La vacuna contra el Covid y el ejemplo de Jonas Salk
Un grupo de organizaciones internacionales advirtió que a pesar de que la pandemia provocó una emergencia sanitaria que amenaza a toda la población mundial, 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra Covid-19, mientras las naciones más ricas siguen acaparando dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población. Denuncian que, de esa manera, se atenta contra los esfuerzos para garantizar de manera equitativa el acceso a la vacuna en las regiones más postergadas.
Steve Cockburn, director del área de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, consideró que la actitud asumida por las naciones más desarrolladas, con compras masivas de dosis para vacunar varias veces a toda su población, “socava activamente los esfuerzos mundiales para garantizar que todas las personas, en todas partes, puedan estar protegidas contra el virus”. “Los países ricos tienen obligaciones claras en materia de derechos humanos: no sólo deben abstenerse de acciones que puedan perjudicar el acceso a las vacunas en otros países, sino que deben cooperar y prestar asistencia a los países que la necesiten”, agregó el directivo de la organización.
Otras de las organizaciones internacionales que alzaron sus voces junto a Amnistía para denunciar el acaparamiento de dosis son Global Justice Now, Frontline AIDS y Oxfam. Juntas formaron una alianza para reclamar que la vacuna contra el nuevo coronavirus esté disponible para todos como un bien común mundial. Para lograr ese objetivo —afirman— será necesaria una transformación en la forma en que se producen y distribuyen las vacunas: las corporaciones farmacéuticas deben permitir que las vacunas contra Covid-19 se produzcan lo más ampliamente posible al compartir su conocimiento sin patentes.
Según estas organizaciones, al menos cinco de los países que sólo podrán vacunar a una de cada diez personas —Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Ucrania— ya han notificado en total casi 1,5 millones de casos. Como contracara de esta dramática situación se ubica Canadá, que encabeza la lista con material suficiente para vacunar cinco veces a cada canadiense. Los datos que aportan las organizaciones internacionales muestran que los países ricos, que representan sólo el 14% de la población mundial, han comprado hasta el 53% de las vacunas que están más avanzadas en su desarrollo.
Para Global Justice Now todas las grandes empresas farmacéuticas e instituciones de investigación que están trabajando en una vacuna deben compartir la ciencia, los conocimientos tecnológicos y la propiedad intelectual relativos a su vacuna para que se puedan producir suficientes dosis seguras y efectivas. “Los gobiernos deben garantizar que la industria farmacéutica antepone la vida de las personas a los beneficios”, reclamó la organización.
En junio pasado durante la celebración de la Cumbre Global de Vacunas, el secretario general de la ONU, António Guterres, remarcó que una vacuna contra Covid-19 debía considerarse “como un bien público global”. La alianza de organizaciones para reclamar una vacuna para toda la población mundial, reveló que todas las dosis de Moderna y el 96% de las de Pfizer/BioNTech fueron adquiridas por países ricos. En cambio, el laboratorio Oxford/AstraZeneca comprometió a proporcionar el 65% de sus dosis a poblaciones de países en desarrollo. El problema -advierten- es que una sola empresa no podrá abastecer a todo el mundo. Sólo el intercambio abierto de tecnología entre fabricantes de vacunas puede hacerlo posible.
La alianza pide también a los gobiernos que hagan todo lo que esté a su alcance para garantizar que estas vacunas sean un bien público gratuito para la población mundial, distribuido en forma equitativa y basado en las necesidades de cada país. Un primer paso, sostienen, sería apoyar la propuesta que han hecho Sudáfrica e India al Consejo de la Organización Mundial del Comercio en relación con la renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, ensayos y tratamientos contra Covid-19 hasta que toda la población esté protegida.
La controvertida actitud de los países ricos puso sobre la mesa el debate sobre las patentes de medicamentos. Quienes consideran que se trata de un bien social citan el ejemplo del investigador y descubridor de la vacuna de la polio, Jonas Salk, que se negó a patentar su descubrimiento por considerar que el bien de la humanidad está por encima de los beneficios personales.
