Garantizar derechos de los más vulnerables
El Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas alertó esta semana sobre los graves efectos económicos y sociales que la pandemia de Covid-19 está provocando en todos los países de la región. Ante ese preocupante escenario, este espacio institucional que coordina la obra asistencial de la Iglesia Católica hizo un llamado a los gobiernos latinoamericanos para que pongan en marcha políticas públicas que garanticen los derechos de las familias más vulnerables de la población.
A través de un comunicado, las Cáritas del continente instaron a las autoridades a “asumir una actitud solidaria y eficiente para garantizar la sobrevivencia y la dignidad de nuestros pueblos, especialmente a los más desprotegidos, a través de políticas públicas y acciones que se enfoquen en salvaguardar como interés prioritario la dignidad humana y el bien común”.
A partir de un profundo análisis de la compleja realidad que vive la región, la entidad hace referencia también a las medidas de aislamiento obligatorio que se pusieron en marcha en los distintos países para evitar una mayor propagación del virus. En ese sentido, se observa que el impacto de las medidas necesarias para la contención del contagio tuvo otros efectos colaterales, como es el hecho de que muchas familias vieron agravada su situación de vulnerabilidad por no tener sus necesidades básicas atendidas.
Se trata, por cierto, de un problema estructural que sufren los países de la región y que se agravó con la pandemia. En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de principios de este año ya se advertía que pese a los avances económicos y sociales logrados en los primeros lustros de este siglo, América latina todavía es la región más desigual del planeta. No la más pobre, pero sí la más desigual. El mismo organismo señalaba en el mismo documento que en la región la incidencia de la pobreza es mayor en zonas rurales, y afecta en mayor proporción a integrantes de comunidades originarias. La Cepal cita como ejemplo el caso de Chile, donde una mujer en un barrio pobre de Santiago tiene una esperanza de vida 18 años menor que otra que tuvo la suerte de nacer en una zona más acomodada de la misma ciudad.
Volviendo al comunicado emitido por el Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas, se remarca que uno de los grandes desafíos de la grave crisis actual que afecta a los más pobres y vulnerables es garantizar alimentos de calidad para la población, y todos aquellos otros servicios que dan calidad de vida, como agua potable, luz eléctrica, educación y medicamentos. Esta observación merece una especial atención, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que está teniendo la pandemia de coronavirus en los barrios más humildes del país donde se registra una mayor circulación del virus.
La entidad señala, por otra parte, que las soluciones a muchos de estos problemas deben venir de la mano de políticas económicas que están al servicio de las personas. Para ello, advierte, es necesario que los gobiernos de América latina y el Caribe, que “están priorizando salvar algunos sectores dominantes vinculados con los mercados financieros, a través de la ampliación de períodos de gracia, disminución de tasas de interés, reprogramaciones de deudas, o adquiriendo nuevas deudas”, incluyan también las necesidades de las personas más vulnerables.
“Es el momento para que el Estado asuma una actitud solidaria y eficiente para garantizar la sobrevivencia y la dignidad de nuestros pueblos, especialmente a los más desprotegidos, a través de políticas públicas y acciones que dejen atrás negociaciones partidistas y electorales, y se enfoquen en salvaguardar como interés prioritario la dignidad humana y el bien común”, agrega el comunicado del Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas, que no debería ser ignorado por quienes tienen incidencia directa en el diseño de políticas públicas en nuestro país.
El comunicado de las Cáritas es muy claro cuando plantea que “los gobiernos deben diseñar y ejecutar acciones más efectivas que ayuden a solventar los problemas de salud, alimentación, transporte, fuentes de empleo e infraestructura sanitaria”. Y también cuando observa que la cuarentena y el confinamiento no solo deben ser factores de protección para la salud, sino también de protección de los derechos humanos y el derecho al trabajo con una remuneración digna.
