Críticas al impuesto a la riqueza: sumará presión fiscal y desincentivará inversiones

Hoy, a partir del mediodía, la Cámara de Diputados de la Nación avanzará en el tratamiento de varios proyectos, entre ellos, el que grava las grandes fortunas bajo el concepto de un aporte solidario que será destinado por el Estado a atender distintas necesidades en el marco de la pandemia de Covid-19 en el país. 

Rubén Piceda, ex ministro de Economía del Chaco; Alfredo González, secretario gremial de CAME y empresario pyme; y Ernesto Scaglia, secretario de Fechaco, coincidieron en la advertencia sobre el desincentivo a la inversión productiva que generará un nuevo aumento de la presión fiscal, más allá de la finalidad “solidaria” que pueda tener el gravamen; y en que el sector privado no tiene mayores márgenes para seguir pagando el gasto del Estado, sin que la clase política haga su propio aporte. 

El proyecto de ley del oficialismo para crear el "Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", conocido como impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, comenzará a debatirse hoy en Diputados. 

Según un informe que la AFIP elaboró para la discusión legislativa, alcanzaría a algo menos de 10.000 personas, las más ricas del país según sus declaraciones al fisco, y podría recaudar entre $272.500 millones y $307.900 millones por única vez. El dinero obtenido quedaría en manos del gobierno nacional, porque no se coparticiparía con las distintas jurisdicciones del país.

Según publicó el diario La Nación, desde la postura de defensa de la iniciativa se señala que el aporte extraordinario ayudaría a solventar gastos específicos del Estado, tendientes a colaborar con la prestación de servicios de salud (a ese destino se prevé destinar el 20% de lo recaudado), con subsidios a pequeñas empresas (iría otro 20%), con becas Progresar para estudiantes (20%), con obras en barrios populares (15%), y con programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural (25%).

De votarse en Diputados y en el Senado el texto del dictamen sin cambios, quedarán alcanzados los residentes en el país por sus bienes en la Argentina y en el exterior cuando el monto supere los $200 millones, según las reglas de valuación vigentes para Bienes Personales y a la fecha en que entre en vigencia la ley (y no al 31 de diciembre de 2019, como originalmente se pretendió).

“Deberían también hacerse solidarios

los grandes sueldos de la clase política”

Rubén Piceda marcó la necesidad de tener “empresarios sólidos” para hacer posible un país viable. “Nuestro sistema tributario es uno de los más costosos del mundo para el contribuyente. La presión fiscal es una de las más elevadas. La situación del país ya no admite ningún tipo de impuesto”, advirtió.

En ese marco, refirió ejemplos de argentinos que se están yendo del país a economías con menor presión fiscal, hacia donde migran su actividad, igual que también los grandes grupos. “Eso es lo nefasto para nuestra economía porque se van a producir a otro país”, indicó.

Luego, resaltó que, para que una economía funcione, es necesario reducir al menos 10 puntos la actual presión fiscal con respecto al PBI. “En este contexto de pandemia es difícil plantearlo, pero si queremos ser un país viable, producir, crecer en la economía y exportar, la clase política debe ser consciente de que este no debe ser el camino. El camino es la austeridad, el control del gasto público, eliminar el déficit fiscal y no seguir endeudándonos”, enumeró. 

En ese contexto, para el ex ministro de Economía, el impuesto a la riqueza “tiene muchas objeciones porque superpone alícuotas sobre otros impuestos vigentes, como Bienes Personales”. “Incluso este nuevo impuesto grava mayor cantidad de bienes. Es decir que estaríamos ante una duplicación de gravámenes, lo que es inconstitucional”, alertó.  

A la vez, consideró que “producirá un gran problema desde el punto de vista de la evasión que podría generar”. Y dudó del carácter de excepcionalidad: “Los argentinos ya tenemos experiencia con otros impuestos excepcionales como a los débitos y créditos, Bienes Personales y Ganancias, que nacieron temporalmente por emergencias y quedaron en forma permanente”, subrayó, y recordó que al final van gravando con el paso del tiempo con mayores alícuotas. 

Para Piceda, si realmente fuera un impuesto por única vez como un aporte solidario, deberían también hacerse solidarios “los grandes sueldos de la clase política”. “Le falta esa pata a este proyecto. Si todos los que tienen grandes salarios del Estado, que estamos manteniendo, hicieran su aporte solidario por la emergencia para mejorar el estado de salud de la población, puede tener sustento este impuesto”, trazó.  

Por último, y como contraste, puso como ejemplo la labor del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por 57 entidades empresariales, que trabaja en un proyecto de ley que otorgará al país estabilidad macroeconómica, con estabilidad fiscal y financiera. “Para ser competitivos, necesitamos bajar la presión fiscal, tasas más eficientes para poder insertarnos en el mundo, y resolver cuestiones laborales complejas”, definió, mientras estimó que la iniciativa podría ingresar para el debate legislativo antes que finalice el 2020. 

Si queremos ser un país viable, producir, crecer en la economía y exportar, la clase política debe ser consciente de que este no es el camino.

Cautela y preocupación en las pymes

“Hay que ver la letra chica”, sostuvo Alfredo González (CAME) al opinar sobre el proyecto que se debatirá en el recinto de Diputados. Y fundamentó que “puede terminar siendo un impuesto que pague más gente” que la originalmente estimada, incluyendo a “quienes tienen ahorros y no fortunas”. “Históricamente, todos los impuestos excepcionales terminaron siendo impuestos para siempre”, advirtió. 

El dirigente resaltó que las pymes ya pagan 35% de Ganancias. “Hay que prestar atención al debate legislativo porque podemos llegar a pagarlo todos los que producimos, porque si resta dinero a la actividad productiva y a las inversiones, será contraproducente en un momento en que necesitamos inversión para generar empleo”, subrayó.  

González consideró que, si realmente está dirigido a gravar la riqueza acumulada, y tiene un formato de actualización, eso hará posible “no bajar la vara”, es decir, no alcanzar a sectores productivos. “Sólo sería bueno si tiene esa orientación y sirve para dar un alivio en esta transición”, indicó. 

De lo contrario –sumó- el riesgo será que “las pymes pagarán su propio subsidio”, alertó, en referencia a una de las finalidades utilizadas por el oficialismo para fundamentar el impuesto, cuya recaudación será destinada, entre otros fines, a otorgar subsidios a las pequeñas y medianas empresas. “La Argentina no necesita más impuestos, sino racionalizar el gasto. Especialistas hablan de que somos el segundo país con la mayor presión impositiva del mundo. Todo lo que la siga agravando, complicará más la situación”, señaló.  

En esa misma línea, Ernesto Scaglia advirtió que “el ajuste siempre pasa por el privado, por quienes aportan”, mientras que “la política nunca hace su ajuste; no les interesa”. Así, advirtió que este tipo de impuestos generan mayor “inseguridad jurídica y desincentivan la inversión”.