Federalismo y justicia en una hoja de ruta sin desvíos pese a la emergencia que no cesa
“La hidrovía es un canal de desarrollo para muchas provincias para muchos productores del norte de la patria, ese norte que sistemáticamente fue olvidado” fue una de las expresiones con las que el presidente Alberto Fernández, rodeado de siete gobernadores, dio el paso fundamental de federalizar la administración de la hidrovía Paraná-Paraguay, la autopista fluvial cuyo tránsito es imprescindible, por ejemplo, para que la potencialidad productiva del Chaco abarate el costo del transporte que hoy se hace en camiones y careciendo del enlace ferroviario que habría ofrecido el ramal C3 del Belgrano Cargas que el macrismo suprimió para trazar otro trayecto desde Avia Terai hacia el norte y luego buscar el embudo del puerto de Rosario que hoy tiene 31 unidades de embarque sojero y subproductos en la zona de Timbúes.
La cita en un escenario histórico delas asimetrías las la defensa ante el avance franco británico, con epicentro en la Vuelta de Obligado, hizo posible una reunión separada de los siete gobernadores (entre ellos el bonaerense Kiciloff) para organizar la formación de una junta cuyos objetivos resaltó Capitanich. Es clave superar las asimetrías con Paraguay y asegurar la integración de todo el recorrido de la hidrovía. Prevalece la posibilidad de que el contrato del dragado y balizamiento que cumple 25 de años confiado a la belga Jean de Nul y EMEPA que vence el 21 de abril del año próximo sea prorrogado un año para darle paso a la nueva estructura, a la que ya le salieron al cruce operadores que estuvieron próximos al ministro Dietrich y los intereses del grupo Vicentin, que hablan de una costosa nueva empresa estatal que elevará costos operativos en la navegación. Los elementos de juicio que maneja el equipo del ministro Meoni son distintos y el envión federalista es imparable, del mismo modo que el Chaco, en especial, negocia con Jean de Nul, el dragado permanente del riacho de acceso a Barranqueras, donde se aplicará una tasa de peaje que cubrirá el costo de un servicio con tecnología de punta.
FEDERALISMO JUDICIAL
La reforma judicial ha desatado una confrontación política que vislumbra que la aprobación en el Senado con la mayoría justicialista, tendrá un escollo que puede llevar tiempo en la cámara baja, donde Cambiemos está dispuesto a todo para evitar lo que pregona como un intento de proteger con impunidad a la ex presidente y actual titular de la cámara baja, a pesar de que el texto establece que ningún proceso en marcha será alterado. El Frente de Todos hará valer una propuesta electoral de Alberto Fernández y solo importará lo que se vote y acaso revise entre los diputados donde no tiene mayoría, con una oposición que pretende bloquear el camino que conduzca al procesamiento y detención de Macri, alejado en Suiza, pero orientador de la resistencia más dura con respaldo abierto de medios de comunicación encabezados por los multimedios de Clarín y La Nación.
SISTEMAS SANITARIOS
Más allá de la prioridad de la resistencia la pandemia que no cede en el ámbito metropolitano y en el Gran Buenos Aires, pero que se expande ahora a provincias con situaciones apremiantes para sus sistemas sanitarios limitados y con el capítulo chaqueño donde se nota un achatamiento de la curva de contagios y avanza la desescalada pero sin descuidar todas las prevenciones de un sistema sanitario fortalecido, importa volver sobre la reforma judicial para que sus definiciones no solo pivoteen sobre los jueces macristas de Comodoro Py, sino que la visión federalista no sea una simple declamación.
LA JUSTICIA FEDERAL CHAQUEÑA
Pasaron muchos gobiernos y ninguno resolvió la terminación del edificio situado en el corazón de Resistencia que a medio construir como sede de la justicia federal, se popularizó como “el esqueleto” y fue una nota discordante, mientras la Cámara Federal sumaba medio siglo rentando una propiedad sobre la avenida 25 de mayo y los juzgados 1 y 2 se arreglaban con muchas incomodidades, como las inundaciones de la avenida Belgrano. Mediante un enlace con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Agustin Lugones, el gobernador Capitanich cerró un acuerdo para una ofensiva final que en el 2021 podría concluir esa obra con un desembolso de 190 millones.
Coincidió esa reacción de Lugones con la confirmación de Miguel Martin Innocente como nuevo juez federal de Sáenz Peña, al cabo del concurso respectivo, cubriendo la vacante desde el 21 de agosto de 2015 y con la subrogancia en la última etapa del doctor Miguel Aranda.(En realidad ese juzgado federal fue creado como una gran necesidad pero pasaron 30 años hasta que se hiciera la primera designación).
