Un debate tan escaso como valioso

Desarrolladores inmobiliarios y de la construcción, dirigentes de cámaras profesionales y empresarias, y profesionales de la arquitectura y la ingeniería expusieron sus análisis, propuestas y críticas sobre el asunto.

Fueron ocho los participantes que expusieron sus puntos de vista, a saber: la arquitecta Laura Alcalá, del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Territorial y Hábitat de la Fau-Unne; el arquitecto Rubén Sinat, de la Cámara de Desarrolladores Urbanos del NEA; el abogado Emilio Caravaca Pazos, del Colegio de Corredores Inmobiliarios; el arquitecto ambientalista Paulino Moreno; el arquitecto Héctor Chaquires, vicepresidente de la Cámara de la Construcción; el geólogo y ambientalista Ramón Vargas; el ingeniero Hugo Rohrmann, del departamento de Hidráulica de Ingeniería de la Unne; y el arquitecto Leandro Rosso, del Colegio de Arquitectos del Chaco.

Alcalá: “¿Arquitectura sustentable en sitios no urbanizables?”

La investigadora del IIDTH comenzó explicitando su posición como la de alguien que procura “el acceso justo al hábitat (…) desde el urbanismo, disciplina al servicio de la construcción de ciudades más inclusivas y desarrollos urbanos equilibrados y sustentables”. Desde tal postura, llamó a “revisar los paradigmas de urbanización” en general, y en el caso particular del Gran Resistencia, a “explicar la historia urbana a partir de los ciclos del agua”, que históricamente han determinado “avances de la urbanización sobre los territorios del agua en épocas de sequía”. Alcalá hizo notar la “corta memoria” que en general tenemos como ciudadanos, y distinguió “dos paradigmas en disputa” entre quienes “creen en el desarrollo, el dominio y el aprovechamiento de la naturaleza con infraestructuras y arquitecturas al servicio de intereses económicos y de mercado”, y quienes propugnan “un desarrollo sustentable”, haciendo el “esfuerzo de reducir impactos sobre los territorios del agua”.

Alcalá recordó que luego de la construcción de las defensas y los diques reguladores, “la ciudad le perdió el miedo al río Negro como portador de aguas de lluvia del interior y como puerta de entada de las crecientes del Paraná, pero se hizo más vulnerable a inundaciones por lluvias”, advirtiendo que “la percepción de seguridad hace a la ciudad más vulnerable al riesgo”. Al mismo tiempo, consideró, “el mercado inmobiliario se interesó más por los territorios del agua a partir de las obras de contención”.

Analizó que “la ciudad crece de manera caótica en cuatro formas: una hacia el norte, protegido por el sistema de defensas pero sin desagües pluviales necesarios ni infraestructura básica, como cloacas”; la segunda forma de crecimiento es “hacia el sur, hacia el Campo de Tiro, vulnerable a las lluvias y a las crecidas del Paraná, porque es un sector que está por fuera del sistema de defensas”. Alcalá enumeró que el tercer vector de expansión urbana es “en altura, a partir de diciembre de 2018, cuando el Centro de Desarrolladores Urbanos solicitó y obtuvo la autorización para densificar una importante zona del área central, que aunque tiene más infraestructuras, están al límite” de sus posibilidades de servicio; y la cuarta forma de desarrollo es “sobre valle de inundación del río Negro”. 

Informales les dicen a los asentamientos, pero no dicen nada de los ocupas informales quienes tienen mayores recursos.

La arquitecta se preguntó si “no se debiera crecer hacia otros sitios, que no comprometan el patrimonio natural que aún nos queda”. Profundizó que tras la construcción del sistema de defensas, “La fenomenal inversión pública se derivó a la valoración del suelo y el Estado no recuperó plusvalía”, y cuestionó: “¿Transferiremos (al sector inmobiliario) también en este caso el beneficio de convertir suelo hasta ahora no urbanizable en suelo urbanizable, en el territorio más valioso que tenemos por su condición ambiental y paisajística? Aun cuando no hubiese riesgo hídrico, ¿qué ocurrirá con el paisaje? ¿Lo convertiremos como al sistema lacustre vinculado con el río Negro, donde se permitió el avance de la urbanización y se dejaron algunas lagunas aisladas?” Sobre ese punto, señaló que “La forma de proteger este sistema radica en mantener su integralidad; la intervención fragmentaria implica su destrucción, porque cada parte de este sistema cumple una función ambiental y su característica radica en la biodiversidad que ofrece”. 

