sesión

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción del Senado, dispone que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá contar con aval parlamentario mediante una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente.
 

Tanto Heller como Vallejos destacaron la decisión que implica la participación del Congreso para avalar cualquier negociación sobre toma de deuda en moneda extranjera para gastos corrientes. “Es muy saludable que se dote al Estado de una herramienta de elevación de la calidad democrática”, resaltó Heller. En la misma línea, Vallejos ponderó el hecho de que se incluya al Parlamento “en decisiones que son absolutamente estratégicas y comprometen el futuro de nuestro país”.

En su articulado, la iniciativa establece que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio".

Al rescatar la incorporación por parte del Senado para que los acuerdos con el FMI deban ser tratados en el Congreso, Jorge Sarghini, desde el bloque Consenso Federal, expresó que “vemos con buenos ojos este proyecto y estamos dispuestos a acompañarlo”, pero advirtió que “habría que haber sido más profundos en este tema”. Desde Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, valoró que “desde el Congreso recuperamos un rol y una de las facultades constitucionales más importantes”.

Luciano Laspina, del PRO, anticipó que acompañarán el proyecto ya que “está orientado en devolverle facultades al Congreso en la delegación al Poder Ejecutivo del manejo de la deuda en cada ejercicio presupuestario”. En contrapartida, el diputado santafesino criticó que la norma “tiene severos errores técnicos y de técnica legislativa porque genera superposiciones o contradicciones con la ley de administración financiera”.