Promover derechos de mujeres rurales
Las mujeres rurales generan más de la mitad de la producción de alimentos, desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad y garantizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de alimentos saludables. Sin embargo, la mayoría de ellas viven en situación de desigualdad social, política y económica. Así lo advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y por eso lanzó la campaña “Mujeres rurales, mujeres con derechos” con el objetivo de promover la igualdad de género en el mundo rural.
En el marco de esa campaña, esta semana la primera dama Fabiola Yáñez recibió en la Quinta de Olivos al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, con el fin de acordar una agenda de políticas públicas que promuevan los derechos de las mujeres que trabajan en el campo. Cabe recordar que la campaña que impulsa la FAO tiene el apoyo de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA), una iniciativa que nació en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene como objetivo sumar esfuerzos en torno a causas complejas y delicadas de protección social de la ciudadanía, en coordinación intercambio y experiencias regionales. A su vez, la campaña conjunta “Mujeres rurales, mujeres con derechos”, se propone visibilizar el rol productivo y social de las mujeres en los sistemas alimentarios en los países de América Latina y el Caribe y, en el actual contexto de pandemia, redoblar los esfuerzos para avanzar con políticas de equidad de género y que permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres que viven en zonas rurales.
Según datos del Censo Agropecuario 2018 realizado por el Indec, un 20% de los establecimientos es conducido por mujeres, mientras que en el censo de 2002 el porcentaje era del 10%, esto quiere decir que las explotaciones agropecuarias bajo la responsabilidad de mujeres se duplicaron en el período que abarcó ambos relevamientos.
En la reunión que se realizó en la Quinta de Olivos, convocada por la primera dama Fabiola Yáñez, también participaron la presidenta del INTA, Susana Mirassou, y la titular del Gabinete de Asesores de Agricultura de la Nación, Diana Guillén, quienes aportaron propuestas para diseñar políticas públicas con perspectiva de género que reconozcan y acompañen el trabajo que realizan las mujeres en el campo, con el objetivo de instalar la problemática en la agenda nacional.
Para la FAO, el concepto de mujer rural incluye “tanto a las mujeres que se dedican a trabajos agrícolas como aquellas que se ven obligadas a migrar a zonas rurales y a dedicar sus vidas a empleos rurales no agrícolas”, ya que todas ellas se ven excluidas de diversas oportunidades y servicios. Según el organismo internacional, los principales obstáculos que enfrenta la mayoría de estas mujeres están relacionados con el acceso a la tierra, al agua, al crédito, a los servicios de extensión, y capacitación y a la asistencia técnica.
Un reciente informe de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe advierte que “la invisibilidad de la vida productiva y reproductiva de las mujeres rurales oculta información”. En ese sentido, el organismo plantea que no está claro cuando empiezan las tareas de la casa y la familia y cuando termina el trabajo que demanda alimentar a los animales, lo que repercute en una intensificación de la carga de trabajo de las mujeres en una doble y triple jornada que implica una inversión de tiempo y energía excesivos. Se observa, además, que aunque tienen una participación significativa en las economías locales, el trabajo de las mujeres rurales es invisibilizado en las encuestas y los censos nacionales y agropecuarios, así como en sus propias comunidades. Además, como se dijo, reciben una doble carga laboral, siendo responsables del trabajo no remunerado como la educación de los hijos, el cuidado de los más pequeños y mayores, su alimentación o el aprovisionamiento del agua y la leña. Por otra parte, la FAO advierte también que uno de los grandes problemas que enfrentan las mujeres rurales es la falta de autonomía: son vulnerables a la violencia de género, tienen dificultades para generar ingresos propios y cuentan con una escasa participación en la toma de las decisiones que afectan a sus vidas y comunidades. Por todo esto, es necesario impulsar políticas públicas que permitan cerrar las brechas de género, garantizar la igualdad de acceso a recursos productivos y mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales.
