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Tomas de tierras y ocupaciones de tierras

Sobre la ribera del Río Negro y la privatización del bien común

En tiempos de pandemia, cambio climático, cambios de uso de suelo, incendios deliberados para abrir paso a la “industria de la alimentación”, y otros males sociales y ambientales, no dejemos en el tintero a nuestro río.

Ha venido haciéndose notar últimamente, debido a grupos que se reúnen para juntar la basura que queda expuesta ahora que el río está bajo, pero no tanto por una cuestión tanto o más importante, como es la explotación de sus riberas por parte del negocio inmobiliario.

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Inundados cortan la avenida Sarmiento para reclamar que las autoridades desagoten el agua que inundó sus viviendas. Al fondo a la izquierda se ve el shopping Sarmiento: 12.000 m2 de hormigón en el valle de inundación del río Negro.

Anteriormente recogíamos de la tesis de unas arquitectas resistencianas la idea de que donde el suelo antes juntaba agua, ahora ya no lo puede hacer porque fue rellenado y urbanizado y ahora es impermeable. Por consiguiente, esas aguas son desplazadas hacia otros territorios. Y son precisamente estas aguas desplazadas las que anegan toda la región cuando las lluvias son muy abundantes.

Lo mismo ocurre con los ríos y sus riberas, lugares frecuentemente codiciados por los empresarios inmobiliarios. Ellos especulan, el gobierno mira a otro lado favoreciendo los negocios de sus amigos, se rellenan riberas, se construyen viviendas o edificios, y se destruyen bienes comunes, afectando así al conjunto de la población y el ambiente. Además, en el acto de rellenar las riberas, los espacios públicos pasan automáticamente a ser espacios privados. Ningún sol nuevo asoma en el horizonte.

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La intendenta Ayala en los diarios declaraba que familias que tomaron terrenos cercanos al predio concesionado debían retirarse “porque era zona inundable”, mientras apoyaba públicamente a los empresarios que iban a construir en otro terreno de iguales características.

Muchos vienen señalando hace tiempo estos actos de destrucción y corrupción. Uno de ellos es Jorge Castillo, personaje histórico de nuestra ciudad, psicólogo, artista y divulgador cultural, cofundador de la Comisión de Recuperación del Río Negro y director de la Fundación Ambiente Total. 

Él nos cuenta sobre un antecedente considerable del maltrato que el río y la región vienen sufriendo a manos de estos comerciantes, lucha que libró el mismo junto a otros ambientalistas y organizaciones.

“Palafítico”

La otrora intendente Aida Ayala autorizó, allá por el 2006, la construcción de un barrio privado en un predio de 32 hectáreas con casi 50% de superficie inundable, o sea ubicado en zona roja (donde está prohibido construir). Lo hizo en contra de la opinión de los ambientalistas, e incluso de sus propios cuadros técnicos de la municipalidad, que se opusieron al proyecto por inviable y riesgoso. 

La empresa ejecutora había avanzado sobre espacios públicos mediante el asesoramiento de la Agencia Provincial del Agua, que merced a una distorsión de conceptos le permitió rellenar zonas bajas (línea de ribera, espacios públicos) ganando con esa acción casi 50% de espacio a su favor para construir más viviendas. 

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Las zonas en negro son las prohibidas para la construcción de viviendas y otros usos, por ser lugares vitales como reserva en épocas de creciente por lluvias o desborde del río. Ilustración de la Comisión de Recuperación del Río Negro.

La Comisión de Recuperación del Río Negro y la Fundación Ambiente Total fueron las ONGs que descubrieron este proyecto por la inspección semanal que realizaban en aquella época sobre el río y su ecosistema, lo que movilizó toda una “artillería” mediática que duró más de 8 años intentando desbaratar este proyecto insólito -totalmente ilegítimo y a todas luces contrario a las ordenanzas municipales y leyes provinciales- de construir en zona prohibida un nuevo barrio que sería indefectiblemente inundable, y que además ya se sabía de antemano que no respetaría las mínimas precauciones para que se cumpla con la idea de “barrio lacustre”. Esto se ha demostrado ampliamente en la actualidad.

Los denunciantes no fueron los únicos en reaccionar: después recogieron el apoyo decidido de la Sociedad de Arquitectos, varios técnicos de la APA (a algunos los hicieron “cambiar de opinión” mediante presión laboral y a otros los apartaron de sus cargos). También participaron el Centro de Estudios Nelson Mandela, el Tribunal de Cuentas del Chaco y, en su momento, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que en dos oportunidades ordenó inspecciones oculares al predio en que era rellenado y avanzaba sobre línea de ribera.

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Los rellenos avanzan sobre el cauce del río, que cuando crezca deberá ocupar otras áreas para desbordar sus aguas; además, privatizan la ribera de hecho, pues el que invierte en un trabajo de ese tipo luego querrá usufructuar en exclusiva el “terreno ganado”.

“La mencionada intendenta apoyó públicamente a los empresarios, incluso, mientras en los diarios declaraba que familias que habían usurpado terrenos ubicados en las inmediaciones del predio de marras debían retirarse “porque era zona inundable”. O sea, en buen romance: “Los ocupas no pueden, pero los millonarios son bienvenidos”, recuerda Castillo. 

“Un criterio evidentemente discriminatorio y poco democrático, ya que organizaciones del medio se estaban expresando en contra de las ocupaciones ilegales en general, por agredir y poner en riesgo el patrimonio público y anunciando que esa autorización ilegítima a los dueños millonarios daría lugar a nuevas presentaciones de proyectos similares. 

En estos días se ha puesto en dramática evidencia: enfrente de ese predio, funciona ahora un centro comercial que es otro punto en contra de la APA y sus decisiones “originales”, y se sabe que hay “al menos otros tres proyectos presentados, en alguno de los cuales ya se trabaja clandestinamente, por lo que hubo clausuras”.

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Protesta pública de la fundación Ambiente Total contra el Municipio y la Administración Provincial del Agua porque autorizaron el desarrollo de un proyecto inmobiliario en el valle de inundación del río Negro.

Castillo deja claro que la situación era coordinada entre multitud de funcionarios y organismos, gobernación de la provincia (a través del APA), intendencia, y también el poder judicial, institución ampliamente notificada por las cartas que los manifestantes enviaron (“como lo hicimos siempre”) buscando una luz al final del túnel. Las obras ilegales “paradas” nunca pararon o, luego, indefectiblemente, continuaron.

Este es un ejemplo moderno del tratamiento que reciben los bienes comunes por parte del sector empresarial y el conjunto del Estado, aunque por supuesto hay muchísimos otros. Dos ejemplos, también contemporáneos y conocidos por todo el mundo, son el Shopping Sarmiento, con sus 12.000 m2 de humedal impermeabilizados con hormigón, y la obra parada en la orilla de Laguna Francia, que en 2019 quedó bajo el agua, demostrando a todas luces su inviabilidad.

Está claro, como pasa con el caso de los desmontes en el Impenetrable, que el sector empresarial y el conjunto de los organismos del Estado trabajan codo con codo para explotar el territorio. En casos como estos, ni siquiera hay que reformar o hacer leyes nuevas, bastaría con que se cumplieran las que ya existen para prevenir muchos de esos males. Pero vivimos en una sociedad fundada en la idiosincrasia de la colonización y la expoliación. Se ve que hay cosas que son difíciles de cambiar.