Preocupación por deudas salariales que afectan a 400 docentes

Hace semanas, quienes son parte de la Unidad Educativa de Gestión Privada 172 ‘Deolindo Felipe Bittel‘ efectuaron una protesta frente a Casa de Gobierno para denunciar el supuesto cierre de cursos que pondría en peligro un buen número de puestos laborales y reduciría una oferta educativa gratuita principalmente en lo que hace a capacitaciones en oficios. 

El enrarecido clima que se vive puertas adentro de la institución llevó a que desde el Sindicato Argentinos de Docentes Privados (Sadop) a indagar pormenores de la actualidad y saber cuán perjudicial puede ser el contexto para los trabajadores. 

En ese sentido, señalaron que los responsables de la institución decidieron judicializar un reclamo por el presunto recorte en transferencias en concepto de subsidios del Estado para hacer frente a erogaciones corrientes como las salariales pero que desde la cartera educativa indican que no pueden abonar a aquellos que están fuera del plantel y planes de estudios que no están aprobados. 

‘Los trabajadores no pueden quedar como rehenes de un conflicto ajeno, desde Educación nos señalaron que no estaba aprobada la Planta Orgánica Funcional , que es la que regula la cantidad de cursos y de cargos o trabajadores‘, indicó Sonia Moro, secretaria General de Sadop. 

La dirigente señaló que producto de una situación en la que no abunda la información precisa principalmente de la institución que tiene como cara visible al exdiputado nacional y padre del intendente capitalino, Gustavo Martínez Campos, hoy los trabajadores aún no cobraron su haber de agosto y que tampoco se les acreditó lo correspondiente a la primera cuota del aguinaldo. 

‘Desde Educación señalan que las transferencias se realizan de forma regular, pero lo cierto es que los trabajadores no cobran sus salarios y nuestra patronal no es el Estado sino la institución, vamos a aguardar lo que ocurra en los próximos días y no descartamos recurrir a la vía judicial‘, señaló Moro que agregó que como instancia de conciliación se pidió la intervención de la Dirección de Trabajo. 

‘No podemos estar sujetos a si hay o no un acuerdo entre la institución y el Estado, si el Gobierno mediante los aportes de las subvenciones decide tomar los datos que se venían abonando hace tiempo mientras que la Unidad Educativa, supuestamente, envía un número mayor de trabajadores y cursos no se puede tener de rehén a los trabajadores que nada tienen que ver con este asunto‘, agregó la dirigente y exhortó a la responsabilidad para que en el corto plazo puedan surgir alternativas que permitan terminar con los retrasos salariales.