La intervención de la empresa Vicentin
La decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de ley de expropiación para garantizar que el grupo cerealero siga operando generó, como era de esperar, adhesiones y rechazos. Se trata de una de las medidas más fuertes y controversiales que adoptó el presidente Alberto Fernández en sus casi siete meses de gestión y que, en este caso, involucra a una compañía clave en la producción de alimentos en el país.
Una de las primeras voces que se escucharon a favor de la intervención fue la del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien aseguró que la medida se tomó para “resguardar los intereses de todos los santafesinos”. El mandatario dijo, además, que las dificultades que venía afrontando la firma con un concurso con una deuda millonaria había generado una enorme preocupación en muchos productores santafesinos que son acreedores de Vicentin. En rigor, la inquietud por el futuro de la firma también está presente en Entre Ríos y Córdoba, las otras provincias de la zona núcleo donde muchos pequeños y medianos productores también tienen algún tipo de relación comercial, directa o indirectamente, con la actividad de un grupo empresario de esta envergadura que ocupa un lugar estratégico en la producción de alimentos, con fuerte presencia en el comercio de granos y negocios en la producción textil, miel y carnes, entre otros rubros de la alimentación.
¿Cuáles son las razones por las que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, haría una puesta tan fuerte con la empresa Vicentin, aún a riesgo de que se lo acuse de promover una intromisión del Estado en el ámbito privado? La clave estaría en la respuesta que ofreció el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, cuando fue consultado por la medida. El funcionario dijo que Vicentin puede ser conducida de una manera adecuada para influir en los mercados de granos y en el tipo de cambio. Remarcó, además, que es una empresa que está en cesación de pagos desde diciembre, “dejando a un verdadero tendal de productores que no cobran”, con una deuda de 18.500 millones de pesos con el Banco Nación, con lo cual compromete la capacidad prestable de esa entidad financiera. Dijo también que la compañía tiene capacidad para “fijar pautas de mercado, dar previsibilidad, y así evitar la volatilidad que tienen estos mercados y la especulación”.
Por supuesto que las críticas desde la oposición no se hicieron esperar. Uno de los primeros dirigentes del arco político opositor que levantó su voz fue el ex senador del macrismo, Federico Pinedo, quien sostuvo que “intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica”.
Por su parte, a través de un comunicado que lleva las firmas de dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, se calificó a la intervención como “peligrosa, ilegal e inconstitucional”, y se aseguró que la expropiación de la cerealera puede ser el primer paso para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos. Como respuesta a estas criticas, desde el oficialismo surgieron voces que recordaron que Vicentín fue uno de los principales aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, con una donación de casi 13,5 millones de pesos y que por eso se explica también que el Banco Nación durante la gestión de Javier González Fraga siguiera prestando dinero a la empresa Vicentín cuando ya había ingresado en cesación de pagos y a pesar de no cumplir con los requisitos que se exigen para recibir ese beneficio, tal como se señala en el informe que elaboró el economista y actual director de la entidad bancaria, Claudio Lozano, para dar cuenta de las medidas tomadas por González Fraga para ayudar al grupo Vicentin.
Ahora todas las miradas se dirigen al Congreso, que es donde se tratará la ley de expropiación de una empresa que es clave para un sector de la economía y las exportaciones. Se trata de un nuevo capítulo en el largo y zigzagueante camino que viene recorriendo la Argentina desde hace varias décadas para integrarse al mercado mundial como gran productor y exportador de productos agropecuarios.
