Una crisis que demanda respuestas a gran escala
En un reciente informe sobre los efectos sociales y económicos que, a nivel global, tendrá la pandemia del nuevo coronavirus, la Organización de Naciones Unidas advierte que la respuesta a la crisis debe ser en gran escala, coordinada y amplia. Plantea, además, que los países más industrializados deben ser más solidarios con las comunidades y naciones más vulnerables.
El desafío no es menor. La organización internacional Oxfam estimó que las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus podrían empujar a 500 millones de personas más a la pobreza en todo el mundo si no se adoptan medidas urgentes para rescatar a los países en desarrollo. Frente a semejante amenaza, esta organización humanitaria que lleva ayuda a las familias vulnerables de los países más pobres pidió a los líderes mundiales que acuerden un plan de rescate económico universal para mantener a los países y comunidades menos desarrolladas a flote. En el documento que lleva por título “Elijamos dignidad, no indigencia”, publicado por Oxfam, se exhiben los resultados de un reciente estudio analítico que estima que el freno impuesto a la mayoría de las actividades económicas en todo el mundo para controlar la propagación del virus podría llevar a la pobreza a entre el seis y el ocho por ciento de la población mundial. Es decir que más de la mitad de la población del planeta podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia. Además, se advierte que las trabajadoras y trabajadores más pobres tanto en países ricos como en pobres tienen menos probabilidades de tener un empleo formal, acceder a prestaciones y beneficios laborales como la licencia por enfermedad o poder trabajar desde sus hogares.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas remarca la necesidad de centrar los esfuerzos para atender los dramas sociales y económicos de esta crisis en los sectores de la población más afectados: las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes, los trabajadores con salarios bajos, y las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, la ONU propone diseñar políticas fiscales y monetarias capaces de apoyar la provisión directa de recursos para apoyar a los trabajadores y los hogares, la provisión de seguros de salud y de desempleo, el aumento de la protección social y el apoyo a las empresas para evitar las quiebras y las pérdidas masivas de puestos de trabajo.
La Argentina, por supuesto, no es la excepción en esta nueva y compleja realidad que plantea múltiples interrogantes y que necesita de propuestas que vayan más allá del falso dilema entre salud o economía. Según la última Encuesta Permanente de Hogares, en el país hay 11,7 millones de trabajadores activos, pero solo poco más de 3 millones de ellos podrían continuar con sus trabajos desde el hogar en esta emergencia. Por otra parte, más de 8 millones de personas que integran la fuerza laboral en nuestro país no pueden trasladar sus tareas al mundo digital, mientras que solo el 3 por ciento de las empresas tienen capacidad para dar respuestas a sus necesidades laborales con teletrabajo. ¿Qué significa esto? Como bien lo señala el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, esto quiere decir que a pesar de que la pandemia parece redefinir las modalidades de empleo, muchos de los sectores en el país no están preparados para el teletrabajo. Además, debe tenerse en cuenta que esta crisis sanitaria llegó a la Argentina en un momento en el que el país intentaba dar los primeros pasos para salir de una economía en recesión y con serios desequilibrios económicos y con pocos márgenes de maniobra en lo relacionado con lo fiscal y financiamiento.
Es necesario construir estabilidad para poder superar de la mejor manera posible esta difícil coyuntura. El diálogo debe prevalecer por encima de los oportunismos de quienes no alcanzan a dimensionar la magnitud del problema. El proceso de recuperación de esta crisis, que demanda respuestas a gran escala, debe servir para construir relaciones sociales y económicas más justas. La dirigencia que representa a los distintos sectores de la comunidad debe comprender que se está ante una emergencia que no tiene precedentes y que, por lo tanto, las respuestas deben estar a la altura de las circunstancias, es decir ayudando a articular los intereses parciales, siempre en función del bien de toda la sociedad.