Por último, la arquitecta Alcalá consideró las argumentaciones de quienes proponen continuar el avance sobre el humedal: “Se dirá que desarrollan fuentes de trabajo; tenemos que buscar fuentes de trabajo más estables, que no duren lo que dura una obra de arquitectura. Se dirá que vienen a atenuar el déficit habitacional, este tipo de emprendimiento está dirigido a un sector socioeconómico restringido, y no contribuye a reducir el déficit. Se dirá que atrae inversiones; debemos orientar las inversiones a sectores que generen menos controversia y menos problemas para la ciudad. Se dirá que estas obras inmobiliarias permitirán acceder al rio; para ello no es necesario desarrollar nuevos emprendimientos, sino aplicar las normas existentes”. La investigadora del IIDTH abundó sobre las promesas de las empresas inmobiliarias, recordando que “En 2009 se aprobó La Ribera como barrio abierto y se estableció un plazo de 60 días para trazar la línea de ribera y accesos. Pero 11 años después, tenemos 2 km de costanera ocupada por privados”, y previno que “la arquitectura sustentable no se puede lograr empezando por localizar obras en un sitio no urbanizable”.

Alcalá valoró la importancia del foro, aunque consideró que faltaban “voces que no están como las de geógrafos, juristas ambientales, etc”. Aclaró que “No me gustaría que se tome este foro de dos días para legitimar procesos que requieren discusiones más profundas y la participación de muchos funcionarios municipales y provinciales que trabajan en silencio por el cumplimiento de las normas y que son desoídos frente a proyectos de estas características porque se definen en otros niveles”. Citó al respecto declaraciones del ingeniero Posanzini, “uno de los voceros de estos proyectos”, quien dijo a la prensa que “hace tiempo que venimos trabajando con funcionarios en un masterplan para las riberas del río Negro”. Alcalá consideró que por tratarse de bienes colectivos, “todos tenemos derecho a  la transparencia y a ser informados” y se debe “permitir el debate para hacer leyes para toda la ciudadanía, no solo para los interesados”

Sinat: “No queremos que nos demonicen, sino trabajar juntos” 

El arquitecto Sinat comenzó su exposición coincidiendo con Alcalá en que “El Estado fue el primero en desarrollar urbanizaciones sin infraestructura en zona norte”, y aseguró que ello se debía al alto costo de las instalaciones básicas”. Dijo que para superar ese problema, el Centro de Desarrolladores Urbanos que él preside “propició la ordenanza que permitía densificar donde ya había infraestructura”, mediante la habilitación para construir “un par de pisos más” en ese sector, y que “gracias a eso muchos colegas tienen trabajo y la gente puede disfrutar de los servicios citadinos”. Respecto de la fugacidad del empleo en el negocio de la construcción, señaló que “Hace 25 años que trabajamos así”, y que “para mejorar la calidad laboral hemos implementado tecnología”.

Luego exhibió diapositivas en las que ilustró sobre las pretensiones de los desarrolladores, como la “Integración público-privada en el uso de los espacios, la combinación de funciones urbanas y ribereñas, la recomposición del borde ribereño en sí mismo, y la puesta en escena del paisaje urbano y la ribera”. Sinat consideró que “la ciudad está negada al río”, por lo que los empresarios inmobiliarios proponen una estrategia de desarrollo urbano que ”potencie los espacios públicos”, haciendo de “los espacios ciudad-río un lugar para la innovación cultural, deportiva y recreativa”, y que “promueva la proliferación de proyectos amigables con el entorno”, y que “conecte la ciudad con la ribera para beneficio mutuo y desarrollo vital”. Para ello, propone una “financiación cruzada para el desarrollo progresivo de la ciudad y la ribera” que “formalice las construcciones urbanas situadas en la interfaz de río y ciudad”, que haga del río “un protagonista de la sociedad”, “involucre a los ciudadanos en los proyectos”, e “integre una visión de largo plazo de los proyectos y favorezca su apropiación”.

 Si nos acercamos y hacemos sendas por el borde, el río será más cuidado porque estará a la vista de todos.

