Asegurar una efectiva protección de la infancia
La crisis causada por la pandemia del coronavirus y sus condiciones de confinamiento afectó la vida cotidiana de los niños y las niñas en todos los rincones del país. Pero es en los hogares más vulnerables donde los chicos sufren más.
Por eso, en el reciente informe que brindó la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación ante legisladores de la Comisión Bicameral del Congreso, la titular del organismo Marisa Graham remarcó la necesidad de proteger a la infancia, especialmente a los grupos que antes de la pandemia ya venían padeciendo los rigores de la crisis económica.
Graham asumió al frente de la Defensoría en marzo pasado, pocos días antes del inicio de la cuarentena en el país.
En la reunión virtual que mantuvo con legisladores, la primera desde que asumió el cargo, habló de “diseñar una institución del siglo XXI moderna, capaz de afrontar las distintas funciones, de asumir en un país de estructura federal; asumir lo nacional, pero coordinar, converger con los cinco defensores provinciales que nos preceden, y con la idea de potenciar a estos pares provinciales a nivel nacional”.
Tiene por delante un desafío enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que el organismo recién se puso en marcha este año, luego de una demora de casi 15 años en designar a la titular, ya que la ley nacional 26.061 de Protección integral de niños, niñas y adolescentes, que había sido sancionada en el año 2005, fijaba un plazo de 90 días para designar un responsable en ese cargo.
Otra cuestión que deben resolver las nuevas autoridades de este organismo nacional es la de asegurar que su labor tenga alcance en todo el país y no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área de influencia. Eso es lo que la propia defensora reconoció al señalar ante los legisladores la importancia de promover una Defensoría con carácter federal.
En ese sentido dijo que se trabará en el objetivo para que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcancen a tener una institución como la que preside. Adelantó que esa es la aspiración que tiene su gestión y que espera cumplirla en los cinco años que tiene de mandato, con acciones que apunten a incidir en las políticas públicas que impacten en la infancia.
Cabe recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto tratado internacional de las Naciones Unidas, reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho y reafirma el compromiso y la responsabilidad indelegable del Estado en la cuestión.
Este tratado, además, remarca que los chicos tienen los mismos derechos que los adultos y destaca aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. En nuestro país, ese instrumento se ha incorporado a la Constitución Nacional y tiene su plena recepción con la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 26.061.
Es importante destacar que las niñas, niños y adolescentes poseen una situación particular de vulnerabilidad, basada en la dependencia necesaria de un adulto para su desarrollo. Por esa razón, el entorno familiar tiene un rol clave en el cuidado, ya sea a través de los padres o de los adultos que tienen a su cargo los chicos. En la medida en que las sociedades comprendan la enorme importancia que tiene que se cuide a las familias se estará contribuyendo a garantizar el bienestar físico, psíquico y mental de los niños, niñas y adolescentes.
En nuestro país muchos niños viven en condiciones difíciles, compartiendo viviendas pequeñas con muchos adultos.
Según datos del Indec, en el último trimestre del año pasado 1.315.000 personas en todo el país vivían en hogares donde se compartía una misma habitación con tres personas o más, lo que es considerado una situación de hacinamiento crítico. Otro dato por tener en cuenta es el que revela que en nuestro país cerca del 70 por ciento de los casos de abuso sexual contra niños y niñas se produce dentro de los hogares donde viven.
La comunidad en su conjunto y el Estado deben redoblar los esfuerzos para revertir esta situación y garantizar una efectiva protección de los derechos de los más pequeños.
