Por el "paro policial" de 2013, notificaron ahora su cesantía a 23 penitenciarios provinciales
La protesta de las policías de varias provincias de la Argentina convirtió a esos distritos en zonas liberadas. Los delincuentes, al ver terreno libre para su accionar, se lanzaron a ejecutar robos, asaltos y saqueos a mansalva. Se iniciaron luego procesos judiciales a los responsables.
El gobierno provincial informó que por orden judicial se notificó la cesantía dispuesta en 2019 a 23 integrantes del Servicio Penitenciario Provincial por participar de un autoacuartelamiento. Esta es la máxima sanción dentro de la fuerza de seguridad, que corresponde a las faltas disciplinarias más graves.
Como se recordará, en diciembre de 2013 personal de la Policía del Chaco inició una protesta por reclamos salariales, en consonancia con lo que había comenzado a suceder en otras provincias, donde también las fuerzas de seguridad encararon virtuales huelgas por mejores condiciones de trabajo.
El "paro" de los policías dejó a ciudades enteras como zonas liberadas para todo tipo de ilícitos, por lo que delincuentes de todo tipo salieron a las calles a cometer robos, asaltos y saqueos de manera indiscriminada.
En el caso del Chaco, el principal foco de la sublevación policial fue el Gran Resistencia, donde durante los tres días que duró el conflicto se vivieron horas de extrema tensión. Las bandas delictivas recorrían el centro y los barrios en busca de una presa o de un golpe que dar en algún comercio, y en algunos puntos del área metropolitana se veía a vecinos armados tomando a la seguridad pública en sus propias manos.
Ese escenario anárquico tuvo su punto más alto con la muerte de dos jóvenes que presuntamente se preparaban para participar de sendos saqueos a supermercados, y un policía -el subcomiario Christian Vega- que no estaba de acuerdo con la modalidad de protesta de sus camaradas y participaba -junto a otros cientos de policías que no aceptaban la idea de dejar de proteger a la comunidad- de patrullajes por una Resistencia descontrolada.
El gobierno provincial estaba a cargo de Juan Carlos Bacileff Ivanoff, vicegobernador que quedó a cargo del Poder Ejecutivo porque meses antes Jorge Capitanich había solicitado licencia en el cargo de gobernador para asumir como jefe de Gabinete de la administración nacional que conducía Cristina Fernández de Kirchner.
El gobierno federal subestimó la protesta policial y le atribuyó fines "desestabilizadores". Las muertes asociadas a la situación se fueron sucediendo a lo largo de los días, hasta que las movidas policiales concluyeron por negociaciones iniciadas con los gobiernos provinciales.
En el caso del Chaco, las conversaciones comprometieron mejoras salariales para los uniformados, pero en paralelo avanzaron las investigaciones para sancionar a los líderes de la protesta. Como parte de ese proceso se notificaron ahora las cesantías de 23 agentes penitenciarios de aquel momento.
En su descargo, los uniformados que participaron de aquellas protestas dijeron que las verdaderas responsables del punto al que llegó el conflicto eran las autoridades políticas, que no atendían a los reclamos sectoriales, abusándose del hecho de que las fuerzas de seguridad tienen prohibida la posibilidad de agremiarse para canalizar sus demandas de mejores condiciones de trabajo.
