El problema del aumento especulativo de precios
Como suele ocurrir cada vez que llegan las fiestas de fin de año y que los consumidores tienen mayor capacidad de compra por el cobro del medio aguinaldo, en los últimos días los precios de algunos productos de consumo masivo volvieron a mostrar incrementos en el mercado local. Estas prácticas abusivas obligan a adoptar medidas por parte de los organismos de control de la provincia y los municipios para evitar que se produzcan aumentos injustificados que conspiran contra la recuperación del mercado interno.
La picardía que unos pocos sacan a relucir cada vez que la gente tiene más dinero en los bolsillos no es, en rigor, una práctica nueva. A lo largo de la historia de la economía argentina el “sálvese quien pueda” ha sido, lamentablemente, casi un deporte nacional. Es muy probable que las recurrentes crisis que sacudieron al país (la Argentina pasó un tercio de los últimos 65 años en recesión) hayan dejado algún tipo de huella psíquica en aquellos para los que cualquier excusa es válida para aumentar los precios de los productos que venden. Si así fuera, la solución para evitar eso sería más compleja porque, más allá de que existen disciplinas de la ciencia que realizan enormes esfuerzos para comprender los factores que afectan a la toma de decisiones económicas, la compulsión por remarcar precios de algunos entraría más bien en el terreno de la atención psicológica. Por eso, mal que les pese a los conspicuos seguidores locales de Ludwig von Mises y la escuela austríaca de economía que aborrecen de la intervención del Estado en sus diversas formas, una efectiva política de controles de precios -sobre todo en el rubro de alimentos- es lo que se necesita en estas circunstancias. Está claro que a nadie le gusta los controles y que lo ideal sería la autorregulación de los que tienen el poder de fijar precios. Pero el mercado perfecto no existe en ningún lado, salvo en los libros de economía. De manera que en estos momentos, en los que se necesita en forma imperiosa que la economía logre superar de la mejor manera posible el aislamiento que sufrieron los distintos eslabones de la cadena de producción y consumo, los controles de precios pueden ser el mejor remedio, amargo para algunos, pero remedio al fin.
Suele pasar también que los mismos que en las fiestas de fin de año remarcan los precios en forma injustificada, es decir por pura especulación, son los que despotrican contra cualquier medida que intente poner en marcha la economía. Son los que alimentan el círculo vicioso del deterioro económico.
El Banco Mundial presentó en mayo del año pasado en la Cámara Argentina de Comercio un documento titulado “Hacia el fin de las crisis en Argentina. Prioridades para un crecimiento sostenible y prosperidad compartida”. Según este trabajo del organismo internacional, entre 1950 y 2016, el país estuvo un 32 por ciento de ese período de tiempo con caída de la actividad. En otras palabras, como se dijo más arriba, la Argentina pasó un tercio de los últimos 65 años en recesión. Los autores de ese documento observan, por otra parte, que fueron catorce las recesiones que atravesó la sociedad argentina en el período analizado. Hay un dato que es aún más preocupante: tantos años con falta de crecimiento no se registró, al menos hasta ahora, en ningún otro país del mundo, excepto la República Democrática del Congo, que tuvo en 2018 una tasa de inflación anual de 50 por ciento y en estos días padece, además de altos niveles de pobreza, el peligroso avance de la pandemia.
¿Hasta dónde la compulsión por remarcar precios, la inclinación desmedida por la especulación y el egoísmo del “sálvese quien pueda” son responsables de las recurrentes crisis que sufre toda la sociedad?
En medio de una crisis sanitaria que golpea a los bolsillos de la gran mayoría de las familias es muy importante la presencia del Estado para frenar estos abusos, fundamentalmente en lo que hace a los precios de alimentos básicos. Se deben adoptar medidas que impidan las prácticas especulativas, con un seguimiento de los costos que permitan conocer si existe o no alguna racionalidad en los incrementos. Estas medidas, además, deben garantizar que las personas con menores ingresos puedan acceder a los alimentos en el actual contexto de incipiente recuperación de la economía.
