La construcción de la mejor justicia posible
La reforma de la Justicia federal que impulsa el Poder Ejecutivo nacional ha generado, como era de esperar en una materia tan delicada, todo tipo de reacciones. La iniciativa, que avanza en el Senado, dio lugar a reflexiones y, por supuesto, despertó voces a favor y en contra de la idea de la reforma, aunque la mayoría coincide en la necesidad de introducir cambios para lograr, en el contexto actual, el mejor sistema de justicia posible.
Como ocurre con los temas trascendentales para la sociedad, desde distintos sectores se expresaron opiniones sobre el sistema de justicia federal que la Argentina merece, lo que es saludable para la vida democrática de la comunidad. Una de las voces que vale destacar es la del obispo de San Francisco, Córdoba, monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, quien consideró que las consultas en relación al delicado tema que se trata “deberían ser amplias, los diálogos francos y los procedimientos muy transparentes”. El prelado, además, planteó que la discusión en el Congreso sobre la reforma judicial debería ser “un debate parlamentario de altura, acompañado por una sociedad interesada y crítica”. “Una victoria de un sector sobre otros sería, en esta cuestión, una derrota de todos”, observó el obispo de San Francisco, para señalar luego que “una mejora sustancial de la justicia es un viejo anhelo de la sociedad argentina”. En ese sentido, recordó que la cuestión fue precisamente uno de los temas de fondo que, en medio de la gran crisis 2001-2002, abordó el “Diálogo Argentino”, un espacio que fue creado para que representantes de los distintos sectores de la sociedad expusieran sus puntos de vista con el objetivo de llegar a acuerdos y coincidencias básicas, en una ardua tarea que contó con la ayuda de la Iglesia Católica y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El Diálogo Argentino mostró que, en un momento crítico de fuertes tensiones, los argentinos pudimos pensar juntos el futuro común”, dijo monseñor Buenanueva, quien se mostró a favor de que los fieles católicos tomen “parte activa en la edificación de la mejor justicia posible”, tras aclarar que si bien los pastores no pueden abordar las cuestiones formales y técnicas; en cambio les compete “alentar el compromiso laical, sobre todo, de quienes poseen ciencia y competencia en esta materia”.
Sobre la oportunidad del debate y de esta iniciativa del Ejecutivo para reformar la Justicia federal, el prelado dijo que “es cierto que nunca tendremos escenarios ideales”, pero invitó a preguntarse “si están dadas, al menos, las condiciones suficientes”. “Somos además una sociedad con fuertes tensiones internas. Nos cuestan el diálogo y los consensos. Y, cuando se dan, resulta difícil sostenerlos en el tiempo”, reflexionó. No se equivoca Buenanueva y acaso sea esa poca predisposición para llegar a acuerdos de largo plazo uno de los problemas más serios que debe resolver la sociedad argentina.
“En materia tan sensible lo óptimo sería el acuerdo más amplio posible. Lo cierto es que el proyecto de reforma está sobre la mesa. Las consultas deberían ser amplias, los diálogos francos y los procedimientos muy transparentes”, remarca el obispo de San Francisco, para advertir también que “si a este aspecto añadimos la preocupación bien concreta por la impunidad de la corrupción, el anhelo ciudadano de una justicia independiente, efectiva y despolitizada, se añaden nuevas y fundadas razones para estar atentos”.
“La sospecha de que esta iniciativa busca nuevas impunidades para viejos vicios de la política merece ser atendida. Sin instituciones republicanas sólidas, la arbitrariedad hace cada vez más difícil erradicar el mal de la corrupción. Así, la pendiente hacia la pobreza se vuelve más empinada, como lamentablemente venimos experimentando los argentinos” concluye monseñor Buenanueva.
La reforma, en definitiva, debe dar un marco de certidumbre y transparencia al Poder Judicial y crear las condiciones para que los nuevos jueces sean elegidos por su idoneidad. De lo que se trata es de sentar las bases para edificar una justicia independiente e imparcial, que asegure el respeto de los derechos y garantías constitucionales.
