Regreso a las aulas en tiempos de Covid-19

Así lo señala Unicef Argentina, que recomienda además que, en caso de tener que volver a aplicar medidas de confinamiento, las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones.

Si bien el escenario que se presenta hoy no es el mismo que el del año pasado cuando
se conocía muy poco sobre el comportamiento del virus SARS-CoV-2 y las distintas
vacunas estaban en su etapa inicial de desarrollo, es importante tener en claro que la
pandemia todavía no ha sido vencida. Y por eso es necesario seguir con los cuidados
para evitar la propagación del coronavirus.

Según Unicef, el impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial.
Los expertos del organismo advierten que el confinamiento afectó no sólo los aprendizajes,
sino también la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en todos
los países.

Por otra parte, señalan que la evidencia muestra que son los chicos y chicas
más de las familias más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias.
Un informe elaborado por la oficina local de esta agencia de Naciones Unidas observa
que, como en muchos países, en la Argentina también se ha identificado el impacto secundario de esta emergencia en la situación emocional de chicos y chicas, en cambios
en los hábitos de sueño y alimentación en los más pequeños, y angustia y depresión
en los mayores, cambios que afectan el desarrollo emocional y cognitivo.

“La escuela, más allá de su función primaria en el aprendizaje, tiene un rol central en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes”, sostiene el documento.
Unicef sostiene, además, que la información más reciente disponible a nivel mundial
indica que, con las medidas de seguridad necesarias, las escuelas no son el principal
factor de transmisión del virus en la comunidad.

“Mientras continúan surgiendo evidencias con respecto a los efectos de la educación presencial sobre el riesgo de infecciones por Covid-19, una revisión de la evidencia actual muestra que la educación presencial no parece ser el principal promotor de los incrementos de la infección, los estudiantes no parecen estar expuestos a mayores riesgos de infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela cuando se aplican medidas de mitigación, y el personal escolar tampoco parece estar expuesto a mayores riesgos relativos en comparación con la población general”, sostiene el informe del organismo internacional.
Por estos motivos, observa Unicef, el cierre de las escuelas debe ser una medida de
último recurso que solo deberá tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones
disponibles.

En el Chaco se espera que el ciclo lectivo se inicie el primer día de marzo y todo indica
que será así si continúan los actuales indicadores sanitarios, aunque no está de más
decir que un empeoramiento de la situación epidemiológica puede llevar a postergar el
comienzo de las clases.

De todos modos, vale hacer otra observación: la epidemia no se presenta de manera homogénea y uniforme en todo el país, ni en toda la provincia. Algunos investigadores, por ejemplo, observan que conviene hablar de una epidemia de ciudades o, si se prefiere, de conglomerados urbanos. Por eso será necesario evaluar en cada localidad el riesgo de transmisión y a partir de ahí se tendrán que tomar las decisiones sobre la apertura o no de determinado establecimiento educativo.

Esto mismo es lo que plantea Unicef, cuando señala que donde existan altos niveles de transmisión comunitaria, los sistemas de salud estén sobrecargados y el cierre de las escuelas sea inevitable, “deberán establecerse medidas alternativas y fortalecer las condiciones para asegurar la continuidad de los aprendizajes y el seguimiento de la situación de los niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en el acompañamiento de aquellos que residen en contextos de mayor vulnerabilidad, aislamiento o que tengan necesidades particulares”.

Debemos coincidir, entonces, con lo que remarca la agencia de la ONU cuando plantea
que a partir de los protocolos acordados en el Consejo Federal de Educación de Argentina,
el proceso de vuelta a clases presenciales requiere el consenso de los distintos
sectores para planificar los cuidados, garantizar una movilidad segura a las escuelas y
sostener servicios básicos de protección, y remarca que el derecho a la educación debe
estar por encima de las diferencias políticas partidarias.