Con las bancas vacías y los hospitales saturados, luchando por la vida, aflora el ensañamiento político sin barbijos
En un país donde se hacen públicos llamados para reclutar enfermeros con experiencia y médicos terapistas para atender la desesperante situación de Jujuy y se envían equipos de refuerzo a otros destinos, del mismo modo que la pandemia ataca en vastas zonas del interior así como hace estragos en el área metropolitana y el Gran Buenos Aires, es tan doloroso como incomprensible que siga elevando su temperatura un enfrentamiento político que tiene como campo de batalla el Congreso Nacional.
Se podrían dar ejemplos sencillos, como los diputados chaqueños que mantuvieron sus enlaces por Zoom hasta las 5 de la mañana para aprobar las leyes en favor del sostenimiento y reactivación del turismo y de la defensa de los intereses pesqueros con un nuevo régimen de multas para depredadores. En cambio, aquellos que acudieron para el montaje presencial de Cambiemos tendrían que darles respuestas a sectores impulsados al borde de la quiebra, como agencias de turismo y la hotelería chaqueña, obligadas a mantener las puertas cerradas durante meses y meses.
El mismo ejemplo podría darse para lo que se intenta consumar con la paralización del Congreso cuando el oficialismo someta a la Cámara Baja, donde no tiene la mayoría del Senado, la ley de reforma judicial, después de que la Comisión de Acuerdos emitiera señales de su consentimiento para que Zunilda Niremperger siga en el Juzgado Federal 1 de Resistencia y el entrerriano Juan Manuel Iglesias continúe presidiendo el Tribunal Oral Federal de nuestra capital, quienes encabezaron la audiencia pública del último viernes.
Del mismo modo, el abogado Martín Innocente, que fue secretario penal de Niremperger en la investigación de “carbón blanco”, el golpe judicial más duro al narcotráfico consumado en nuestra zona, será el nuevo juez federal de Sáenz Peña y se estima que el subrogante Miguel Aranda, de notoria actuación, tendría destino en el TOF de Resistencia.
LA LEY QUE SE RECHAZA
La ley con media sanción que Cambiemos rechaza y amenaza con paralizar el Congreso, más aún con el revés de la Comisión de Acuerdos a los jueces macristas de Comodoro Py, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron suspendidos y esos magistrados ni siquiera acudieron a la audiencia pública aferrados a la última instancia de un per saltum de la Corte Suprema, contiene aspectos que clarificaba la senadora chaqueña María I. Pilatti Vergara, precisando los argumentos falsos de la oposición, amplificados por medios de comunicación hegemónicos que, por si fuera poco, encontraron una piedra en el zapato con la regulación de las tarifas de Internet y servicios de TV digital y otros medios, donde los mayores intereses se concentran en el megagrupo Clarín.
Resaltó que, como cuestionaban quienes ni habían leído la ley con media sanción, no existe una reforma que le asigne impunidad a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, tal como lo dice el artículo 14, determinando que las causas en trámite van a continuar en los mismos juzgados o tribunales donde ya están, lo que trajo un papelón para el constitucionalista Daniel Sabsay, que en la ronda de expertos no pudo citar ningún artículo en tal sentido, al ser abordado por la senadora Ana Claudia Almirón.
Al mismo tiempo, Pilatti Vergara regionalizó el proyecto al precisar que la reforma contempla dos Juzgados Penales en Resistencia y uno en Sáenz Peña, además de cinco fiscales para la efectiva aplicación de la reforma del Código Penal y un nuevo Tribunal Oral Federal en Resistencia. No olvidó en la reseña, como integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, que se firmó el acuerdo entre el presidente Lugones y Capitanich para aplicar 423 millones de pesos a la terminación del edificio en altura popularizado como “El esqueleto”, que se inició hace 33 años para albergar la casa propia, de la que hasta hoy carece la Justicia federal en la capital chaqueña.
EL CHACO NO SALTARÁ AL VACÍO
Al establecer precisiones sobre el próximo paso de la desescalada contra el Covid-19, el Chaco no saltará al vacío y eso refleja el nuevo decreto del gobernador que, en suma, acusa recibo de que si bien la situación sanitaria había mejorado con el achatamiento de la curva, con el detalle de que las consultas bajaron se produjo un aumento, donde el riesgo circulatorio del virus se trasladó al interior, con el último foco de preocupación en Villa Ángela, a la que Capitanich visitó el viernes, además de entregar obras.
El sistema de salud está preparado y bien equipado, aunque sufre también el agotamiento de las dotaciones que actúan en la primera línea, como los equipos que encabezan terapistas y se viven situaciones de dolor y angustia en el Hospital Perrando por casos como el que este periodista sigue, donde llegó a comunicarse un fallecimiento que en verdad no había ocurrido aunque el estado muy crítico de la paciente causaba enorme preocupación.