Sinat remarcó que “negamos lo que no usamos”, y por ello tenemos un río saturado de “residuos cloacales, industriales, etc. Si nos acercamos y hacemos sendas por el borde será más cuidado, porque estará a la vista de todos” y pidió: “No queremos (los empresarios) que nos demonicen, queremos que nos acompañen y hacer lo mejor para la ciudad y el entorno”. Finalmente, llamó a “mejorar la calidad institucional, establecer reglas de juego claras y una mesa de trabajo conjunta para resolver el desarrollo social, ambiental y económico, y promover e incentivar a arquitectos y urbanistas locales a proponer Ideas y proyectos que contemplen estas temáticas”.

Caravaca Pazos: “El río debe ser la principal atracción en Resistencia”

El representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios coincidió en que hay un “desarrollo caótico y necesidad de un debate más extenso”. También mostró diapositivas en las reseñó que en la actual situación el “río Negro está regulado desde Laguna Blanca hasta Barranqueras y hay un aumento de las ocupaciones ilegales de espejos de agua y usurpaciones de espacios público/privados por parte de asentamientos”.

A continuación enumeró lo que serían los “puntos positivos de desarrollo y urbanización del río Negro”: se establecerían “reglas claras” sobre desarrollos, bajo normativas actualizadas e instituciones de contralor “eficientes”; se generarían puestos de trabajo; habría un crecimiento ordenado de la ciudad; se produciría la “activación económica de más de 100 rubros en este período particularmente adverso”; y se convertiría al río y sus espejos de agua en “las principales atracciones de Resistencia”.

Instituciones, organismos y entes involucrados deben hacer un trabajo expeditivo en la habilitación para desburocratizar procesos.

Para tales fines, Caravaca propuso “Mesas de trabajo conjunto entre las entidades involucradas y el Estado a través de sus organismos”, una “regulación basada en la situación real y constante del río”, la “Contemplación de metodologías constructivas que convivan con el río o espejos de agua”, como las palafíticas, y que “las instituciones, organismos y entes involucrados” realicen un “trabajo expeditivo” en la habilitación con el fin de “desburocratizar los procesos”, luego de que sean “observados o aprobados” por una “mesa única de proyectos privados o públicos”.

Paulino Moreno: “Extractivismo urbanizador”

El arquitecto Moreno es activista junto al grupo “La juntada de los sábados”, quienes realizan canotaje, ciclismo, y difusión ambiental. En su intervención sostuvo que la selección de expositores “no es representativa de las fuerzas sociales que deberían expresarse sobre este presente turbio donde las intenciones permanecen ocultas, y no puede hacer que los futuros desarrollos tengan consenso ni legitimación”.

Moreno introdujo el concepto de “extractivismo urbanizador” para designar al negocio inmobiliario que “captura renta y ambiente natural sin medir los costos para los bienes comunes y para la población afincada”, parangonando las consecuencias de esa actividad con las que producen las explotaciones megamineras o petroleras en sus ámbitos.

“El negocio inmobiliario en humedales ha avanzado sobre estos ecosistemas cambiando la cota de nivel mediante relleno por medios mecánicos, construyendo lagunas artificiales o terraplenes perimetrales, canalizaciones y otras operaciones hidráulicas que desnaturalizan el humedal, modifican el escurrimiento y la inflitración, eliminan la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, afectan la calidad de los acuíferos subterráneos, y acentúan dramáticamente el efecto de las inundaciones”.

Por ausencia de una ley de humedales los ambientalistas tuvieron que enfrentar la sinrazón del negocio inmobiliario en sitios vulnerables.

Moreno hizo hincapié en que “los fabulosos beneficios de los desarrolladores que compran suelos marginales a bajo precio para venderlos con valores extraordinarios rodeados de marketing ampuloso basado en el imaginario “naturaleza”, nunca podrán enmascarar su estela de devastación. Los bienes comunes de la naturaleza no pueden ser considerados mercancía sujeta a uso irrestricto, los intereses del negocio inmobiliario no deben vulnerar la existencia de bienes comunes de la naturaleza, ni prescindir de los derechos que asisten a las comunidades locales”.

