Un duro golpe al sector forestal
La orden emanada desde la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Justicia del Chaco que dispone la paralización de la actividad forestal en todo el territorio provincial asesta un duro golpe a un sector productivo que, como muchos otros, viene realizando esfuerzos para recuperarse en medio de una crisis económica que se vio agravada por la pandemia.
La resolución judicial, que hace lugar al pedido presentado por una organización no gubernamental con sede en la localidad de Castelar, en la Provincia de Buenos Aires, generó enorme preocupación en el seno de las distintas asociaciones del sector foresto industrial de la provincia, que -luego de sobreponerse de la ingrata noticia- alertaron sobre el impacto negativo que tendrá esa decisión en una actividad productiva que, directa e indirectamente, genera el sustento de casi 25 mil familias chaqueñas.
Según trascendió, algunas entidades estudian apelar a mecanismos legales para evitar la total paralización de las actividades que se producirá a partir de la orden judicial que ordena a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Subsecretaría de Recursos Naturales, y al Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la Provincia, la “inmediata suspensión de todo permiso o autorización de aprovechamiento o cambios del suelo, desmonte, etc., en categorías roja, amarilla y verde”.
En otras palabras, desde la Justicia se avanza con una medida extrema que producirá un verdadero apagón de las distintas actividades económicas vinculadas al sector: aserraderos, talleres de carpinterías, empresas exportadoras de carbón, acopios y tanineras (que no podrán poner en marcha la usina de energía), entre otros subsectores que de una u otra manera forman parte de la cadena productiva forestal.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia también se expresó preocupación por el dramático escenario que se puede generar a partir de esta resolución judicial que impacta de lleno en sectores productivos, industriales y exportadores que generan empleo genuino para miles de chaqueños.
No se trata aquí de desconocer la importancia que tiene el cuidado de los bosques nativos y el legitimo interés de ciudadanos u organizaciones por la protección del ambiente, sino de hacer ver que todo proceso de toma de decisiones que tienen un fuerte impacto social y económico obliga a realizar una elección cuidadosa de las opciones que se tienen para resolver el problema, o al menos para avanzar hacia un acuerdo razonable entre las partes involucradas que tenga en cuenta las distintas caras del complejo poliedro que refleja la realidad de una provincia que tiene una larga tradición forestal.
“Lo que no entiende la justicia es que la producción forestal, las industrias forestales, las empresas y los trabajadores viven de la madera aprovechada. Si este trabajo no se puede hacer, implicará cerrar las persianas del sector, y muchas familias quedarán sin trabajo.
Será un conflicto social muy difícil de contener, que afectará mucho a la economía provincial”, observó un productor de carbón vegetal de Charata a la agencia de este matutino en Sáenz Peña que, además, reflejó también la preocupación de la Asociación de Productores Forestales del Oeste Chaqueño que recordó las enormes pérdidas ocasionadas por los recientes incendios que afectaron desde maquinarias y herramientas de trabajo hasta el servicio de alumbrado público, malogrando el esfuerzo de muchos años de chaqueños que vienen apostando al trabajo y la producción local.
Las medidas extremas, como la total paralización de la actividad forestal, están lejos de la decisión salomónica que cabría esperar para resolver las diferencias que se plantean en estos casos. El cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo en un contexto local alterado por una pandemia de alcance mundial no parece ser la salida más inteligente. Se puede argumentar, con justa razón, que no siempre una decisión judicial satisface por igual a todas las partes implicadas.
Es cierto, pero no es un dato menor que lo que está en juego es la supervivencia de miles de familias chaqueñas en un contexto económico y sanitario extremadamente difícil, que obliga a evaluar otras opciones menos drásticas que no impliquen un golpe tan duro para un conglomerado productivo que, como si fuera poco, es uno de los que más aporta a la economía local.
