Nuevo fallo contra el gobierno que favorece a magistrados provinciales
Se rechazaron los recursos federales extraordinarios presentados por la Provincia y la Legislatura contra la sentencia que hizo lugar al reclamo por la cuestión salarial.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrado por los jueces subrogantes Juan Martín Bogado, Fernando Adrián Heñin, Adrián Fernando Farías y Sergio Ramiro Cáceres Olivera rechazaron los recursos extraordinarios federales de la Fiscalía de Estado, en representación de la Provincia del Chaco y del Poder Legislativo, contra el fallo dictado en la causa Alonso de Martina, que dio la razón a magistrados que reclamaron por salarios y la equiparación con los jueces federales.
Las partes explicaron que al negar el recurso federal la sentencia, del mes pasado, se vuelve operativa y por lo tanto, a partir de ahora los actores podrán presentarse e iniciar los trámites para poder recibir la reparación.
“En síntesis, al haber seguido los lineamientos dados por la Corte Federal en el fallo que motivara el reenvío, como tampoco al no haberse demostrado prima facie alguna hipótesis de arbitrariedad, no existen cuestiones federales que habiliten la competencia de dicho Tribunal Cimero de la Nación para intervenir en la revisión del presente fallo”, indicaron los jueces.
“De las consideraciones vertidas se concluye que el remedio impetrado deviene técnicamente insuficiente, dado que las recurrentes no han logrado demostrar a través de una crítica concreta, pormenorizada y frontal las causales que habilitarían la revisión extraordinaria de la resolución dictada por este Tribunal. Tal lo sostiene la Corte Suprema al decir “...debiendo el apelante rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el a-quo para arribar a las conclusiones que motivan los agravios” (fallos: 310:1465; 2376; 323:1261). Y lo reitera al sostener que “...o tiene por objeto la corrección en tercera instancia, de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales”, indicaron.
Lo más probable es que la provincia recurra en queja ante la Corte Suprema de Justicia. Y busque mediante acciones entorpecer las demanadas para hacer efectiva la reparación.
De igual manera todos los consultados aseguraron que no hay muchos caminos posibles.