El arquitecto afirmó que “el rédito económico avasalla el valle del río Negro, igual que el proyecto del shopping Arazaty en Corrientes. Ante la ausencia de una ley de humedales los colectivos ambientalistas han debido enfrentar la sinrazón de la compulsión urbanizadora sobre ecosistemas de extrema fragilidad”. Por ello, propuso que a los proyectos en trámite “se aplique la figura de evaluación ambiental estratégica, que se considere la incidencia acumulada del conjunto de desarrollos inmobiliarios sobre el conjunto de la cuenca, que se evite la evaluación de casos aislados, que el Estado asuma su rol planificador”. Moreno pidió que en las decisiones en los territorios siempre prime el interés público por sobre el privado, y que no se acompañen en forma acrítica y colaborativa los intereses de las empresas”.

Advirtió que “la sobreabundancia de camalotes y carrizales es una defensa biótica del río ante la proliferación de coliformes y descargas cloacales ilegales, a través de pozos negros o desagues directos al río por parte de urbanizaciones que carecen de sistemas cloacales. En zona norte superan tres veces los niveles de referencia establecidos en la Unión Europea”, advirtió, “por lo que es muy difícil que nuestro rio soporte la carga de nuevas urbanizaciones”. 

Finalmente, Moreno previno sobre el socavamiento que está desarrollándose en el dique regulador del río Negro, mostrando fotografías del “cráter de entre 15 y 20 m de diámetro y hasta 1,80 m de profundidad”, y se preguntó si los desarrolladores pueden imaginarse que los terrenos detrás de esa “defensa” son lugares seguros para la urbanización.

Chaquires: “Ocupación inexorable”

El vicepresidente de la Cámara de la Construcción comenzó diciendo que la declaración pública emitida por la arquitecta Alcalá “no propone salida” a la actual situación del valle de inundación del río Negro, que según Chaquires es que “Resistencia va a ocupar todos los terrenos del río y lo hará de forma programada o de forma espontánea, pero de inexorablemente”. Esto, mientras “el gobierno no acciona ni controla”, describió, y se quejó de que “A nosotros, desarrolladores o constructores, se nos pide factibilidad, impacto ambiental”, mientras que “la gente en forma espontánea va ocupando”, sean “gente sin recursos o ricos q se avivan, pero no hay salida a eso”.

Por ello, propuso que se estructure “una nueva entidad que tome como distrito único el río Negro desde su desembocadura en el Paraná hasta Puerto Tirol” para controlar “el impacto que la urbanización causará en todo este sector”. Chaquires propuso elaborar “una normativa, planes y programas especiales para estos 70 a 80 km2”.

Remarcó que “están bien los diagnósticos, pero debe haber acción concreta, dragado permanente para aumentar la capacidad de reservorio del río y disminuir el bloqueo por vegetación”. Alegó en defensa de los desarrolladores inmobiliarios que “la ocupación económica del río no es irresponsable”, pero que ese desarrollo requiere infraestructura. Chaquires aseguró que “El Estado no es buen controlador, hace normativas pero siempre deja espacio para lo ilegal”. Así, según él, lo mejor sería formar una entidad que agrupe a los cuatro municipios, al Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente, al APA y “a la actividad privada con o sin fines de lucro”, “autárquica, pública e interjurisdiccional”, que elabore “un plan maestro de desarrollo”.

Tenemos dos casos concretos para estudiar, la ACUMAR y la Corporación Antiguo Puerto Madero, dos ejemplos de gestión.

Como antecedentes a considerar, Chaquires propuso “dos casos concretos, la ACUMAR y la Corporación Antiguo Puerto Madero”, según él “dos ejemplos de gestión”, que servirían para establecer una “unidad de monitoreo permanente”, ya que “el río Negro es atacado por todo tipo de gentes”, ricos y pobres. Chaquires explicó que la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo) está integrada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Nación y por representantes de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, más 15 municipios y participación de la sociedad civil y las universidades que funcionan dentro de cuenca Matanza-Riachuelo.

