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Financistas, escribanos y compañía de seguros en la mira de la Justicia

 Sigue la investigación por lavado de dinero derivada de la resonante cau­sa Carbón Blanco.

El juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, tiene en sus manos pruebas contundentes para procesar y pedir la detención nacional e internacional de cuatro sujetos que forman parte de la causa por lavado de dinero

Sáenz Peña (Agencia). La justicia federal saenzpeñense puso el ojo en un grupo de financistas, escribanos y de una reconocida compañía de seguros, cuyo principal accionista fue el narcotraficante y organizador de la red narcocriminal Carlos Salvatore, según pudo saber ayer NORTE.

Lo que se espera se transforme en una megacausa luego del procesamiento concretado por el juez federal de primera instancia de esta ciudad, Miguel Aranda, contra seis personas, dos de las cuales ya están detenidas en esta ciudad, mientras las otras cuatro tienen pedido de captura internacional.

El juez Aranda recordó a este diario que los dos detenidos ya habían prestado declaración indagatoria en el Juzgado de esta ciudad antes de ser procesados y adelantó que no se descarta que se pueda pedir ampliación de las mismas.

“A medida que se avanzan en los detalles es posible inferir que habrá más gente investigada y algunas empresas como la aseguradora, que es muy grande y fue propiedad, casi totalmente de Salvatore y no se sabe exactamente cómo pasaron las acciones a otras personas”, expresó.

El juez Aranda, tal como lo señalara NORTE en su edición de ayer, dispuso que se procese a Sergio Daniel Salomone y se le trabe embargo por $ 425 millones de pesos; a Viviana Tejero, con la misma imputación y embargo por 425 millones de pesos; a José Gabriel Morón, procesamiento y embargo por 425 millones de pesos; a Gladys Peregal, procesamiento y embargo hasta cubrir la cifra de 425 millones de pesos; a Ariel Morón, procesado y embargado por 215 millones de pesos y para quien el juez dispuso la prohibición de salida del país; y finalmente procesó a Eduardo Antonio Macri, y pidió que se lo embargue hasta cubrir la suma de 555 millones de pesos.

En tanto, ayer el fiscal de Investigación Federal, Carlos Amad, valoró lo resuelto por el juez Aranda, destacando ante NORTE la labor impecable del Ministerio Público Fiscal, al investigar y proceder a encontrar pruebas contundentes que ameritan la imputación y las medidas adoptadas por el magistrado.

EL HILO DE LA CAUSA

La presente causa FRE 8370/2017, caratulada: “Ministerio Público de la Nación Procelac S/Sup. Infracc. Art. 303 Inc. 3 Del C.P.” surge como consecuencia de varios antecedentes que provienen de la causa madre, acreditados en el expediente en cuestión, donde se tomaron pruebas y elementos claves como reportes de operaciones sospechosas, informes contables, declaraciones juradas impositivas, libros societarios, contratos, transcripciones de interceptaciones telefónicas, peritajes respecto de celulares y equipos informáticos, correos electrónicos y documentación secuestrada en los allanamientos practicados, los cuales de forma conjunta e interrelacionada revelan el brazo financiero con el que operaron las distintas células de la organización criminal para legitimar sus ganancias provenientes del narcotráfico.

Luego del análisis de dicha información, fue posible identificar la participación de un gran número de personas físicas y jurídicas, cuyo marco de imputación criminal fuera descripto en el expediente, que obran incorporadas a la presente causa y fueran abordadas para realizar el análisis descripto.

A partir de allí, se han dispuesto la realización de distintas medidas de prueba con el objeto de corroborar la hipótesis delictiva planteada, que llevaron a la determinación del juez Aranda de procesar a los seis sujetos por el delito de lavado de dinero proveniente de la acción narcocriminal.