Nadie olvida el caso de la actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, María C. Denogens, que aprobando el concurso y con el acuerdo del Senado, tuvo designación cajoneada durante casi siete años en la Casa Rosada con mandato kirchnerista. Hoy, ante la jubilación del camarista Aguilar, desde el 30 de abril de 2019 se espera el desenlace de un llamado a concurso sin novedades hace rato. El juzgado federal N°2 de Resistencia, subrogado por el doctor Bosch, está vacante desde el 31 de mayo de 2017. Es notable destacar que desde la jubilación de la doctora Yunes el 1 de marzo de 2014, pasaron seis años sin titularidad en el Tribunal Oral Federal(TOF)y se agregó otra jubilación, de la doctora Ana Order, desde el 13 de marzo de 2017.El TOF de Formosa también tiene una vacante desde el 27 de marzo de 2016.
Hoy está programada la audiencia pública en el Senado para considerar los acuerdos para la doctora Zunilda Nirempeyer, titular del juzgado federal 2, que pasó al N°1,que cumple la función también electoral, por una norma del Consejo de la Magistratura que también incluyó el desplazamiento del juez entrerriano Juan M. Iglesias desde Concepción del Uruguay al TOF de Resistencia, al que se le pide que juzgue la causa Lavado I y está en lista de espera la causa Caballero III.
LA MOROSIDAD PROVINCIAL
Una rápida síntesis sobre la justicia provincial es esta: 1) No hay señales del concurso para cubrir el quinto cargo vacante en el Superior Tribunal, desde el fallecimiento de la doctora María L. Lucas. 2) La causa FAPO que involucra a funcionarios del anterior gobierno provincial que cumplieron largas prisiones preventivas está en manos de la Cámara del Crimen N°3 compuesta por los jueces Virginia Ise, Ernesto Azcona y Susana Gutiérrez que deben llamar al juicio oral solicitado por los fiscales investigadores hace un años y medio. 3) La causa Sameep con cuatro muertos en Puerto Vilelas y dos en Tres Isletas parece descongelada El fiscal de cámara es Sergio Cáceres Olivera y el 13 de agosto declararon como imputados cuatro funcionarios de jerarquía de la empresa, asistidos por sus respectivos abogados. 4) Los juicios por jurado talvez se reanuden en setiembre y el escenario sería el Domo del Centenario por acuerdo con la municipalidad de Resistencia.
Buena memoria del Tribunal de Cuentas sobre el juez Flores
El 9 de agosto se cumplió un año de la medida cautelar dictada por el juez Julián Flores, titular del juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia que excluyó al Tribunal de Cuentas del control de la Fiduciaria del Norte SA. El dato no excedería de una mera efeméride con relación a un strepitus foris de gravedad institucional que ha merecido varios comentarios en estas páginas, sino fuera porque aún se encuentra vigente.
Es más, según fuentes consultadas, a la Cámara de Apelaciones. A un año de dictada esa medida cautelar y habiendo la sala segunda de la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones de Resistencia revocado la sentencia de la acción principal de Flores, lo cierto es que la medida subsiste. Se interpreta que puede atribuirse a la influencia de más de un factor que subsista este verdadero despropósito de la administración capital estatal provincial y provincial de justicia. Pero el detalle de procedimiento más grosero revela que el juez Flores a más de un año de su resolución, recién el 28 de agosto envió el legajo a la Cámara de Apelaciones.
Pero el Tribunal de Cuentas califica de aporte a la morosidad en que incurre el mismísimo Superior Tribunal de Justicia que tiene en sus manos la decisión final en sus manos desde el 28 de mayo del corriente año, tratándose del recurso extraordinario interpuesto por la Fiduciaria del Norte SA. La demora no parece ser extraña al ritmo de las definiciones gravitantes de la justicia chaqueña, pero ocurre que la causa se tramitó por un proceso urgentísimo y que su efecto no ha provocado otra cosa que dejar sin control de cuentas a una sociedad que se integra con el 99 por ciento de capital estatal y mediante la cual se gestiona casi un 40 por ciento de del presupuesto provincial. En la apreciación del Tribunal de Cuentas la morosidad tiene ribetes alarmantes y se podría acotar que del directorio de la gestión anterior solo continúa el representante privado, por otro lado, y una integrante por el capital oficial fue promovida a la presidencia de la empresa Colono SA.