La Corporación Antiguo Puerto Madero, leyó Chaquires, “estudia la infraestructura a incorporar, la promoción de inversiones en el área, la actividad inmobiliaria, la construcción de obras nuevas y remodelaciones necesarias para convertirla en un polo de desarrollo urbano basado en un genuina inversión, con participación de capitales nacionales y extranjeros, como asimismo la venta o locación de las tierras existentes”. El vicepresidente de la CAC se hizo cargo de que “esto para algunos es el paradigma del neoliberalismo”, pero recordó que “vivimos en una sociedad capitalista”, que Resistencia “se armó en una palangana que no se debería haber armado”, y que ambas son cuestiones “fundamentales para ver cómo se puede desarrollar esto”. Por último, Chaquires exhortó a “No ser ente de diagnósticos, sino de acciones para llevar adelante”.

Vargas: “No sabemos convivir con la cultura del agua”

El geólogo e integrante de la Fundación Encuentro por la Vida comenzó explicando que el lema de su organización es “Cultura y democracia ambiental”, n el que enmarcó sus dichos. Comenzó consignando que “el sistema del río Negro es fluvio-lacustre”, y que según la doctora Pilar Serra, en su trabajo “Fotointerpretación geomorfológica e hidrográfica de detalle aplicada al manejo de recursos hídricos -provincias de Corrientes y Chaco”, la dinámica natural no va en el mismo sentido q las acciones antrópicas. El factor antrópico (la actividad humana) se sobreimpone al medio natural”.

Vargas sostuvo que “No sabemos convivir con la cultura del agua, no sabemos convivir con un ambiente como el que tenemos, no hay trabajo interdisciplinariamente integrado sobre las obras q se hacen”. Citó el caso del dique de Laguna Blanca (1995), que no fue aprobado por el IPACH sino por el Plan de Defensas, y que pronto (1995) se fracturó con una grieta de 27 cm. Hubo q poner 900 columnas por debajo del dique”. Se preguntó “¿Por qué se rompe el asfalto, por qué se cayó el otro dique (1982)? Ahora se hace una obra de gas distribución de gas. Los suelos de Resistencia se mueven y rompen caños de hormigón, qué va a pasar con los de gas? No tenemos respuestas”, aseveró.

Las restricciones al dominio y a la ocupación en función de la altura posible del agua y la APA se establecieron porque lo exigió el Banco Mundial.

El geólogo convocó a “mirar el ciclo del agua completo. El plan director de las defensas solo consideró el agua atmosférica y el agua superficial, nunca el agua subterránea. El nuevo Código Civil de la Nación incluye las aguas subterráneas”. Recordó que en 1995 Sánchez Guzmán estableció tres causas para las inundaciones: Paraná, río Negro, lluvias torrenciales, o una combinación de dos o más de ellas. Una vez más, olvidó las aguas subterráneas”.

Vargas explicó que “Las acciones antrópicas (actividad humana) aumentan la vulnerabilidad y el riesgo de la población y se ejecutan en periodos secos, o en cualquier momento por favores políticos del gobierno de turno. No nos olvidemos que ya vendimos un río, el Arazá, pero nunca lo reemplazamos con ninguna obra adecuada. Las acciones antrópicas negativas son generalmente estructurales, como caminos, puentes, trama urbana, etc. Hay demasiada confianza en obras que no se mantienen: los mismos socavamientos del dique de 1982, ahora se ven en el nuevo dique del río Negro”.

El integrante de “Encuentro por la Vida” destacó que “Las acciones antrópicas no estructurales son caóticas, no coordinadas ni planificadas”. ¿Y qué decir de las estructurales?: “Dado que financiaba las obras de defensa, el Banco Mundial exigió que se establecieran restricciones al dominio y ocupación en función de la altura posible del agua”, por eso se sancionaron las normas correspondientes y se constituyó la Autoridad Provincial del Agua. Pero ya en 2003 se rompió la norma y se habilitó el nuevo caos hídrico, al derogarse la resolución 1111”, recordó. Vargas apuntó que “El río Negro tiene varios cauces, y el Código de Aguas establece que todos los cauces son de dominio público”.

Para finalizar, recordó la intervención de poderes públicos coaligados para propiciar negocios privados: “Cuando en 2016 se tramitaba la ilegal habilitación del shopping Sarmiento, el 8 marzo denunciamos el intento apropiación del dominio público y el 5 de abril nos aplicaron un “bozal judicial” por parte de la empresa, que nos impide hablar ni hacer nada en contra del proyecto. Técnicos del municipio se opusieron al proyecto shopping, pero el Ministerio de Planificación provincial aprobó el estudio de impacto ambiental”.

