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JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA, TAMBIÉN EN EUROPA

La Justicia española expulsa de su cargo al presidente de Cataluña

Torra fue nombrado por el Parliament porque otros dos presidentes estaban exiliados y en carcel. Ahora lo echan por pedir su libertad.

El presidente saliente Quim Torra dijo que habrá elecciones regionales en los próximos meses, después de que el Tribunal Supremo de España confirmó un fallo que le prohíbe ocupar cargos públicos por 18 meses. 

Torra dijo que apelará la sentencia, a la que describió como ‘una maniobra política para derrocar al gobierno‘ catalán. La sentencia entró en vigor tan pronto como Torra fue notificado oficialmente, por lo que el diputado catalán Pere Aragonés será presidente interino. 

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Torra fue apartado por la Justicia española por exhibir en la Generalitat (sede del gobierno catalán) un reclamo de libertad a los presos políticos y de retorno de exiliados.

‘Esto tiene que ser un punto de inflexión. Debe haber un nuevo plebiscito para confirmar el referéndum del 1 de octubre‘, dijo Torra, refiriéndose a una votación sobre la independencia de 2017 que fue declarada ilegal por los tribunales. ‘Seguiré trabajando incansablemente por la libertad de Cataluña desde cualquier otro espacio desde el que pueda ser útil‘, dijo. 

El caso se deriva de la negativa de Torra, durante una campaña electoral nacional en 2019, a seguir las órdenes del comité electoral de España de retirar una pancarta de solidaridad los separatistas encarcelados de la fachada principal de su palacio de gobierno. Torra reclamó su derecho a la libertad de expresión, pero el tribunal dijo que su fallo no abarcaba derechos personales sino ‘el desafío a un órgano constitucional‘.  

El intento separatista de Cataluña domina la política española desde el inicio de la última crisis global (2008/2009), y el asunto escaló desde que la asamblea regional hizo una declaración unilateral de independencia en octubre de 2017, tras un referéndum declarado ilegal por los jueces.

Recurrirán a tribunales europeos

El vicepresidente del gobierno, Pere Aragonès, convocó un consejo ejecutivo extraordinario para aprobar el decreto de sustitución de presidente, y anunció que el gobierno catalán apelará a tribunales de la Unión Europea los sucesivos fallos de la Justicia española que destituyeron sucesivamente a tres presidentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

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