El Chaco se mantendrá en la fase 3 hasta el 25 de septiembre y se renuevan todas las recomendaciones en el decreto 1068 y su extenso anexo, con la medida general del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias y con la verificación del cumplimiento de las mismas.
EL RESPALDO DE LA NACIÓN
La última incursión del gobernador y sus equipos llegando a Olivos fue la mejor cosecha al cabo de reiteradas gestiones y largas horas de enlace por Zoom. El mayor logro consistió en la transferencia, formalizada con la escritura de dominio, de 3.960 hectáreas del excampo de tiro del Ejército, para desarrollar un ambicioso proyecto transformador de la zona sur y tal vez desahogando los 300 asentamientos del Gran Resistencia. El pavimento para la conexión de la autovía Avellaneda con Barranqueras y otras obras redondearon un paquete, incluyendo los pavimentos de El Impenetrable y del acceso al puerto de Las Palmas, donde se suma el primer paso agroindustrial con la producción de jeans con base en Denim que produce y comercializa Santana, como la marca de origen chaqueño en la gran cruzada de recuperar valor agregado.
Resta una transferencia de fondos del Enohsa para que la etapa final del segundo gran acueducto arranque con su envión final y genere unos 400 empleos.
En resumen, en el cuadro fiscal comenzó la negociación con los tenedores del bono por 250 millones de dólares emitido en 2016 y cuyo vencimiento de la cuota de agosto fue diferida con un período de gracia. Se preparan el presupuesto 2021 y un paquete de leyes que irá en breve al Parlamento, con una meta fiscal que busca un nivel superavitario en Secheep y Sameep: la cobranza parece entonada, sin cortes, pero la consigna es cobrar así como cumplen con Direct TV, Cablevisión u otro servicio.
Del mismo modo, la ATP tuvo un buen mes en materia de Ingresos Brutos pero se prepara para el 2021, que apunta como un gran año algodonero y en otros cultivos como la soja, donde se cobrará el Impuesto Inmobiliario Rural y la contribución de mejoras en todas las áreas valorizadas por los avances de la pavimentación de rutas.
40 actuaciones fiscales sin respuestas por las usurpaciones y piquetes
Mientras afronta cada frente de complicación de una pandemia que no cede en su expansión territorial, el gobierno provincial ya no oculta su malestar con la inoperancia absoluta que encuentra en 40 actuaciones fiscales que inició por piquetes violadores de las previsiones sanitarias en cortes de rutas, calles y avenidas, como también en una ofensiva de usurpaciones como la registrada sobre la ruta 11, en inmediaciones de la fábrica de bicicletas de los hermanos López, que alguna vez visitó Cristina Kirchner, donde no obtuvo ni siquiera notificaciones para lo que ya constituye un despliegue de manifestaciones tan abusivas como extorsivas.
A tal punto que la Cámara de Comercio de Resistencia volvió a elevar su voz, por enésima vez, ante incursiones en la zona céntrica que desembocan todas, con la mayor estridencia posible, en la Casa de Gobierno, bloqueando el acceso a servicios comerciales. El ministro Chapo y un equipo de mediadores le ponen el pecho, día a día, a embestidas por momentos delicadas, como la irrupción del dirigente Quintín Gómez, exsubsecretario de Peppo, que figura como contratado y que cobra su sueldo como asesor, al que se le adjudica encabezar cortes muy frecuentes en la zona de Quitilipi.
El Poder Judicial, por supuesto, no puede ser ajeno a esas situaciones como la manifestación de carácter nacional anunciada “contra el gatillo fácil”, que terminó copando el centro de la ciudad, y después, en una larga caravana, se desplazó frenando el tránsito por la avenida 25 de Mayo.
Los llamados movimientos sociales se multiplican y siempre van por más, a pesar de la emergencia sanitaria y de todo lo que se viene volcando en fondos de ayuda social, tanto desde el nivel nacional como de la propia provincia, que acaba de cumplir con el pago salarial de agosto de pasivos y activos, sin debilitar un ápice el hostigamiento del Frente Gremial Docente que suma semana tras semana de paros, reclamando el cobro de su cláusula gatillo y sin darle importancia a un año de enseñanza solamente virtual, a punto de malograrse, donde la reanudación de clases presenciales es insoluble ante los agrupamientos que pueden resultar sumamente riesgosos.
En suma, entre el Poder Ejecutivo asediado como si custodiara un barril de plata sin fondo y un Poder Judicial que evita aplicar la ley y comprometerse, nadie le pone el cascabel a este gato insaciable.