Hugo Rohrman: “¿Quién define el uso del suelo?”

El ingeniero Rohrman comenzó con un análisis de la normativa, y respondiendo a esta pregunta recordó que la Carta Orgánica de Resistencia (2000/03), dice en su preámbulo que “Nosotros, los representantes de la comunidad de Resistencia (…) ubicada en el valle aluvional del Paraná (…) sancionamos esta Carta Orgánica”. Y que el artículo 103 dice que “Los municipios deben establecer el plan director del drenaje pluvial urbano con medidas estructurales (desagues), no estructurales (restricción a las impermeabilizaciones) y definir áreas de riesgo para la ocupación del suelo”. Rohrman aseguró que “No Io hacen. No se respeta. No lo hacen”.

Citó la Ordenanza 5403/01, que establece el “impacto hidrológico cero”, y agregó que “No se respeta”. Agregó que “El Código de PIaneamiento Ambiental es de… 1980!”, y establece “que hay 7 lagunas que deben ser preservadas como reservorios y 13 lagunas que son rellenables”. Luego dijo que según el Catastro de Resistencia, “Desde 1900 todo es privado”, lo que plantea una contradicción legal con otras leyes. “El Código de Aguas es de 1986, en 1993 se trazó por primera vez la línea de ribera del río Negro, en 2001 se trazó por primera vez la línea de ribera de las lagunas”. Rohrman recomendó “blanquear el dominio público”, y dio como ejemplo de las contradicciones legales existentes que la APA se opuso a la expropiación del asentamiento Ávalos y el Estado les dio luz, agua, ripio. Como este hay 20 ejemplos en los cuatro municipios”, aseguró.

La APA se opuso a la expropiación del asentamiento Ávalos y el Estado les dio luz, agua, ripio. Como este hay 20 ejemplos en los cuatro municipios.

Finalmente, propuso “No desconocer la realidad hídrica, porque el valle de inundación es del agua; actualizar el Código de Planeamiento a la realidad hídrica; blanquear dominio público del agua con mensuras; llamar a participar a la población debidamente informada”.

Leandro Rosso: “Ciudad compacta o ciudad difusa” 

El representante del Colegio de Arquitectos presentó un diagnóstico basado en el concepto de “ciudad compacta y ciudad difusa” del arquitecto Salvador Rueda, a quien citó en una de sus definiciones: “La Ciudad Difusa tiende a consumir todo el suelo posible; materiales, energía, pero sobre todo explotar y desestructurar los sistemas del entorno más allá de su capacidad de carga”. Al respecto, observó que mientras el plan “Resistencia 2020” se planteaba una “Ciudad Difusa” que se proyectara más allá de la ruta, en zona norte, por sobre el objetivo de “proteger el valle” se impuso el permiso para construir el shopping y el llamado barrio lacustre. 

Rosso pidió que se legisle luego de que se debata “entre todos los actores una forma de vivir y desarrollarnos en el humedal; estamos parados en un humedal”. Llamó a los agrimensores a determinar la línea de ribera; a una actualización catastral; a que los juristas establezcan la diferencia entre propiedad y dominio público. Y consideró que todas estas tareas debe hacerlas una Autoridad supramunicipal, al estilo de la propuesta por el arquitecto Chaquires.

Consideró que el Campo de Tiro es “una oportunidad urbana para dar vuelta la ciudad, equilibrar inversiones y reducir el impacto sobre el área norte”, y mencionó propuestas para eludir las supuestas contradicciones legales, como “dejar de cobrar impuestos para eliminar el derecho de propiedad” en las áreas de interés. 

La Ciudad Difusa tiende a consumir todo el suelo posible; materiales, energía, pero sobre todo explotar y desestructurar el entorno.

Futuros debates

La discusión recién comienza. El jueves 24, la Fau-Unne organizaba un debate similar en el que participaban funcionarios públicos de todos los estamentos. Y es necesario que haya muchos más, en todos los sectores. Solo falta que la comunidad, todos los resistencianos que habremos de sufrir –o, si tenemos mucha suerte, beneficiarnos- de lo que hasta ahora negocian entre gobernantes y  empresarios, saltemos al ruedo.