Los policías acusados de vejaciones y allanamiento ilegal no declararon

El oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera se negaron a declarar en el día de ayer, acusados de vejaciones en concurso real con allanamiento ilegal, dijo una fuente de la investigación a NORTE. 

Los imputados debieron designar a su abogado y luego de conocer los hechos que se les atribuye contra una familia qom en el barrio Banderas Argentinas, se abstuvieron a declarar.

Los cuatro policías son de la comisaría Tercera de Fontana -que antes de ser requeridos- fueron apartados por el gobierno provincial.

Los policías debieron dirigirse ante el fiscal coordinador “C” Sergio Cáceres Olivera que encabeza la investigación y la fiscal subrogante de la fiscalía especial penal de Derechos Humanos, Liliana Beatriz Irala.

Los imputados fueron apresados el martes por la tarde, una vez que Cáceres Olivera accedió a las pruebas y además al video que NORTE pudo publicar el día que los efectivos entraron irregularmente en el domicilio de la familia originaria, que es una de las pruebas fundamentales que para el Ministerio Públcio incrimina a Foschiatti, Benítez, Flores y Cabrera.

Los individuos entraron armados en el domicilio, irrumpieron sin orden de allanamiento y golpearon a los ocupantes del inmuebe del barrio Bandeas Argentinas: en todo momento la madre de uno de los agredidos, a los gritos, pedía que dejaran de castigarlos y que no rompan la propiedad (tiraron a patadas una puerta), ya que en la casa había menores.

Las víctimas, dos varones y dos mujeres, según la instrucción fiscal, sufrieron vejaciones en la comisaría, además las mujeres contaron que fueron abusadas y amenazadas de ser rociadas con alcohol y luego prendidas fuego.

El delito que por el momento afrontan el oficial, dos suboficiales y un agente es excarcelable, por lo que ayer cumplieron con la abstención de declarar como imputados. Así se supone que la defensa, sabiendo que no quedarán con prisión preventiva, adoptó técnicamente dicha estrategia, para que lo antes posible los acusados logren la libertad.

Se sabe que la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco se constituyó como querellante en la causa: impulsó las detenciones ante los fiscales y plantearon de antemano que se les dicte la prisión preventiva.

Habrá que esperar que las dos mujeres estén en condiciones de declarar una vez que superen el tratamiento y abordaje que les está otorgando la Secretaría, esperar a que las profesionales que asisten a ambas víctimas den luz verde a los fiscales Cáceres Olivera e Irala para oír el testimonio de las dos chicas que denuncian haber sido manoseadas por los policías cuando las llevaron hasta la seccional tercera.

“Lo que buscamos con una restricción de la libertad es que los sospechosos no ejerzan amedrentamiento o presión sobre testigos o víctimas, y entonces- añadió Cáceres Olivera- cumplido ese proceso, tal vez queden en libertad”, había dicho el martes a NORTE.

“Estamos garantizando un abordaje jurídico con perspectiva de derechos humanos y de género, por ello la querella del Estado es clave para terminar con la impunidad y garantizar justicia a las víctimas”, manifestó la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, acompañada por el abogado de la secretaría Kevin Nielsen , tras conocerse la decisión de la justicia chaqueña de detener e indagar a los cuatro policías.