El Estado recaudó más de $600.000 en multas por violar las restricciones

A poco más de 15 días de la entrada en vigencia del régimen sancionatorio que pena con importantes sumas de dinero a quienes incumplen las restricciones a la circulación y aglomeración de personas, el Estado provincial logró quedarse con unos 670.000 pesos, por el pago de multas surgidas de la violación a los decretos vigentes.

Así lo confirmaron a NORTE fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, bajo cuya órbita se encuentra la Dirección de Juzgamiento Administrativo de Infracciones de Tránsito, que se encarga de resolver la situación de las personas sancionadas.

Los montos recaudados, tal como lo dispone la normativa vigente, se destinan a las acciones tendientes a combatir a la pandemia en la provincia.

Las penas en pesos comenzaron a regir a partir del 11 de enero, a virtud del Decreto 15/2020, que complementa las restricciones a la circulación implementadas por el Gobierno provincial para mitigar la propagación del coronavirus.

La prórroga de este decreto hasta el 31 de enero mantiene vigentes también las sanciones que van desde los 102.935 pesos (máxima) para quienes circulen sin permiso durante la alarma sanitaria; a los 411.740 pesos (máxima) para los propietarios de locales donde se realicen fiestas clandestinas.

Además, el régimen establece una pena de 205.580 pesos (máxima) para quienes convoquen, organicen y concurran a las fiestas clandestinas.

RESPUESTAS DISPARES

El subsecretario de Seguridad Vial, Juan Basail, explicó que, desde la entrada en vigencia de las sanciones monetarias, “se nota una respuesta importante en las calles”, y fundamentalmente, en el cumplimiento de las pautas por parte de los “locales nocturnos”.

“Durante todo este tiempo hicimos los controles, pero evidentemente el hecho de que la multa repercuta directamente en el bolsillo genera otra reacción”, explicó. Los operativos se realizan de manera conjunta con funcionarios municipales, con lo cual no solo se multa la infracción al decreto vigente sino que suelen caer otras sanciones para este tipo de locales.

“Hasta aquí, los propietarios de los predios que fueron sancionados son los que más reacios a pagar la multa se muestran”, apuntó Basail.

IMPORTANTE RECUPERO

La respuesta más contundente en lo que lleva vigente el régimen sancionatorio se dio por parte de quienes fueron multados por circular sin permiso durante la alarma sanitaria.

Para esta infracción, el decreto establece una pena máxima de cinco salarios mínimos vitales y móviles, pero esta variante solo está prevista para casos de reincidencias. Muchas de estas sanciones terminan además con el secuestro de los vehículos, que son enviados a la Escuela de Policía, hasta ser retirados por sus propietarios.

“El 90% de las motos y los autos que se han secuestrado en estos operativos ya fue recuperado”, aseguró Basail. Por estas horas, quedan alojadas 126 motos y 12 vehículos del área metropolitana.

Finalmente, recordó que las personas sancionadas deben acudir a la Dirección de Juzgamiento Administrativo de Infracciones de Tránsito ubicada en la calle Carlos Pellegrini N° 23, en horario matutino de 7.30 a 13 y vespertino de 13.30 a 19.

Un solo caso fue judicializado

Una de las primeras especulaciones que se tejieron en torno a las sanciones monetarias por incumplir las restricciones tuvo que ver con la eventual judicialización de los procesos para evitar el pago de las multas.

Sin embargo, hasta el momento, según las fuentes consultadas por NORTE, solamente una infractora intentó recurrir a la Justicia para resolver su situación.

Se trata de la hermana del presidente del Interbloque radical, Carim Peche, quien resultó sancionada junto a un sobrino del legislador el fin de semana del 15 de enero, en el marco de un escándalo de grandes proporciones.

Desde el Ministerio de Seguridad, recordaron que el incumplimiento en el pago de las sanciones puede generar inconvenientes como impedir a las personas ser proveedores del Estado.