Paraguay: polémica por la muerte de dos niñas a manos del Ejército

   La noche del miércoles fue presentada como una gran victoria de la Fuerza de Tareas Conjunta del Ejército paraguayo la ocupación de “el campamento más grande del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP), que puso en fuga a “decenas de subversivos” y “abatió a un número indeterminado de combatientes”.

   En el campamento se hallaron teléfonos celulares, laptops, cámaras fotográficas y de filmación, una cámara GoPro y varios aparatos de comunicaciones. El titular de la Fuerza de Tareas Conjunta, general Héctor Grau, afirmó que en el campamento fue encontrada una ametralladora italiana que se habría utilizado en el rapto de Alan Fik, adolescente de 17 años que habría sido secuestrado por el EPP durante nueve meses en 2014.

   Declaraciones de altas autoridades del gobierno celebraron la acción de las fuerzas armadas y el propio presidente Mario Abdo Benítez visitó el lugar de los hechos, “porque tengo que ir a dar mi apoyo”, según informó el titular de la Fuerza de Tareas Conjunta, general Héctor Grau.

“Dos guerrilleras”    

   Pero la información pronto mostró otras caras del hecho. Consultado por periodistas, el ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González Franco, reconoció que “dos mujeres integrantes del EPP” habían muerto en el suceso, ocurrido en la estancia Paraíso, de Yby Yaú, en el lìmite entre los departamentos de Amambay y Concepción, en el noreste.

   Una de ellas había recibido varios impactos en la espalda, aunque no hubo informe forense porque las “guerrilleras” habían sido sepultadas de inmediato, sin autopsia. Más tarde trascendió que las “dos mujeres” eran menores de edad –de 15 y 16 años según el Ejército-- y de nacionalidad argentina.

No grabaron el procedimiento

   Nuevamente el general Héctor Grau dijo al diario ABC que las fallecidas “no fueron ejecutadas”, sino que ambas “fueron puestas por los líderes del EPP en primera línea de la defensa” del campamento. Aclaró que la acción de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) “preparada con varios días de anticipación”, no había sido filmada “porque no contamos con los equipos necesarios” y que hacerlo en ese terreno “es difícil”. Agregó que el EPP, además de la guerrilla, “lleva adelante una guerra psicológica y mediática y busca deslegitimar las acciones del Estado”. Los dichos del general alimentaron la polémica, ya que la FTC recibe unos u$s 14 millones anuales para entrenar y equipar a la tropa especializada.

Dos niñas

   El debate subió de tono cuando fuentes familiares revelaron que las niñas tenían 11 y 12 años. Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, sindicado como uno de los líderes del EPP, aseguró que las niñas habían sido ejecutadas y vestidas con las ropas camufladas por miembros de la FTC.

   A continuación, la abogada Daisy Irala, representante legal de Myriam Villalba, también señalada como líder del EPP,  aseguró que “No hay ninguna posibilidad de que haya ningún tipo de enfrentamiento, esas niñas de 11 años no pueden cargar fusiles, no pueden andar enfrentándose con ningún grupo de militares, ellos armaron ahí y desde un comienzo supieron que no mataron a Magna Meza (otra líder del EPP) ni a ninguna otra persona mayor. Desde el comienzo supieron que mataron a dos niñas, porque entre 11 años y 20 ya hay mucha diferencia, y entre 11 y 40, que es la edad de Magna Meza, aproximadamente es abismal la diferencia", agregó.

Más tarde, el embajador paraguayo en Argentina, Julio César Vera, informó que las niñas abatidas fueron inscriptas en Clorinda y eran de nacionalidad argentina. Juristas y abogados recordaron que recientemente Paraguay ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y se comprometió a procurar el rescate de los menores que estén en esa situación.

   Otro hecho fuertemente cuestionado desde diversos sectores fue que además de las dos niñas baleadas junto a un número no informado de “combatientes”, en la captura del “campamento más grande del EPP” no fueron abatidos ni capturados ninguno de los “cabecillas” supuestamente buscados por la FTC.

Malos antecedentes

   La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasú, exigió al Poder Ejecutivo que haga públicos “todos los elementos documentales que tenga sobre este caso”, y también “que se abra una investigación seria y exhaustiva”. Recordó hechos anteriores en los que la participación de la FTC dejó “un preocupante manto de dudas”.

   Martínez aseveró que esa fuerza “ha entregado siempre casi nulos resultados, tiene oscuros antecedentes, como la muerte impune y nunca esclarecida del capitán Enrique Piñánez, violaciones a los derechos humanos, y denuncias por actos de corrupción, al punto que un excomandante de este organismo, el general Ramón Benítez, está procesado por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando”.

   Las portadas de la prensa paraguaya, que en la mañana del jueves daban cuenta del “exitoso operativo” informado por el gobierno, en la mañana del viernes reflejaban la “incómoda posición del Ejecutivo” tras la visita presidencial al lugar de los hechos. “Habría que mostrar más resultados antes de cantar victoria contra el EPP” y “Las dudas deben ser debidamente aclaradas a la opinión pública. Principalmente, hay que garantizar mayor seguridad a la población en el Norte”, decían algunos titulares.

Gobierno argentino demanda esclarecimiento e identificación de responsables por la muerte de las menores

   La Cancillería argentina informó este viernes que “las autoridades paraguayas solicitaron nuestra cooperación ante la imposibilidad de identificar a las víctimas” y que “en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad”.

   A continuación, el ministerio de RREE argentino dijo que “se han iniciado los trámites consulares pertinentes para que se aclaren las circunstancias de estos lamentables fallecimientos”, y que rechaza “de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del general Héctor Grau como comandante de la FTC, adjudicando a la Argentina haberse convertido en una guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”. El ministerio también advirtió contra “toda otra manifestación que busque encubrir responsabilidades”.

   El Gobierno argentino protestó formalmente ante las autoridades paraguayas y aseguró que “confía en contar con la colaboración del gobierno paraguayo para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades”.