Los “sótanos de la democracia”
Las prácticas de espionaje ilegal a políticos, religiosos, empresarios, dirigentes de organizaciones sindicales y periodistas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri volvió a poner en debate uno de los temas claves para la salud de la democracia: la necesidad de avanzar con una reforma de los servicios de inteligencia.
En esa línea se inscribe la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de conformar una comisión que deberá proponer una reforma de la Ley N°25.520 de Inteligencia Nacional, su modificatoria (ley nacional N°27.126) y los decretos 1311 y 2415, que constituyen el cuerpo normativo del Sistema de Inteligencia Nacional. En rigor, la decisión de llevar a cabo una reestructuración de la Agencia Federal de Inteligencia ya había sido anunciada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa de diciembre pasado. Allí, el flamante mandatario adelantó las medidas que tenía la agenda de su gestión y, entre ellas, destacó la decisión de impulsar una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado, y cerró este capítulo de anuncios prometiendo “nunca más a los sótanos de la democracia”. A fines de mayo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, para ultimar los detalles de la convocatoria a la Comisión para la Reforma de la Ley de Inteligencia. Según se informó, Caamaño deberá presentar al Ejecutivo nacional un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Sistema de Inteligencia Nacional en el plazo de 120 días. En una resolución de la interventora se estableció que la nueva estructura deberá ser “compatible con el Estado democrático de derecho y los Derechos Humanos, dentro del que se podrá repensar entre otros: la composición del sistema de Inteligencia nacional; la planificación y el control de sus actividades; las facultades, obligaciones y prohibiciones de los organismos y sus funcionarios; las reglas para el ingreso, formación y capacitación del personal. También la “planificación, transparencia y fiscalización presupuestaria; la reunión, análisis y gestión de la información, así como también los márgenes vinculados a la publicidad y el derecho a su acceso; y la incorporación de una mirada transversal de género”.
El escándalo de las maniobras de espionaje ilegal estalló en un momento en el que el presidente tiene una alta imagen positiva, según sondeos que se realizaron en los principales conglomerados urbanos del país para medir esa variable y que arrojan hasta un 70 por ciento de opiniones favorables, algo que ningún presidente dejaría de aprovechar en su primer año de gestión. Por otra parte, las revelaciones sobre el caso Dalessio dejaron al descubierto redes de espionaje ilegal, financiadas con fondos reservados del Estado, que se mezclaron (en un mismo lodo, como diría el genial Enrique Santos Discépolo) con intereses y negocios privados, todo operando bajo las sombras, lejos del control político y ciudadano. En los últimos años se publicó abundante bibliografía sobre lo peor del submundo del espionaje argentino y cualquier lector curioso puede encontrar allí datos que, desde distintas fuentes, confirman la necesidad de resolver la crisis del sistema de inteligencia. En ese sentido, la fundación Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia -cuyos representantes fueron convocados a participar de la comisión de reforma de la ley de Inteligencia- plantea que la Argentina se encuentra en un punto en el cual este problema afecta el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho “con un nivel de gravedad institucional que obliga a acciones políticas de magnitud”. Y propone que políticos, especialistas, dirigentes sociales, organizaciones, académicos y periodistas se pongan de acuerdo en que es necesario refundar el sistema de inteligencia y promover una transformación democrática. “Es importante un nuevo marco regulatorio pero esta propuesta de refundación no se agota en una reforma legal”, plantea la fundación, a la vez que convoca a poner en marcha un proceso de cambio normativo, organizativo y de prácticas que requiere voluntad política y consensos sociales relacionados con las problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior de la Nación.
De lo que se trata es de lograr consensos para que el Estado de Derecho prevalezca frente a las amenazas de grupos vinculados a viejas prácticas del sistema de inteligencia y que volvieron a salir a la luz con la información que ahora se conoce sobre seguimientos que hacía la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri.
